Universidad Abierta

IMPORTANTE: Se autoriza la reproducción de este texto para fines no comerciales, agradecemos citar la fuente

LA NULIDAD POR CAUSA DE ILICITUD EN LA FINALIDAD DEL ACTO.

DIFERENCIAS CON LA ACCIÓN PAULIANA.

GUADALUPE SOLAIS ÁLVAREZ.

INTRODUCCIÓN Y PARTE GENERAL.

INDIVIDUO Y SOCIEDAD.- La naturaleza del hombre, sus propios instintos y, fundamentalmente, sus limitaciones personales, hacen evidente que éste necesita de la vida social como condición necesaria de su conservación, desarrollo físico y cumplimiento de sus tareas intelectivas y morales.

En ninguna etapa de la vida de la humanidad el hombre ha vivido aislado de los demás hombres, la vida en comunidad siempre se ha impuesto.

El individuo tiene a través de su existencia varias finalidades que cumplir; desde la conservación propia de su vida hasta la realización de su perfeccionamiento moral. El hombre ser comunitario no puede a menos que se decida a perder sus propias características prescindir del concurso y apoyo de los otros hombres, la sociedad es un hecho necesario y natural; ni la ciencia; ni la pura reflexión sugieren al hombre aislado del hombre, este es un ser sociable por excelencia.

La sociedad humana “ es la unión de una pluralidad de hombres que unan sus esfuerzos de un modo estable para la realización de fines individuales y comunes; dichos fines no son otros que la consecución del bien propio y del bien común.

A lo anterior podemos decir que dondequiera que la vida social existe, las relaciones de la misma tienden a definirse y organizarse, surgiendo en esta forma el Derecho, que es un elemento organizador de lo social. Si la vida social se extiende y alcanza nuevas etapas, el Derecho la acompaña y organiza.

LAS RELACIONES SOCIALES Y SUS NORMAS.- La vida social se encuentra regida y gobernada por una serie de mandatos encaminados directamente a regir la conducta de los individuos cuando estos actúan como miembros del agrupamiento social, por tanto la conducta individual esta sometida a imperativos o mandatos, a los que los individuos no pueden sustraerse a menos de incurrir en una sanción. Las normas de conducta nacen generalmente como consecuencia de la vida social y son de diversa naturaleza, según la especie de relaciones que rijan.

Dichas normas pueden ser; técnicas, de etiqueta, jurídicas, morales, religiosas, etc. para los efectos de nuestro trabajo nos limitaremos a describir lo que son las normas morales y buenas costumbres, así como las normas jurídicas.

LAS NORMAS JURÍDICAS.- Podemos imaginar al Derecho como un conjunto de normas( mandatos) que se aplican exclusivamente a las reacciones del hombre que vive en sociedad. El hombre al relacionarse con sus semejantes debe observar para con ellos determinada conducta; dicha conducta es regulada por las normas jurídicas, las cuales contienen siempre mandatos o disposiciones de orden general que determinan lo que debe ser; son estas en otras palabras mandamientos dirigidos a los individuos. Estas normas jurídicas constituyen un elemento superior de orden que evita los conflictos, fijan los limites de la conducta individual y concilian los intereses antagónicos.

Una vez analizada brevemente la conducta que deben tener los individuos en sociedad, y bajo el régimen del respeto a las leyes, se dan infinidad de casos en que los individuos o sujetos de derechos y obligaciones actúan en forma contraria a la ley, efectuando actos que tienen investidura de lícitos, ( hasta en tanto se declara su nulidad) pero que en el fondo son Ilícitos por la finalidad para la que fueron creados y por los vicios que contienen, causando con esto un perjuicio determinado, ya que contravienen el Orden Publico en su caso así como la Moral y Buenas Costumbres, por otra parte también existen actos en los cuales una persona o grupo de personas tratan de evadir la ley y la responsabilidad que ante ella tienen causando actos fraudulentos, en perjuicio de sus acreedores ,actos en los cuales no se privan los efectos por vicios en su celebración, sino por sus efectos defraudatorios, en mérito de lo anterior en este trabajo se trata de hacer un análisis de las diferencias que existen entre la Nulidad derivada de la ilicitud en el fin perseguido, y la acción revocatoria conocida como acción Pauliana, que se encarga de estudiar el fraude de acreedores.

LA ILICITUD EN EL OBJETO MOTIVO O FIN.

La Ley exige que el objeto, motivo o fin del acto sean lícitos, así lo establece la Fracción III, del artículo 1682 del Código Civil Vigente para el Estado de Baja California.

Objeto.- es el contenido de la conducta del deudor aquello a que se obliga.

Motivo o Fin.- es el propósito que induce a la celebración, el porque de la obligación.

Por tanto para descubrir el objeto del contrato bastara inquirir ¿ a que se obligo el deudor?, y para averiguar el motivo o fin se deberá preguntar ¿ por que se obligo el deudor?

En este orden de ideas se puede deducir que para que un contrato sea valido, es indispensable que, tanto a lo que se obligo el deudor, así como el porque de su proceder sean LÍCITOS, es decir no contrarios a lo dispuesto por las Leyes de interés público, ( que no quebranten una prohibición o un mandamiento legal), el contenido de las cláusulas contractuales y el propósito de las mismas debe respetar las normas legales pues en su acatamiento se sustentan el orden Jurídico y la paz social; por ello un contrato que contradiga lo establecido por la ley no tiene validez y será Nulo.

NOCIÓN DE LICITUD.-

El articulo 1717 del Código Civil de Baja California, dispone “ es ilícito el hecho que es contrario a las Leyes de orden público o a las buenas costumbres”, conforme al derecho los particulares tienen la facultad de crear actos jurídicos y reglara con ellos su propia conducta, así como pueden modificar su esfera jurídico- económica gozando de cierta libertad de acción, debido al ejercicio de su voluntad autónoma, pero esta autonomía de la voluntad tiene un limite establecido por la ley, que es el Orden Jurídico, pues el objeto de los contratos y EL FIN, que induce a su celebración así como las condiciones que en ellos se impongan, no deben contravenir los dispositivos legales.

Por lo tanto cuando los individuos suscriban o den creación a un acto jurídico que se oponga a lo prescrito por la norma general obligatoria, dicho acto no surtirá efecto alguno porque nunca puede prevalecer sobre el mandato de la Ley. Así cuando se confronta el acto jurídico y la ley de interés público, siempre sobresale esta, pues esta confrontación se resuelve en el sentido de negar efectos al acto jurídico, al cual se califica de Ilícito, por ser contrario a las normas de orden publico o de las buenas costumbres, siendo esta cuestión de observancia obligatoria para los particulares por prescripción legal.

En otros términos; el individuo no debe hacer mal uso de sus libertada de contratar ejerciéndola en sentido opuesto a establecido por la norma de Derecho; pues tanto las prestaciones creadas en el contrato como el fin que induce a la celebración del mismo. deben ser congruentes con la norma jurídica, y cuando son incompatibles, o con contenido antijurídico, el contrato es invalido.

El orden jurídico en ningún momento protege a la conducta que viole una ley prohibitiva, o imperativa; por el contrario este orden jurídico la rechaza y reprime del mismo. por lo que esta razón evidente es la que explica y confiere sentido lógico a la sanción de Nulidad que se sigue a todo contrato con un objeto y motivo o FIN ilícitos; “ Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos ”dice el artículo 8 del Código Civil para Baja California, “ El fin o motivo determinante de la voluntad de quienes contratan tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público o las buenas costumbres” dispone el artículo 1718 del citado ordenamiento legal.

LAS BUENAS COSTUMBRES.

Con la expresión “ Buenas Costumbres” se entiende el concepto de moralidad de una comunidad, en un tiempo y un espacio determinados. Es lo que el consenso general de los habitantes de una sociedad humana determinada juzga moral. No se trata de la moral individual, sino de l amoral social. No es tampoco la de cierto credo religioso, sino la conciencia que predomina como el común denominador. Por tanto es contraria a las buenas costumbres toda conducta que la opinión prevaleciente repruebe como inmoral, la que es ofensiva contra el sentido público de la moralidad y que por ello suscita

reprobación; de ahí que se trate de una idea que varia de un lugar y de una época a otros. Para ser lícitos, los actos jurídicos deben ser congruentes con las buenas costumbres.

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

En la Legislación Civil para el estado de Baja California existen diversas disposiciones que establecen sanciones para los actos ilícitos, como son los siguientes artículos;

Artículo 8 del Código Civil para el Estado de Baja California que a la letra dice “ Los actos ejecutados contra el tenor de las Leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos que la ley ordene lo contrario.”

Existe también el artículo 1717 del ordenamiento citado que establece “ Es ilícito el hecho que es contrario a las Leyes de orden público o a las buenas costumbres”

Asimismo el artículo 1718 del Código Civil en mención establece “ EL o motivo determinante de la voluntad de los que contratan, tampoco debe ser contrario a las Leyes de orden público ni de las buenas costumbres”

DOCTRINA NACIONAL Y EXTRANJERA.

Ahora por otra parte es menester mencionar lo que la Doctrina Nacional y extranjera refiere respecto a los conceptos de Ilicitud, Orden publico, buena Fe, Equidad, Buenas costumbres, Moral, implícitos en los anteriores preceptos legales, de la forma siguiente:

Ernesto Gutiérrez y González, en su obra Derecho de Las Obligaciones, editorial Porrúa, séptima edición, página 280, explica lo siguiente:

“292. - Hecho o Abstención Ilícita por no ser conforme a las buenas costumbres. El articulo 1830 declara ilícito no solo lo que va contra la ley, sino también en lo que atenta contra las buenas costumbres.

Y surge esta lógica pregunta ¿porque la ley para determinar lo que es ilícito se refiere a las buenas costumbres? ¿Es eso una intromisión en el campo jurídico de ámbitos como el de la moral? ¿Implica ello un retroceso en lo jurídico, para volver a los tiempos en que moral, religión y Derecho se confundían? y se contesta: No

La razón básica, fundamental, que el legislador tuvo para hacer la remisión a las buenas costumbres, es la que la ley no puede regular todos los casos que se presentan en la sociedad y que en un momento determinado se consideran reprobables; por lo mismo, si solo fuera ilícito lo expresamente previsto por la ley, o esta se tendría que estar reformando a cada momento para establecer nuevos catálogos de hechos ilícitos, o bien multitud de conductas reprobables que chocan contra los principios que respeta la organización social, no se podrían estimar ilícitas.

Lo que sucede es que la consideración de ilícito por ir un hecho o una abstención contra las buenas costumbres, la sienta el legislador como una norma complementaria a las prohibiciones legales, para cubrir aquellos vacíos que se forman con la evolución de la sociedad y que como anoto, la ley no puede estar previendo día a día “

Ignacio Galindo Garfías, en su ensayo intitulado “ El ilícito civil “ publicado en Estudios de Derecho Civil, de Editorial Porrúa, página 51, manifiesta lo siguiente:

“ Si el orden público y las buenas costumbres fueran solamente un dictado del legislador y no coincidieran con las fuerzas reales del derecho, incidiríamos en lo que constituyo la razón del descrédito de la escuela de

la exégesis: culto exagerado a la ley que ha sido definitivamente superado en nuestros días y cuya critica seria innecesario repetir ahora”

“ la naturaleza del ilícito como algo que escapa y esta por encima del poder arbitrario del legislador se pone de relieve en el caso del fraude a la ley, los actos realizados en fraude a la ley, cuya ilicitud no creo que alguien ponga en duda, proporcionan un ejemplo bien claro, en el sentido de que el ilícito no reside en la legalidad del acto sino en la finalidad que se persigue en su realización.”

Manuel Borja Soriano, en su Teoría General de las Obligaciones, editorial Porrúa, página 152, cita a Ferrara en los siguientes términos:

ACTOS CONTRARIOS A LAS BUENAS COSTUMBRES.- El principio de nulidad de los actos inmorales y contrarios al orden publico, se presenta como una norma subsidiaria a las prohibiciones legales, en cuanto interviene en todos aquellos vacíos dejados por la ley para mayor protección del ordenamiento jurídico. En efecto, el legislador podrá prever, instruido por la experiencia del pasado, y prevenir ciertos abusos, ciertos pactos inicuos y reprobables, condenándolos con una prohibición, pero toda su previsión no seria bastante para herir la infinita variedad de actos ilícitos que el interés y el egoísmo de las partes siempre habrá escogido. Era necesario por eso un factor movible que, de manera análoga a la libre movilidad de las intenciones de las partes, prestase una fuerza de nulidad siempre pronta y eficaz.”

Georges Lutzesco, en su obra Teoría y Practica de las Nulidades, editorial Porrúa, páginas 246 y 247, cita el celebre estudio de Ripert intitulado La Regla Moral en las Obligaciones Civiles, y explica al respecto:

“ Ripert se ha fijado sobre todo en este sistema: ‘Lo que estudiarse, nos dice, es el fin perseguido en el contrato celebrado entre acreedor y deudor, ver si estas dos personas que celebran un contrato privado, obran de tal manera que los deberes, las obligaciones que van a nacer apara ellos del contrato, son conciliables con las obligaciones que nacen de los grupos sociales

a los cuales pertenece. ’ Porque según Ripert, en todo contrato, en toda relación jurídica hay dos grupos que se encuentran frente a frente; por una parte, el grupo de los individuos que han contratado, y por la otra, el grupo, o mas bien los grupos sociales constituidos en el campo del Estado, y a los cuales deberá siempre someterse el primero. Los grupos sociales podrían ser clasificados en cinco categorías, distribuidos según las naturaleza íntima de los intereses que les sirven de fundamento. Se tendrá, pues, el grupo familiar, el grupo político, el grupo corporativo, el grupo económico y el grupo moral.

Aplicando este sistema, se concluye que cuantas veces se hallen en conflicto las reglas del grupo contractual con las reglas de uno o varios grupos sociales, el contrato estará desprovisto de efectos jurídicos.”

El mismo Borja Soriano, en su obra antes mencionada, página 153, cita el estudio de Ripert referido anteriormente en los siguientes términos:

“Pero es raro que el contrato sea inmoral por su objeto, lo es casi siempre por su causa. La acción de nulidad obliga, pues, al juez, a investigar el fin inmoral perseguido por los contratantes... las reglas de esta moral se siguen por convicción, por habito o por razón, poco importa. El juez comprueba su existencia y no tiene que fallar sobre su fundamento. Cuando comprueba que el contrato de las partes quiere crear un vinculo jurídico, que será contrario a las reglas de la moral, o permitiría infringir una de esas reglas, debe anular el contrato contrario a las buenas costumbres.”

No interesa citar ejemplos de esos contratos sino en los casos en que la ninguna ley positiva prohíbe el acto culpable... contratos contrarios a los deberes de justicia. El hombre tiene el deber de no perjudicar a su prójimo y de dar a cada uno lo que es debido... contratos contrarios a la idea moral. No basta el cumplimiento de los deberes de justicia; el hombre debe vivir honestamente, lo que no quiere decir simplemente sometiéndose a las leyes, sino teniendo una conducta debida que responda al ideal moral del hombre honrado.”

El doctor Raúl Ortiz Urquidi, en su conocida obra Derecho Civil, editorial porrúa, tercera edición, analizando las ideas de Aristóteles en su Ética Nicomaquea, explica el concepto de justicia en los siguientes términos:

“ Es causa de esta diferencia- entre lo equitativo y lo justo- es que la ley necesariamente es siempre general, y que hay ciertos objetos sobre los cuales no se puede estatuir convenientemente por medio de disposiciones legales. Y así, en todas las cuestiones respecto de las que es absolutamente inevitable decidir de una manera puramente general, sin que sea posible hacerlo bien, la ley se limita a los casos mas ordinarios, sin que disimule los vacíos que deja. la ley no es por esto menos buena; la falta no esta en ella, tampoco esta en el legislador que dicta la ley; esta por entero en la naturaleza misma de las cosas; porque esta es precisamente la condición de todas las cosas practicas. Por consiguiente, cuando la ley dispone de una manera general, y en los casos particulares hay algo excepcional, entonces, viendo que el legislador calla o que se ha engañado por haber h0ablado en términos generales, es imprescindible corregirla y suplir su silencio, y hablar en su lugar, como el lo habría hecho si hubiera podido conocer los casos particulares de que se trata. Lo propio de lo equitativo consiste precisamente en restablecer la ley en los puntos en que se ha engañado, a causa de la formula general de que se ha servido.

En la Enciclopedia Jurídica Omeba, al explicarse la voz Buenas Costumbres, en la parte relativa se dice lo siguiente:

“ Y el enfoque no puede ser otro, porque en toda época, aunque no se haya tenido la plena conciencia que del problema tiene la actual Filosofía del Derecho, los tribunales, como dicen Planiol y Ripert, han acudido a las reglas morales, a fin de suplir, precisamente, la insuficiencia de las reglas jurídicas, cuando se trata de privar de efectos a ciertos actos encubridores de actos altamente vituperables.....”

TEORÍA MODERNA DE LA CAUSA.-

La teoría moderna de la causa es la que adopta nuestro derecho y nuestra ley, esta surge a propósito de la Nulidad de actos que tenían un objeto Lícito y, sin embargo, una finalidad obviamente ilícita, por ejemplo contratos de arrendamiento concertados con el fin de instalar un garito o casa de juego, los que analizados a la luz de la teoría clásica, resultaban legítimos e inexpugnables por tener una causa lícita, debían ser nulificados no obstante para salvaguardar los intereses de la comunidad. El Acto tenia objetos lícitos y una causa lícita ( en la concepción clásica) dar dinero por el uso de una casa; entregar la casa a cambio de dinero. Lo licito era el fin concreto, particular, determinante de la celebración del acto: instalar una casa de juego. Así la jurisprudencia francesa advirtió que los móviles trascendentes del acto no son solo alcanzar el fin próximo de obtener la prestación del co-contratante, sino otras razones o motivos particulares explicativos del porque se desea dicha prestación. fines que deben ser considerados también causa jurídica de la obligación. Por añadidura, como el acto de voluntad se explica en función de los móviles inductores, no debe ser mutilado separándolo de tales motivos específicos que le confieren el matiz particular para calificarlos de valiosos o nocivos.

La teoría moderna de la causa, se encarga de analizar el nuevo concepto de causa, mismo que es el MOTIVO determinante de la voluntad, el FIN principal, el MÓVIL concreto que induce a contratar, estos conceptos de esta teoría moderna la ha recogido nuestro Código Civil, donde se exige, como hemos visto, que el motivo o fin del contrato sea LICITO.

ACCIÓN PAULIANA

FRAUDE DE ACREEDORES

PARTE HISTÓRICA.

La Acción Pauliana nace en Roma a fines de la República, fue creada por un pretor de nombre Paulus, como remedio contra los actos reales de enajenación, gravamen o renuncia de bienes, efectuados por el deudor con el propósito de eludir el pago de sus obligaciones. Al decir de los autores, el deudor que sustraía intencionalmente sus bienes de la persecución de sus acreedores, cometía un delito reprimido por una acción penal y la sanción de la acción Pauliana era una condena pecuniaria por el mismo valor de los bienes sustraídos, condena que se dejaba sin efecto sólo en el supuesto de que el tercero restituyera los bienes; por ello, era una acción restitutoria o revocatoria en aquel sistema jurídico, Otra característica de la acción Pauliana romana era su carácter colectivo: la revocación del acto beneficiaba a todos los acreedores del deudor y no solo al que había ejercitado la acción. “ En Roma tenia dos caracteres originales debía ejercitarse por el curador bonorum vendedorum, especie de síndico de una quiebra, en nombre de la masa de los acreedores, en la venditi bonorum. Además tenia carácter penal, represiva del delito de fraus creditorum”

Tales atributos desaparecieron después cuando la institución adquirió una fisonomía muy distinta.

ACREEDOR QUIROGRAFARIO Y ACREEDOR CON GARANTÍA REAL.

Acreedor Quirografario.- Es aquel que no tiene asegurado su crédito con una garantía real sobre un bien especifico del deudor o de un tercero, este tipo de acreedores se enfrenta a menudo con serias dificultades para hacer valer sus derechos ante un deudor que se resista a cumplir con su obligación y que realice maniobras para evitar la ejecución forzada. Como se sabe la única garantía de pago que tiene el acreedor quirografario es la mal llamada “ prenda general” sobre el patrimonio del deudor. esto de acuerdo con el artículo 2831 del Código Civil para el Estado de Baja California, que a la letra dice “ El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, con excepción de aquellos que, conforme a la Ley, son inalienables o no embargables.” y lo anterior se traduce en la posibilidad que tiene el acreedor de trabar embargo o secuestro sobre cualquiera de los bienes afectables propiedad del deudor que, existan en el momento de la ejecución.

Acreedor con Garantía Real.- El acreedor con garantía real como puede ser una prenda, una hipoteca, etc., esta provisto de sus derechos de persecución y de preferencia, puede obtener el pago seguro de la deuda con cargo al valor de los bienes que tiene dados en garantía real, los que puede perseguir en manos de quien se encuentren, rematar y cobrar preferentemente del precio que de ellos se obtenga. así, comparado, el simple acreedor quirografario es sumamente vulnerable a las maniobras o subterfugios de un deudor irresponsable y doloso.

ACTOS O MANIOBRAS QUE PUEDE REALIZAR UN DEUDOR DOLOSO.

Puede concertar actos jurídicos reales de enajenación de bienes o de renuncia de derechos que tiendan a disminuir su patrimonio o a sustituir cosas que son localizables y embargables con facilidad, por otras que puedan ser disimuladas u ocultadas, ( en este caso procede la acción Pauliana.

ACCIÓN PAULIANA PROTECTORA DEL ACREEDOR QUIROGRAFARIO.

Cuando el deudor tiene el propósito de eludir el cumplimiento de sus obligaciones se provoca un estado de insolvencia, o en sus caso la aparenta, sustituyendo bienes de fácil embargo (inmuebles) por otros que sean ocultables a la persecución de los acreedores, mediante actos reales de enajenación o de gravamen, como podrían ser, ventas, donaciones, hipotecas, prendas, etc. Para hacer imponibles tales maniobras del deudor y conservar su garantía de pago, el acreedor dispone de la Acción Pauliana.

MARCO JURÍDICO DE LA ACCIÓN PAULIANA Y REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE ESTA ACCIÓN.

La doctrina establece tres requisitos indispensables si el acto celebrado por el deudor es gratuito y un requisito si es un acto oneroso, exige un requisito mas.

Acto Gratuito.-

A.- El acto debe ser realmente efectuado, ya sea de enajenación, transmisión o gravamen de bienes, o de renuncia de derechos o facultades de contenido económico.

B.- Que dicho acto produzca la insolvencia del deudor o la acreciente.

C.- Que el acto se efectué en forma posterior al crédito del acreedor quirografario demandante.

Acto Oneroso.-

Además de los anteriores requisitos, en este caso debe de existir la MALA FE por parte del deudor y del tercero que contrató con él.

Los anteriores requisitos se encuentra n claramente establecidos en la Ley en los artículos 2038 y 2039, del Código Civil para el Estado de Baja California, que a la letra dicen:

Articulo 2038. - “ Los actos celebrados por un deudor, en perjuicio de su acreedor, pueden anularse, a petición de éste, se de esos actos resulta la insolvencia del deudor, y el crédito, en virtud del cual se intenta la acción es anterior a ellos.”

Articulo 2039. - “ Si el acto fuere oneroso, la nulidad sólo podrá tener lugar en el caso y términos que expresa el artículo anterior cuando haya mala fe, tanto por parte del deudor como el tercero que contrató con él.”

EXPLICACIÓN AL REQUISITO DE LA MALA FE.

Si el acto que se combate por medio de la acción Pauliana es ONEROSO, es requisito indispensable que exista la mala fe por parte del deudor y del tercero que contrato con el ( Art. 2039 C. C. B.C.. Este requisito esta establecido en la Ley para efecto de protección a las personas de buena fe que celebraron con el deudor los actos atacables ( o sea los terceros respecto de la relación jurídica acreedor – deudor) y que dieron una contraprestación equivalente.

La mala fe no consiste en la intención de perjudicar al acreedor, la cual es sumamente difícil de probar, sino sólo consiste en el conocimiento de que el acto en celebración va a dejar al deudor en estado de insolvencia. El artículo 2041 del Código Civil para el Estado de Baja California al respecto establece “ Hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del

deudor, estimados en sus justo precio, no iguala al importe de sus deudas. La mala fe, en este caso, consiste en el conocimiento de ese déficit.”

ACCIÓN PAULIANA SU NATURALEZA JURÍDICA.

Anteriormente en Códigos Civiles Mexicanos derogados, la acción Pauliana privaba de efectos al acto fraudulento y provocaba el regreso al patrimonio del deudor los bienes sustraídos, favoreciendo a todos los acreedores de éste, aun a quienes no hubieran intentado la nulidad, antes el artículo 1699 del código civil de 1884, decía “ Rescindido el acto o contrato, volverán los valores enajenados a la masa de los bienes del deudor en beneficio de los acreedores” aquí se trataba de una acción anulatoria o revocatoria: de nulidad si había existido un vicio de origen en el acto atacado ejemplo: la transmisión onerosa de mala fe; y de revocación si el acto no tenia defecto en su celebración, ejemplo: la enajenación gratuita de buena fe ( Gutiérrez y González.

En nuestro Código Civil vigente de Baja California, no se conserva la misma naturaleza jurídica, pues aunque el legislador menciona en algunos artículos del citado código se menciona a la Nulidad y en otros ( 2043 y 2046) a la Revocación, la verdadera cualidad de la Acción se descubre del análisis de los efectos y consecuencias que produce.

La verdad es que la acción Pauliana, no invalida totalmente el acto combatido, ni lo priva de efectos, ni reintegra al patrimonio del deudor el bien que hubiere sido transmitido, que seria las consecuencias de la nulidad o de la revocación.

El artículo 2050 del Código Civil de Baja California vigente, establece con precisión los efectos que genera la acción y dice así “ La nulidad de los actos del deudor solo será pronunciada en interés de los acreedores

que la hubieren pedido, y hasta el importe de sus créditos.” esto significa que el acto que se ataco con la acción pauliana seguirá produciendo sus efecto para todos, salvo para el acreedor que demando la invalidez.

DIFERENCIAS ENTRE NULIDAD ABSOLUTA, RELATIVA, REVOCACIÓN Y ACCIÓN PAULIANA.

Por lo tanto la nulidad absoluta al igual que la nulidad relativa y la revocación, privan de los efectos al acto respeto de todos, extinguiéndolo total o parcialmente. La invalidez producida por el buen éxito de un acción pauliana produce la ineficacia del acto únicamente respecto de cierta o ciertas personas ( acreedores) así como por el monto o cuantía de su interés, y continua produciendo consecuencias jurídicas plenas, como acto valido para todas las demás personas.

Por consecuencia y pese a lo establecido por el artículo 2043 del Código Civil para el Estado de Baja California que dice “ Revocado el acto fraudulento del deudor, si hubiere habido enajenación de propiedades, estas se devolverán por el que las adquirió de mala fe, con todos sus frutos”. Lo cierto es que los bienes enajenados por el acto combatido por la acción pauliana no regresan al patrimonio del deudor pues de ser así, los demás acreedores de éste ( aun los que no atacaron el acto) podrían embargarlos en sus manos, aprovechando una nulidad que no intentaron y que, en este supuesto crearía efectos a su favor, situación que no se produce de forma alguna en nuestro Derecho, en donde “ la nulidad sólo será pronunciada en interés de los acreedores que la hubiesen pedido y hasta el importe de sus créditos”.

De lo anterior se puede establecer que la acción Pauliana, cuando ha sido declarada procedente, su efecto fundamental es una invalidez muy peculiar, la cual solo alcanza al deudor y acreedor que demanda ( un efecto relativo a su persona y hasta la cuantía o monto de su interés en juego) que no anula al acto en sí. Ya que este acto continua válido y eficaz, produciendo consecuencias de Derecho para todas las demás personas, es oponible a todos, salvo a aquel que lo ha combatido con éxito; es una acción de imponibilidad en relación con el acreedor que la ejercitó y limitada al monto o cuantía de su crédito.

Para efecto de complementar este trabajo me permito transcribir diversas tesis de Jurisprudencia de La Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Tesis Aisladas y precedentes relevantes, así como ejecutorias de los Tribunales Colegiados de Circuito:

Sexta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Apéndice de 1995

Tomo: Tomo IV, Parte S.C.J.N.

Tesis: 8

Página: 7

ACCIÓN PAULIANA, REQUISITOS DE LA. Los requisitos que deben concurrir para que la acción pauliana proceda son: que de un acto resulte la insolvencia del deudor; que como consecuencia de la insolvencia se cause un perjuicio al acreedor, y que si el acto o contrato fuere oneroso, haya mala fe tanto en el deudor como en el tercero que contrató con él.

Sexta Época:

Amparo directo 552/55. Roberto Díaz. 13 de octubre de 1955. Cinco votos.

Amparo directo 5167/55. Leocunda Torres Prado. 30 de julio de 1956. Unanimidad de cuatro votos.

Amparo directo 2608/60. Romero Pascasio Castellanos. 21 de abril de 1961. Unanimidad de cuatro votos.

Amparo directo 6729/59. Samuel Díaz Castellanos. 12 de enero de 1962. Unanimidad de cuatro votos.

Amparo directo 3899/61. Agustín Silveyra Ávila. 8 de mayo de 1963. Unanimidad de cuatro votos.

Novena Época

Instancia: OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: IX, Abril de 1999

Tesis: I.8o.C.201 C

Página: 484

ACCIÓN PAULIANA. ES IMPROCEDENTE SI NO SE REÚNE UNO DE SUS ELEMENTOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2163 al 2166 del Código Civil del Distrito Federal, se colige que los elementos de la acción pauliana son: 1o. Que de un acto resulte la insolvencia del deudor; 2o. Que como consecuencia de la insolvencia se cause un perjuicio al acreedor; 3o. Que el crédito en virtud del cual se intenta la acción sea anterior a ello; y 4o. Que si el acto o contrato fuere oneroso, haya mala fe tanto en el deudor como en el tercero que contrató con él; por lo que si se entabló esa acción en virtud de que los demandados donaron en favor de terceros un bien inmueble, pero el actor no acreditó que con ese acto resultara la insolvencia del deudor, es legal que la autoridad responsable decrete la improcedencia de la acción, por no reunirse uno de sus elementos.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 548/98. Banco Nacional de México, S.A. 30 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LVIII, página 1301, tesis de rubro: "ACCIÓN PAULIANA, PROCEDENCIA DE LA.".

Novena Época

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: VII, Marzo de 1998

Tesis: XIV.2o.71 C

Página: 759

ACCIÓN PAULIANA. SU PROCEDENCIA NO DEPENDE DE QUE SE DICTE SENTENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN EL QUE EL ACREEDOR RECLAMA EL CRÉDITO AL DEUDOR INSOLVENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN. El artículo 1313 del Código Civil del Estado de Yucatán señala que los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor pueden anularse a petición de éste, si de esos actos resulta la insolvencia del deudor y el crédito en virtud del cual se intenta la acción es anterior a ellos. Ahora bien, si el acreedor promueve un juicio ejecutivo mercantil para tratar de hacer efectivo su crédito y al tratar de inscribir el embargo trabado en bienes del deudor se percata de que éste los donó en favor de un tercero con posterioridad a que contrajo la obligación, demostrándose que quedó en estado de insolvencia, la acción pauliana que se promueva en su contra resultará procedente, con total independencia de que en el citado juicio ejecutivo mercantil se haya dictado sentencia definitiva o no, pues este extremo no es normativo para la procedencia de dicha acción, en virtud de que cada juicio corre por vía diversa; en el primero se dilucida el impago de un título de crédito autónomo y, en el segundo, se pide la nulificación de un acto celebrado en perjuicio de un acreedor, cuando del mismo resulte la insolvencia del deudor, teniendo como punto de partida que el crédito correspondiente se contrajo con anterioridad a la celebración de dicho acto.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 691/97. Carlos Tun Llanes y otros. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Aldama Vega. Secretario: Agustín López Díaz.

Octava Época

Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XIII-Marzo

Página: 298

ACCIÓN PAULIANA O REVOCATORIA, ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA LA PROCEDENCIA DE LA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS. Para la procedencia de la acción pauliana o revocatoria, se requiere en términos del artículo 2137 del Código Civil para el Estado de Chiapas, la satisfacción de los elementos siguientes: a. Que el deudor realice un acto que no sea simplemente material, sino jurídico, puesto que está sujeto a ser anulado; b. Que de la celebración del acto resulte o se agrave como consecuencia la insolvencia del deudor; c. Que la celebración del acto perjudique a los acreedores; y, d. Que el crédito sea anterior al acto impugnado; y, además conforme a lo dispuesto por el numeral 2138 del ordenamiento legal citado, la nulidad sólo podrá tener lugar cuando haya mala fe tanto en el deudor, como en el tercero que contrató con él.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

Amparo directo 628/93. Leticia Dávila Ramírez. 24 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Suárez Torres. Secretario: Casto Ambrosio Domínguez Bermúdez.

Octava Época

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XIII-Abril

Página: 403

NULIDAD ABSOLUTA DE UN ACTO JURÍDICO. FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE DESTRUYEN SUS EFECTOS, UNA VEZ DECLARADA LA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO. Aun cuando el artículo 2147 del Código Civil del Estado de Jalisco, solamente indica, en su parte primera, que la nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, agregando, que serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad; una correcta interpretación de tal precepto, lleva a la convicción de que la nulidad absoluta a que se refiere, una vez declarada judicialmente, destruye retroactivamente los efectos del acto desde la fecha misma en que éste nace a la vida jurídica.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 95/94. Hugo Carlos Solórzano González. 3 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Julio López Beltrán. Secretario: Rafael Quiroz Soria.

Octava Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XII-Agosto

Tesis: XV.1o.65 C

Página: 322

ACTO SIMULADO, NULIDAD DE. QUIEN PUEDA DEMANDARLA. En estricta interpretación del artículo 2050 del Código Civil del Estado de Baja California, sólo pueden pedir la nulidad de un acto simulado los terceros que resulten perjudicados con dicha simulación, o el Ministerio Público cuando ésta se cometa en trasgresión de la ley o de la hacienda pública; luego entonces, si quien demanda tal nulidad tiene el carácter de parte en el acto cuya nulidad se pretende, es obvio que carece de legitimación para ejercitar tal derecho.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO.

Amparo directo 135/93. Manuel Zamorano Arámburo. 11 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Morales Hernández. Secretario: Eduardo Rodríguez Álvarez.

Novena Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: VIII, Noviembre de 1998

Tesis: II.1o.C.170 C

Página: 497

ACCIÓN PAULIANA. LA SOLA ENAJENACIÓN Y LA AUSENCIA DE INSCRIPCIONES REGÍSTRALES EN FAVOR DE LA VENDEDORA, NO BASTA PARA ACREDITAR QUE ÉSTA QUEDÓ INSOLVENTE O REDUJO SU SOLVENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO. El patrimonio de las personas comprende todos los bienes susceptibles de valorarse en dinero, de donde el solo hecho de salir un bien raíz del mismo por un acto oneroso y no existir antecedentes regístrales de otros inmuebles a favor del vendedor, no produce por sí solo el estado de insolvencia, ni la disminución de su haber que exige el artículo 1991 y 1992 del Código Civil del Estado de México.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 613/98. Tubos y Barras Huecas, S.A. de C.V. 28 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Librado Fuerte Chávez. Secretario: Víctor Manuel Méndez Cortés.

Octava Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: IV Segunda Parte-1

Página: 37

ACCIÓN PAULIANA. EFECTOS DE LA NULIDAD DE LA ESCRITURA CUANDO SE EJERCITA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO. Cuando se declara procedente la acción pauliana, la nulidad de los actos del deudor, sólo debe pronunciarse en interés de los acreedores que lo hubiesen pedido y hasta el importe de sus créditos, de acuerdo con el artículo 2057 del Código Civil de Querétaro, por lo que resulta violatorio de garantías que el contrato de compraventa celebrado en el caso, se declare nulo en términos genéricos, pues debió determinarse que tal nulidad se pronunciaba en interés del adeudo alimenticio invocado por la actora y para responder de los alimentos que se hubiesen decretado o se llegasen a decretar en el juicio de alimentos respectivo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

Amparo directo 389/89. Raúl Araujo González y coagraviada. 10 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: Gerardo Abud Mendoza.

Sexta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XLIX, Cuarta Parte

Página: 32

CONTRATOS ILÍCITOS. El artículo 77 del Código Mercantil establece expresamente que "Las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio"; y lo mismo puede decirse de las convenciones civiles cuando se celebran contra el tenor de leyes prohibitivas o de interés público.

Amparo directo 2753/60. Jaime Manuel Álvarez del Castillo. 3 de julio de 1961. 5 votos. Ponente: Gabriel García Rojas.

Tesis relacionada con jurisprudencia 108/85

Sexta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: CXII, Cuarta Parte

Página: 66

COMPRAVENTA DE BIENES OBJETO DE JUICIO. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2276 Y 2282 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL. NULIDAD ABSOLUTA. Como el precepto 2282 del Código Civil del Distrito Federal no indica la clase de nulidad resultante de la violación al texto prohibitivo y de indiscutible interés público del artículo 2276, tendrá que definirse, deduciéndola de otras normas del mismo Código, si vale tal nulidad es absoluta o relativa: el artículo 8o. Dice que los actos ejecutados contra el tenor de leyes prohibitivas o de interés público son nulos, y a su vez el artículo 2225 estatuye que la ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto, produce su nulidad, ya sea absoluta, ya relativa, según lo disponga la ley. El artículo 2226 señala como características de la nulidad absoluta, que de ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción; y el artículo 2227 dice que la nulidad es relativa cuando no reúne todos los caracteres enumerados en el artículo anterior. Ahora bien, evidentemente que el acto que viola una ley prohibitiva o de interés público es ilícito; y aunque el artículo 2225 no dice que estos actos siempre estarán afectados de nulidad absoluta, sino permite también, según lo disponga la ley, que su nulidad sea relativa, el principio general es que la nulidad sea absoluta y sólo será nulidad relativa, cuando la ley expresamente lo diga o la caracterice como tal, permitiendo que pueden convalidarse por confirmación expresa o tácita por el cumplimiento voluntario del acto viciado; que la acción prescriba, o estableciendo que únicamente pueden invocarla las partes directamente afectadas por el acto nulo, ya que en tales circunstancias tendría que aceptarse que la ley establecía una nulidad relativa, por no corresponder rigurosamente a la noción de la absoluta enunciada por el artículo 2226. En este orden de ideas tiene que concluirse que la nulidad con que sanciona el artículo 2282 la violación a lo dispuesto por el artículo 2276, es absoluta, puesto que no concediéndole ninguna característica contraria a las de esta, prevalece el principio ya expresado antes, en el sentido de que los actos contrarios al tenor de una ley prohibitiva o de interés público, caso en el que esta la disposición del artículo 2227, son nulos absolutamente si la ley no dispone otra cosa; nulidad que alcanza al acto contraventor a ese artículo, sean quienes fueren los funcionarios o particulares expresamente mencionados por el, ya que si la ley hubiera querido que sólo respecto de alguna de esas personas, por ejemplo, los abogados, la nulidad fuere relativa, la habría caracterizado como tal y no es así. y lo mismo ocurriría si el contrato impugnado no fuera de compraventa, sino de dación en pago, pues esta última debe considerarse comprendida dentro de la prohibición establecida por el artículo 2276, para que los abogados no puedan adquirir los bienes objeto de los juicios en los que intervengan, puesto que de otra manera se burlarían las finalidades perseguidas con tal prohibición, consistentes en evitar que por el ascendiente que tienen sobre sus clientes, puedan adquirir a bajo precio los bienes objeto del juicio, así como mantener a la clase profesional de la abogacía en un nivel de probidad inobjetable.

Amparo directo 6902/64. Virginia Romero Vda. de García y coaga. 27 de octubre de 1966. Mayoría de 4 votos. Ponente: Mariano Azuela.

Séptima Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 217-228 Cuarta Parte

Página: 283

REGISTRO CIVIL, FUNCIONES DE LOS ENCARGADOS DEL. AUN CUANDO SEAN DE ORDEN PUBLICO NO DA LUGAR A QUE CUALQUIER VICIO QUE CONTENGAN LAS ACTAS DE NACIMIENTO, PRODUZCAN SU NULIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ. Es inadmisible el argumento de que como las funciones que desempeñan los encargados del Registro Civil son de orden público, los actos que realicen en contravención de las leyes prohibitivas e imperativas serán nulos, toda vez que el artículo 673 del Código Civil del Estado referido establece que cuando las actas tengan vicios o defectos que no sean substanciales no serán nulas, precepto que relacionado con el artículo 19, lleva a la consideración que si bien los actos ejecutados contra el tenor de las leyes, serán nulos, ello no acontece en los casos en que la ley ordene lo contrario, excepción que contempla este último precepto.

Amparo directo 2200/87. Albino Miguel Antonio Cinta Sarrelange y otra. 19 de abril de 1987. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Victoria Adato Green de Ibarra.

NOTA:

Esta tesis también aparece en:

Informe de 1987, Tercera Sala, tesis 313, Pág. 227 (apareció con el RUBRO: "ACTAS DE NACIMIENTO. EL QUE LAS FUNCIONES DE LOS ENCARGADOS DEL REGISTRO CIVIL SEAN DE ORDEN PUBLICO NO DA LUGAR A QUE CUALQUIER VICIO QUE CONTENGAN PRODUZCA SU NULIDAD (ESTADO DE VERACRUZ.")

Quinta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XCIV

Página: 791

NULIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS, TEORÍA DE LA. Dentro de la teoría general de la nulidad de los actos civiles, se reconocen varios grados de invalidez, y la doctrina clásica admitida por nuestra legislación, señala la inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. el acto inexistente esta definido, según los datos y citas que aporta Borja Soriano en su estudio sobre inexistencia y nulidad de los actos jurídicos según la doctrina francesa, como el que no reúne los elementos de hecho que supone su naturaleza o su objeto y en ausencia de los cuales, es lógicamente imposible concebir su existencia. curso de Derecho Civil francés por C. Aubry y C. Rau. en otros términos un acto jurídico es inexistente cuando la falta uno o más de sus elementos orgánicos, o quizá más exactamente, especificados. estos elementos son de dos clases: elementos de orden psicológico, y elementos de orden material. en la base de éste acto se encuentran en efecto: 1ro. una manifestación de voluntad; 2do. un objeto; 3ro. , según los casos, un elemento formalista. símbolo de nada, el acto inexistente, se comprende que no puede ser el objeto de una confirmación, ni el beneficio de una prescripción extintiva que haga desaparecer con el tiempo el vicio de que esta manchado. si eventualmente el acto jurídico inexistente se invoca en juicio, el tribunal no puede sino registrar su inexistencia Bonnecasse, supl. al tr. teórico práctico de d. c. por Baudry Lacantinerie y sus colaboradores. véase artículo 2224 del Código Civil vigente en el Distrito Federal. al lado del acto inexistente se encuentra el acto nulo. la nulidad de un acto se reconoce en que uno de sus elementos orgánicos, voluntad, objeto, forma, se ha realizado imperfectamente, o en que el fin que perseguía los autores del acto, esta directa o expresamente condenado por la ley, o implícitamente aceptamos la noción de nulidad absoluta tal como ella la doctrina clásica la enseña, a saber, que una nulidad de esa naturaleza, puede ser invocada por todos los interesados, que no desaparece ni por la confirmación, ni por la prescripción, que una vez pronunciada por sentencia, no deja ningún efecto detrás. es relativa toda nulidad que no corresponde rigurosamente a la noción de nulidad absoluta así enunciada. el mismo autor. para concluir con la doctrina de referencia, sólo se hará una cita más, que completa las nociones necesarias: mientras que el acto jurídico inexistente no es capaz en ningún caso, de engendrar, como acto jurídico, un efecto de derecho, cualquiera que sea, sucede de otra manera con el acto nulo, aun atacado de nulidad absoluta, por la buena y sola razón que este acto es una realidad mientras que no ha sido destruido por una decisión judicial. estas ideas han sido adoptadas por los artículos 2225, 2226 y 2227 del Código Civil citado.

Amparo civil directo 5589/41. Navarro Macario. 29 de octubre de 1947. Mayoría de Tres Votos. Disidentes: Emilio Pardo Aspe y Carlos I. Meléndez. Relator Hilario Medina.

Véase: J. 192/85, 4ta. Parte.

Sexta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XCVI, Cuarta Parte

Página: 67

NULIDAD E INEXISTENCIA. SUS DIFERENCIAS SON MERAMENTE TEÓRICAS. El artículo 2224 del Código Civil del Distrito no tiene, en cuanto a la base que pretende dar para establecer la distinción entre la inexistencia y la nulidad, sino meros efectos teóricos, ya que el tratamiento que en el reciben las inexistencias es el de las nulidades, como lo demuestra el siguiente análisis de casos de inexistencia tratados como si fueran de nulidad: la falta de objeto hace inexistente el acto según dicho artículo 2224; más sin embargo, en los artículos 1427, 1422 y 1434, se prevén factiespecies de inexistencia y se les trata como nulidades. los contratos sobre cosas que están fuera del comercio, técnicamente carecen de objeto; pero los artículos 1826 y 2950, fracción III, que se refieren a la transacción sobre una sucesión futura, prevén uno de estos casos de falta de objeto y lo tratan por medio de la nulidad. El objeto de la compraventa es, indiscutiblemente, la transferencia del derecho de propiedad, según el artículo 2248; pero ello obstante, a la venta de cosa ajena se le llama nula en el artículo 2270. Y si de la venta de un crédito inexistente se trata, mismo que en el momento de la cesión engendra, según el artículo 2042, el efecto de obligar al cedente a presentar la garantía de su existencia, no hay sino decir que esta situación no se compagina con la institución de la inexistencia, que es la nada jurídica. Lo mismo puede decirse en el caso del contrato de renta vitalicia declarado nulo por el artículo 2779, si el beneficiario muere antes del otorgamiento. Y si a falta de consentimiento se refiere, los artículos 1802 y 2183 que prevén algunos de estos casos, le dan el tratamiento de la nulidad, mismo que deberá darse por falta de texto adecuado, al caso del acto celebrado por un incapaz en quien la ausencia de consentimiento es absoluta, pues habrá que tratarlo por el sistema de las incapacidades, originadora de la nulidad relativa, según el artículo 2230; el profesor Borja Soriano, que según las "Notas" de García Tellez inspiro la adopción de las inexistencias en el Código Civil vigente, pasa de la inexistencia a la nulidad sin puente alguno al referirse precisamente al artículo 1802: "cuando una persona, dice (Teoría de las obligaciones, tomo I, págs. 361 y 362, primera edición), celebra un contrato a nombre de otra sin ser su representante, a ese contrato le falta uno de los elementos esenciales: el consentimiento del representado. No hay hasta entonces la oferta del otro contratante; no existe aun contrato por falta de consentimiento. Esta es, pues, la naturaleza de la nulidad a que se refieren los artículos citados en el número anterior". Ahora bien, según los artículos 2162, 2163 y 2164 del Código Civil del Estado de Hidalgo (iguales a los números 2180, 2181 y 2182 del Código del Distrito), es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas, siendo la simulación absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real, y relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter, no produciendo ningún efecto jurídico la simulación absoluta, mientras que en tratándose de la relativa descubierto el acto real que la oculta, ese acto no será nulo si no hay ley que así lo declare. si la simulación planteada es absoluta, naturalmente que también se plantea como herida de nulidad absoluta, según el texto legal correspondiente antes citado, pero que dentro del más riguroso logicismo de la teoría tripartita de la invalidez podría ser un caso de inexistencia, por lo que tomando en cuenta que conforme al citado artículo 2206 y el 2208 del Código Civil, bien que se trate de un caso de inexistencia o bien de nulidad, la acción correspondiente es imprescriptible.

Amparo directo 8286/63. Concretos Premezclados, S. A. 24 de junio de 1965. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas.

Véase:

Apéndice de Jurisprudencia 1917 a 1965. Cuarta Parte. Tesis número 238, Pág. 751.

Séptima Época

Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 163-168 Sexta Parte

Página: 50

COMPRAVENTA, NULIDAD DEL CONTRATO DE. EFECTOS CUANDO LA ILICITUD AFECTA A UNO DE LOS COMPRADORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. Los contratos de compraventa celebrados en contravención a lo dispuesto por el artículo 2694, fracción II, del Código Civil del Estado de Puebla, son nulos en términos del artículo 5o. del citado ordenamiento legal, el cual establece que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas, serán nulos si las mismas leyes no disponen otra cosa; además, en virtud de que el artículo 2696 del referido código prevé que las compras hechas en contravención a lo dispuesto en este capítulo no producirán efecto alguno, ya se hayan hecho directamente o por interpósita persona, resulta entonces que la nulidad es absoluta y su efecto es restitutivo de conformidad con el diverso artículo 1529, en cuanto declarada la nulidad del contrato, cada uno de los contratantes recobrará la cosa que hubiere prestado con sus frutos, o el valor de éstos, y el que aquélla tenía cuando se perdió, con los intereses, si no fuere posible la restitución en especie. Siendo así, la nulidad afecta a todos los compradores llamados a juicio, aun cuando la prohibición para adquirir el bien materia del contrato sólo afecta a uno de ellos, en atención a que un acto jurídico no puede ser lícito para una persona e ilícito para otras, pues se crearía una copropiedad con motivo de la compraventa con vicios de nulidad, lo que resulta ilegal y antijurídico.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 725/81.María Isabel Fernández de Beltrán. (Cesionaria de Carmen Rodríguez Arrioja viuda de Robredo. 10 de septiembre de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Duarte Cano.

Séptima Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 205-216 Cuarta Parte

Página: 116

NULIDAD ABSOLUTA E INEXISTENCIA. SUS DIFERENCIAS SON CONCEPTUALES Y SIMPLEMENTE TEÓRICAS, Y SUS SANCIONES SON SEMEJANTES. Si por actos inexistentes debe entenderse, aquellos que adolecen de un elemento esencial, ya sea el consentimiento o el objeto, y que no reúnen los elementos de hecho que suponen su naturaleza o su finalidad, y en ausencia de los cuales, lógicamente es imposible concebir su existencia; y por cuanto se refiere a los actos jurídicos viciados de nulidad absoluta, puede sostenerse que son aquellos en que el acto se ha realizado de manera imperfecta, aunque sus elementos esenciales se presenten completos, ya que al haber sido celebrados sin observar las reglas imperativas establecidas en la ley, carecen de perfección conforme a las normas previstas para garantizar la defensa del interés general o de orden público, y así, asegurar la protección de un interés privado; es indudable que, atento lo anterior de conformidad con los artículos 2078, 2079 y 2080 del Código Civil del Estado de México, el acto jurídico que adolezca de objeto o de consentimiento, o haya ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición, no es susceptible de valer ni desaparecer por confirmación, cuyos vicios pueden invocarse por todo interesado, a efecto de prevalecerse contra los mismos. En tal virtud, al ser iguales las sanciones para tales actos, por consistir en que no pueden engendrar alguna consecuencia jurídica, pues aunque produzcan provisionalmente ciertos efectos, éstos se retrotraerán al momento en que se declarase judicialmente la nulidad absoluta o la inexistencia, con lo que se destruye el acto de que se trate, tales circunstancias implican que, en la realidad, las diferencias entre nulidad absoluta e inexistencia, son puramente conceptuales y teóricas, de acuerdo con la doctrina. Por lo cual, si el matrimonio es un contrato civil, como así se establece en el párrafo tercero del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente que las nulidades y las inexistencias de los actos jurídicos pueden afectar el matrimonio, en razón de ser un contrato; y sin embargo, es válido afirmar que el matrimonio como contrato tiene particularidades y efectos, de las que los demás actos jurídicos y contratos no participan y, consecuentemente, las sanciones civiles que se aplicaren, en el caso de nulidad absoluta o de inexistencia, sustraen al matrimonio del régimen general de las nulidades y de las inexistencias, por lo que los hijos habidos dentro de un matrimonio declarado nulo, deben conservar su filiación, según lo estatuye el artículo 326 del Código Civil del Estado de México.

Amparo directo 4060/85. Félix Humberto Esparza Valdez. 13 de octubre de 1986. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Victoria Adato Green de Ibarra. Secretario: Virgilio Adolfo Solorio Campos. *

NOTA (1):

En la publicación original esta tesis apareció con la siguiente leyenda: "Véase: Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Cuarta Parte, tesis 197, Pág. 590."

*En la publicación original se omitió el nombre del secretario y se subsana.

NOTA (2):

Esta tesis también aparece en:

Informe de 1986, Tercera Sala, tesis 102, Pág. 76

Sexta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XXXIV, Cuarta Parte

Página: 114

NULIDAD DE JUICIOS CONCLUIDOS POR SENTENCIA EJECUTORIADA. CASO EN QUE PROCEDE. Cualquier caso de juicio tramitado con la finalidad de defraudar a tercero, debe ser declarado nulo en juicio por separado, en aplicación de los principios sustantivos de la acción pauliana, nulidad que si bien no puede apoyarse en la teoría del contrato judicial por tratarse de una tesis equivocada, puesto que existen los casos de litigantes rebeldes que, desde el momento que no comparecen al juicio no pueden atribuírseles una conformidad o acuerdo de voluntades con su contraparte que nunca han expresado y existe, sin embargo, la litis contestatio; nulidad, que, se repite, si bien no puede apoyarse en la teoría del contrato judicial afirmada en el escrito de demanda, de todas maneras procede si de ese escrito se desprende con claridad que ella se reclama con apoyo en que el juicio nulo se llevó a efecto para defraudar a terceros, no vale en contrario la circunstancia de que el caso no encaja literalmente en los preceptos en que la acción fue apoyada, puesto que, como con agudeza lo hacen notar Chiovenda y Couture, cuando falten principios especiales que rijan la acción revocatoria no se va a permitir que una envoltura de carácter procesal preparada para asegurar la eficacia del fraude, sirva de obstáculo para llegar al fondo del acto fraudulento declarado ineficaz por los textos de las leyes ordinarias y cuya nulidad debe lograrse mediante el ejercicio de la acción pauliana; con tanta mayor razón cuanto que el acto judicial fraudulento calificado, si se piensa en el hecho de que se hace intervenir a la autoridad judicial cuya única misión es la realización de la justicia, y se logra de ella, por el contrario, aunque sin su conocimiento, su cooperación para dañar a terceros ilegítimamente.

Amparo directo 6942/56. Felipe R. Hernández y coag. 25 de abril de 1960. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Gabriel García Rojas.

Sexta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: CXXXIV, Cuarta Parte

Página: 11

ACCIÓN PAULIANA, CORRESPONDE AL DEMANDADO LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN LEGAL QUE FAVORECE AL ACREEDOR. La acción pauliana, establecida en protección y para beneficio de los acreedores, difícilmente procura en la práctica porque se tropieza con muchos obstáculos para su procedencia, dada la diversidad de situaciones que en la vida práctica se presentan para encubrir el fraude. por estas circunstancias, y ante la dificultad de la prueba, el legislador ha pretendido obviar en lo posible esa dificultad y ha cerrado presunciones legales que no tienen más finalidad que la de facilitar el triunfo de esta acción y evitar al que sufre un fraude de dificultad de probarlo. Ahora bien, la regla general de procedencia de la acción pauliana, para la integración de uno de los elementos indispensables, es la de la demostración de la mala fe el acto oneroso. Pero hay casos en que el legislador sabe, porque lo ha podido comprobar por la experiencia, que se trata de un fraude, y entonces hace excepciones a esa regla general y establece presunciones que facilitan al acreedor la demostración de que ha sido víctima de ese fraude. En estos casos, ya no tiene aplicación la regla general; se aplica el caso de la presunción, que ya no exige la prueba de la mala fe, sino que permite al actor colocarse simplemente dentro de la excepción a la regla general, esto es, el amparo de la presunción legal, para que no este obligado a probar la mala, fe, sino que es la parte demandada quien tiene la carga de la prueba para desvirtuar la presunción legal que favorece al acreedor.

Amparo directo 2668/65. Elfego Cruz López. 16 de agosto de 1968. 5 votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas.

Volumen CXXII, Cuarta Parte, Pág. 11. Amparo directo 2268/65. Elfego Cruz López. 16 de agosto de 1967. 5 votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas.

Quinta Época:

Tomo CXXXI. Pág. 555. Amparo directo 4109/56. Gustavo E. Flores M. 11 de marzo de 1957. Unanimidad de 4 votos. Ponente: José Castro Estrada.