ABUSO CONTRA MIGRANTES Y DEFENSA DE SU DIGNIDAD Y DERECHOS.

EL CASO DE MÉXICO

Documento realizado a solicitud de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación

Primitivo Rodríguez Oceguera

Septiembre del 2001

Objetivo del documento.

Contribuir a reconocer de mejor manera los derechos y dignidad de las/los migrantes mexicanos, y de aquellas/os que trabajan en México temporalmente o lo utilizan como país de tránsito. Esto se hará en el documento a través de: A) presentar un breve diagnóstico sobre los abusos, xenofobia y racismo que padecen las/los migrantes; B) proponer algunas alternativas para adecuar instituciones, leyes y políticas a lo dispuesto por Convenios internacionales.

Índice de temas.

I – Contexto. II – Fenómeno contemporáneo de la migración en México. III – Discriminación y racismo. Los diversos rostros del abuso, la exclusión y la violencia contra las/los migrantes de México y en México. 1. Balas de odio en Denver, Colorado. 2. Captura y deportación selectiva de migrantes mexicanos. 3. Criminalización del migrante e impunidad. 4. Vulnerabilidad y negocio. 5. “¡Sí se puede!” 6. Derecho a votar y ser votadas/os. 7. Indígenas migrantes. 8. Entrada de niñas y niños al flujo de la migración. 9. La presencia de la mujer en la migración a Estados Unidos. 10. Las que se quedaron de este lado. Esposas e hijas/os de migrantes. 11. La otra migración: frontera sur. 12. Trabajadoras y trabajadores migrantes en la frontera sur. 13. Explotación sexual de niñas y niños en las fronteras norte y sur. 14. Morir en la línea. Muertes de migrantes en las fronteras. IV – Instrumentos jurídicos convencionales y no convencionales para la defensa de migrantes en el campo internacional: 1) Generales. 2) Específicos. V – Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares: 1) Artículos que se refieren a todas/os los trabajadores migratorios y sus familiares, independientemente de su condición legal. 2) Artículos para quienes tienen documentos. VI – Tareas pendientes. 1) La visión transnacional. 2) Recurso al derecho internacional. 3) Creación de consensos básicos y de la base social que los respalde. El importante papel que al respecto podría jugar el Poder Legislativo. VII – Conclusión.

I – Contexto

El fenómeno migratorio ha adquirido importancia en las proyecciones estrategias que sobre mercados laborales, crecimiento demográfico y sistemas de seguridad social desarrollan la Unión Europea y países como Estados Unidos. Con todo, más allá de esos cálculos lo que ocupa la atención pública en la Unión Europea y Norteamérica son las cuestiones del día: la demanda de mano de obra barata en áreas que resultan poco o nada atractivas para la población nativa, y sobre todo, el temor a que el flujo de migrantes de distinta raza, clase social, nacionalidad, etnia, religión y cultura transformen las sociedades en los países de destino, particularmente cuando los actuales flujos migratorios parecen ser de llegada sin retorno y no tener fin ni límite.

De los años ochenta al presente el carácter de la migración mundial ha cambiado. En la actualidad, los flujos son más globales y heterogéneos. De l970 a l990, el número de países considerados como receptores mayores de migrantes aumentó de 39 a 67, los de origen mayor, de 29 a 55, y los países catalogados como importantes en recepción y origen se elevaron de 4 a 15. Aunado a esto, hoy en día es relativamente fácil desplazarse entre países y continentes, en tanto que las comunicaciones y la información son de acceso masivo. Por otra parte, el nuevo ordenamiento global de la economía ha agravado la desigualdad social y la falta de oportunidades dentro de los países y entre las regiones, creando a la vez nuevas demandas de fuerza laboral en las naciones ricas, así como diferentes vínculos productivos y financieros entre éstas y las pobres. Por todo ello, Asia, África y América Latina han reemplazado a Europa como principales lugares de origen de los flujos migratorios.

Sin embargo, la caída de fronteras nacionales para el movimiento de capitales, bienes y servicios no ha sido correspondida por una similar en relación al flujo de las/los trabajadores migrantes y sus familias. Por el contrario, mientras que se ha impulsado el cambio de leyes, instituciones e incluso ideas y mentalidades para dar viabilidad a la integración económica, las/los migrantes enfrentan mayores obstáculos en la busca de mejor vida, desde leyes, hasta el trato que reciben por parte de autoridades.

De esta forma, el proceso actual de globalización no ha resuelto contradicciones básicas e interrelacionadas como las siguientes: A) se promueve la integración financiera y comercial, mas se obstaculiza la consecuente integración humana; B) se crea una nueva institucionalidad para la protección de bienes y servicios, mas se establecen regulaciones y políticas que agudizan la vulnerabilidad de la población envuelta en el fenómeno migratorio, especialmente de las mujeres, niñas y niños sin documentos; C) se reconocen instancias supranacionales para negociar o dirimir asuntos comerciales y de otra índole, pero se invoca la soberanía nacional para decidir quién entra o no a un país.

Una de las estrategias fundamentales para resolver esas contradicciones sería el recurso a documentos aprobados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) e instancias de las mismas sobre temas como la lucha contra la discriminación y el racismo, y el respeto a los derechos de las mujeres, niñas/os, pueblos indios, y trabajadoras/es migratorios.

Entre l965 y l990 el número de personas residentes fuera de su país aumentó de 75 a 120 millones. De l990 al año 2000, el número llegó a los 150 millones, de los cuales 97 correspondían a trabajadoras/es migrantes [Organización Internacional del Trabajo -OIT-]. La migración interna fue mayor. Actualmente suma alrededor de 700 millones de personas [ONU]. En l995, 48 por ciento del flujo migratorio internacional lo conformaban mujeres, las cuales emigraban no sólo por razones de integración familiar, sino también en busca de empleo y oportunidades de mejor futuro. En l997, el número de trabajadoras/es migratorios internacionales en las principales regiones era de 30 millones en Europa, 30 en Africa y 17 en Norteamérica [ONU].

II – El fenómeno contemporáneo de la migración en México.

La larga historia de la migración a Estados Unidos, la vecindad geográfica y el alto número de las personas que salen al norte han hecho de México un país de migrantes. También explican el carácter permanente y progresivo de esta migración el crecimiento demográfico, la busca de mejores salarios y oportunidades de progreso, la creación de redes familiares y sociales, la integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá que se formalizó con el Tratado de Libre Comercio (TLC), y desde luego, la demanda estadounidense de mano de obra. Cada día es más claro que el desarrollo del país y su vecino del norte no podría explicarse sin tomar en cuenta la migración, como tampoco sería posible proyectar el futuro de México y Estados Unidos o de la relación bilateral sin dar al fenómeno migratorio el importante papel que juega al respecto.

La migración mexicana a Estados Unidos ha tenido un aumento considerable durante las últimas décadas. En los años sesenta salieron entre 260 mil y 290 mil personas, en tanto que en los setenta el saldo fue de entre 1.2 y 1.5 millones; en los ochenta, entre 2.1 y 2.6; y en los noventa, de alrededor de 3 millones [CONAPO]. En este dramático cambio, que incluye variaciones en la composición racial y de género, en edades, escolaridad y origen geográfico de las/los migrantes, influyeron además de los factores tradicionales antes mencionados, realidades contemporáneas como las crisis económicas iniciadas en los años ochenta y la agudización de la desigualdad y la pobreza extrema que trajeron las políticas de ajuste, privatización, recorte del presupuesto social, control de salarios, y la apertura comercial que ha tenido efectos devastadores sobre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios agrícolas. A esta lista habría que añadir entre los nuevos factores que han incidido en la migración el auge de la delincuencia y la inseguridad, así como el recrudecimiento de formas autoritarias y excluyentes en el ejercicio del poder.

En las últimas décadas, emigrar a Estados Unidos se ha convertido en la única oportunidad de sobrevivencia para millones de personas, sus familias y comunidades. Por ello, viajar al norte, cruzar la línea, escapar de las autoridades migratorias, encontrar trabajo, mantenerlo, incorporarse a la sociedad estadounidense y preservar la unión con quienes se quedaron en México se lleva a cabo anualmente por cientos de miles de indocumentadas e indocumentados en condiciones de alta vulnerabilidad. El abuso contra la dignidad y derechos de las/los migrantes es cotidiano y corre del país de origen al de destino. Lo mismo pasa y por causas similares con quienes llegan a México como trabajadores temporales o lo usan de tránsito en su peregrinaje a Norteamérica.

Perfil de las/los migrantes. Actualmente residen en Estados Unidos alrededor de 9.5 millones de personas nacidas en México, de las cuales entre 3 y 3.5 millones serían indocumentadas. A los estados tradicionales de la migración se han unido en los últimos años con importantes flujos estados como Puebla, Morelos, Hidalgo, Estado de México y el Distrito Federal. El mayor porcentaje de quienes emigran ya no procede del medio rural sino del urbano. A su vez, son alrededor del 10 por cinto las/los migrantes que en Norteamérica trabajan en el sector agrícola. El resto se emplea en el comercio, los servicios e industrias como la de la construcción, la avícola y la de empaque de carnes. De los mexicanos/as residentes en Estados Unidos 45 por ciento son mujeres, y en términos de edad, 13 por ciento de las/los migrantes son menores de 15 años, 70 por ciento se encuentran entre los 15 y 45, y 17 por ciento con más de 45. En cuanto a escolaridad, 74 por ciento de quienes tienen más de 25 años registran una escolaridad inferior a la preparatoria completa, 24 por ciento entre preparatoria completa y estudios de licenciatura, y 2 por ciento con licenciatura y estudios de postgrado. En relación al ingreso, 45 por ciento de las/los mayores de 16 años tienen ingresos inferiores a los 10 mil dólares anuales, 37 por ciento entre 10 y 20 mil, y 18 por ciento 20 mil o más. 35 por ciento de la población mexicana en Norteamérica vive en situación de pobreza, la que afecta principalmente a las indocumentadas e indocumentados recién llegados. En México, uno de cada diez hogares tiene un miembro con antecedentes de migración a Estados Unidos [CONAPO].

III – Discriminación y racismo. Los diversos rostros del abuso, la exclusión y la violencia contra las/los migrantes de México y en México.

1 - Balas de odio en Denver, Colorado.

A principios de junio de este año, un hombre de raza blanca disparó sobre trabajadores mexicanos en Rifle, Colorado, matando a cuatro e hiriendo a otros. Se sospecha que el motivo de los disparos fue racial. Acciones extremas como ésta son alentadas por fenómenos como la xenofobia y el racismo. Damos algunos ejemplos. En el primer lustro de los años noventa, el gobernador de California, Pete Wison, promovió junto con ex oficiales del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) y grupos antimigrantes la Propuesta 187 cuyo objetivo era negar educación y servicios sociales básicos a indocumentadas/os. En esos años, California sufría recesión económica y alto desempleo. Quienes impulsaban la Propuesta 187 aprovecharon el malestar de la población para culpar a las/los migrantes de los males que padecía California: falta de empleo, delincuencia, consumo de drogas, abuso de servicios públicos, déficit presupuestal, y contaminación del ambiente. El sentimiento xenofóbico que alimentó la campaña a favor de la 187 fue tal que la mayoría de los electores, incluyendo un buen porcentaje de latinos, votó a favor de la Propuesta en l994. Campañas similares tuvieron lugar en Norteamérica antes y después del voto sobre la Propuesta 187, como la de “English Only,” orientada a prohibir la educación bilingüe para niñas y niños migrantes. Una nueva versión de la 187 es la Propuesta 227, la cual establece que cualquier padre o tutor en California puede demandar a maestras/os y autoridades de las escuelas por no enseñar en inglés (La Opinión, 30 de agosto, 2001). Así mismo, en l996 el gobierno federal restringió el acceso de migrantes a programas de beneficio social. En períodos anteriores, por ejemplo, durante la recesión de los años treinta, fueron expulsados de Estados Unidos más de medio millón de mexicanas/os, muchos de ellas y ellos con residencia legal y ciudadanía. Una expulsión parecida tuvo lugar en la década de los cincuenta. Por otra parte, hasta los años sesenta, en el suroeste de la Unión Americana la palabra “Mexican” era sinónimo de inferioridad y se utilizaba como insulto contra las personas de piel morena.

Algo similar ocurría, y de raíces aún más profundas, con el uso de la palabra “nigger,” para referirse a los estadounidenses descendientes de las esclavas y esclavos traídos de África. Las comunidades inmigrantes judía, china, japonesa, árabe e incluso italiana y griega fueron víctimas por igual de actitudes xenofóbicas y racistas. Los propios inmigrantes irlandeses –pobres y sobre todo católicos- sufrieron la xenofobia, de manera particular durante las migraciones masivas que originó la hambruna en Irlanda a mediados del siglo XIX. La importancia de la raza en el campo de la migración quedó manifiesta en l790 con la promulgación de una ley que establecía que sólo los inmigrantes libres y blancos serían elegibles para la ciudadanía. Después de más de un siglo y medio en vigor, tal disposición fue abrogada por la ley Walter-McCarran de l952. Pocos países han utilizado tanto a las/los migrantes para su desarrollo económico y social como Estados Unidos. También, pocos han abusado tanto de ellas y ellos. A cada ola de migrantes ha correspondido un auge de actitudes xenofóbicas y racistas.

Actualmente, los sentimientos antimexicanos han disminuido en Norteamérica. Ello se explica por razones como las siguientes: A) Diversificación e importancia de las/los latinos. En la línea fronteriza con México la comunidad mexicana y de origen mexicano es la mayoritaria y ejerce, en consecuencia, un importante papel en la economía, la política, la educación y la cultura. De igual modo, en los estados del suroeste no sería posible gobernar y desarrollarse sin tomar en cuenta la participación de la comunidad mexicana y de origen mexicano. Algo similar sucede en otros estados y en ciudades de varias regiones norteamericanas. De acuerdo al censo del 2000, en l8 estados de la Unión Americana los latinos constituyen la primera minoría, y en términos relativos su crecimiento ha sido mayor en nuevos estados –Carolina del Norte, Arkansas, Georgia, Nevada, Iowa, Minnessota y Nebraska- que en los tradicionales –California, Texas o Illinois-. B) El voto. Un distintivo de las pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos fue la busca del voto latino, particularmente en importantes estados donde éste podría establecer la diferencia entre ganar o perder, como California, Texas, Illinois, Florida y Nueva York. Los candidatos presidenciales demócrata y republicano recurrieron a símbolos latinos y a la lengua española para dirigirse a las/los votantes de habla hispana, prometiéndoles responder a sus demandas. A la vez, el propósito del presidente Geroge W. Bush de lograr cambios sustantivos en la política migratoria hacia México tiene como contrapartida propuestas de congresistas demócratas que serían más generosas y comprensivas que las de la Casa Blanca. C) Los negocios. El mercado latino tiene un poder de consumo de alrededor de 500 mil millones de dólares. De ahí que las grandes compañías de bienes y servicios incluyan cada vez más publicidad en español. Por otra parte, un buen número de ciudades cuenta con periódicos, revistas, estaciones de radio y televisión en lengua española, y son conocidas las dos cadenas nacionales de televisión en español: Telemundo y Univisión. A la vez, la industria de la cultura –Holywood incluido- experimenta uno de sus campos más promisorios con las/los creadores latinos. Así mismo, el censo del 2000 señala que en l977 existían 1.2 millones de empresas latinas, las cuales generaron 183,300 millones de dólares en ingresos y emplearon a más de 1.3 millones de personas. El 73 por ciento de estas empresas se ubican en los estados de California, Texas, Florida y Nueva York. El 39 por ciento de las empresas latinas eran propiedad de personas de origen mexicano y mexicanas. D) La mano de obra. Empleadores del campo y la ciudad han tenido en los últimos años problemas para satisfacer sus necesidades de mano de obra barata. Por ejemplo, los empresarios del área de servicios, que emplean a 12 millones de trabajadores, crearon recientemente la Coalición de Trabajadores Esenciales cuyo objetivo es presionar a la Casa Blanca y al Congreso para que aumenten la contratación de “trabajadores huéspedes” y les otorguen, después de algunos años de trabajo y buen comportamiento, derecho a residencia permanente. E) La base sindical. Tradicionalmente opuestas a la migración indocumentada, las grandes centrales obreras han cambiado últimamente su posición. Esto se debe a que uno de los mayores sectores que entran al mercado laboral son inmigrantes, sobre todo latinos, y dentro de éste grupo, el mexicano sin documentos. Su condición de vulnerabilidad y el correspondiente deseo de organizarse para defender sus derechos ha convertido a las/los migrantes en un sector clave para el desarrollo de los sindicatos. De ahí que las centrales obreras coincidan ahora con las demandas de movimientos sociales y organizaciones civiles que defienden a las/los migrantes. F) Apoyo al sistema de seguridad social. Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal, anunció el año pasado que sin la entrada masiva de migrantes sería difícil controlar el empleo y salarios “inflacionarios” y, más que nada, mantener el sistema de seguridad social.

Sin embargo, justamente por razones como las anteriores, grupos xenofóbicos han aumentado su actividad. Para ellos, la gran “amenaza” a la Norteamérica sajona y a la unidad del país la representan las/los latinos, y más específicamente, las/los mexicanos, sobre todo al ver su crecimiento. El censo del 2000 dio a conocer que la comunidad mexicana llega a 21.5 millones de personas, de las cuales alrededor de 9.5 millones nacieron en México. En conjunto, la población latina suma 36.3 millones y tuvo un crecimiento demográfico en la década de los noventa de 57.9 por ciento, cuatro veces mayor al de la población estadounidense en general, siendo la mexicana la que más contribuyó a dicho crecimiento.

Grupos racistas en la Unión Americana hablan de llevar a cabo una “limpieza étnica” contra hispanos, parecida a la que hicieron con “los pieles rojas.” Dicen que es necesario detener la “invasión” de mexicanos sellando la frontera. La publicación Intelligence Report del prestigiado Southern Poverty Law Center, en Alabama, identificó a 602 “grupos de odio” en el año 2000. En l999 había identificado 457. Entre las principales organizaciones contra migrantes mexicanas/os el Centro identificó al Ku Klux Kan, American Immigration Control, National Organization for European American Rights, The Social Contract Press, Council of Conservative Citizens, Concerned Citizens of Cochise County (Arizona) y Arizonans for Immigration Reform. Son conocidas también las campañas desarrolladas en la Internet por rancheros de Arizona llamando a defender los Estados Unidos “cazando” migrantes. Completan esta lista de “odio” organizaciones “moderadas” y bien establecidas en el cabildeo y con amplio apoyo entre legisladores conservadores, como la Federation for American Immigration Reform, las cuales lograron que sus demandas para un estricto control en la frontera sur fuesen puestas en práctica por el gobierno de Bill Clinton a través de las Operaciones Guardián, Bloqueo, Salvaguarda y Río Grande, de las que se hablará más adelante.

2 - Captura y deportación selectiva de migrantes mexicanas/os.

Desde la creación de la Patrulla Fronteriza en los años veinte, la frontera con México ha sido la región escogida por las autoridades norteamericanas para ejercer el control migratorio contra indocumentadas e indocumentados. Sin embargo, se olvida que más del 50 por ciento de esta migración no cruza por la frontera mexicana. Actualmente existen alrededor de 8.5 millones de migrantes indocumentadas/os en Estados Unidos, siendo las mexicanas/os entre 3 y 3.5 millones. A pesar de ello, alrededor del 90 por ciento de las deportadas/os en las fronteras y el interior de la Unión Americana corresponde a mexicanas/os. De igual manera, la inmensa mayoría de los 9,400 agentes de la Patrulla Fronteriza operan en la frontera con México.

Además, teniendo como objetivo el control de esa frontera, el presupuesto anual del SIN se incrementó de l993 al 2000 en 300 por ciento, pasando de $1,500 millones de dólares a $4,800. Por otra parte, el mes de julio, el Presidente George W. Bush solicitó al Congreso un aumento de $75 millones en este presupuesto para el 2002 y otro tanto para el 2003. El dinero servirá para aumentar a 11,000 los agentes de la Patrulla Fronteriza y adquirir nueva tecnología a fin de detectar y capturar migrantes. “La combinación propuesta de tecnología de detención de intrusos y una cantidad sustancial de nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza le permitirá al SIN aplicar el imperio de la ley y mejorar la administración fronteriza en grandes porciones de la frontera,” señala el documento de la Casa Blanca enviado al Congreso. Afirma también que el aumento de presupuesto servirá para defender la seguridad de la nación contra “el crimen organizado, los traficantes de drogas y grupos terroristas.”

3 - Criminalización del migrante e impunidad.

Cada vez que el gobierno estadounidense pone en marcha “guerras” contra el tráfico de drogas y el terrorismo señala a la frontera con México como uno de los principales campos para combatir a quienes atentan contra la seguridad nacional y la salud de la población. De ahí que la Patrulla Fronteriza y demás fuerzas policíacas encargadas de la tarea sean consideradas como la primera línea de defensa de la nación. Uno de los efectos de estas “guerras” ha sido que las/los migrantes sin documentos que buscan cruzar la frontera norteamericana sean vistos como aliados reales y potenciales de los traficantes de drogas o grupos criminales. En consecuencia, su captura y deportación pasa de ser un trabajo rutinario y administrativo a una misión estratégica y patriótica.

La imagen del migrante como delincuente se refuerza con lo que se observa en la frontera: muros de hierro, alambradas, reflectores de alto poder, cámaras con rayos infrarrojos, torres de detección, radares, camionetas con sirenas, helicópteros, personal armado y perros amaestrados. Por ello, desde los tiempos de Ronald Reagan (l980-l988), académicas/os, periodistas y defensoras/es de migrantes han hablado de la militarización de la frontera con México, tanto por lo que ahí se hace como por lo que ahí se piensa.

En el contexto de la criminalización del migrante indocumentada/o y el patriotismo de quienes evitan su entrada a Norteamérica, el abuso y la propia muerte de migrantes por agresiones armadas de agentes de la Patrulla y de otras policías quedan impunes. Sus defensores argumentan que no es posible distinguir entre grupos de migrantes y bandas criminales de polleros, narcotraficantes o terroristas. Cuando no queda otra, se arguye que las/los migrantes se han hecho cada vez más agresivos, tiran piedras o cargan cuchillos y pistolas. De ahí que en prácticamente todos los casos, los jurados e instancias de vigilancia de la Patrulla y cuerpos policíacos terminen absolviendo a los agentes inculpados, más aún, reconociendo la heroica labor que realizan en defensa de la Unión Americana.

4 - Vulnerabilidad y negocio.

Las/los migrantes sin documentos son presa fácil de transportistas, hoteleros, delincuentes, empleadores, polleros, servidores públicos y policías en ambos lados de la frontera. La vulnerabilidad que trae consigo la condición de indocumentada/o y el control fronterizo han convertido a las/los migrantes en un lucrativo negocio para todos los que entran en contacto con ellas y ellos, así como para el gobierno estadounidense. Destacamos enseguida ganancias que las/los migrantes dejan al erario norteamericano y a los empleadores.

Setenta por ciento de las/los migrantes que residen en Estados Unidos tienen entre 16 y 44 años. En su gran mayoría, ellas/os y el resto de las/los migrantes que trabajan reciben bajos salarios, son muy productivas/os, mantienen con vida a pequeños y grandes negocios, renuevan viviendas y barrios, abaratan el precio de productos agrícolas para los consumidores y llegan a la Unión Americana sin que ésta haya invertido un dólar en su desarrollo. Además, las/los migrantes indocumentados carecen de seguro y prestaciones, pagan impuestos mas no reciben la devolución correspondiente, y buena parte de quienes regresan a México después de años de trabajo no reclaman pensiones a las que tendrían derecho. Sólo en el rubro de impuestos no devueltos y pensiones no pagadas a las/los migrantes mexicanos sin documentos, el gobierno estadounidense estaría quedándose anualmente con alrededor de 5 mil millones de dólares.

Por su parte, los empleadores de migrantes indocumentadas/os tienen ventajas como bajos salarios, alta productividad, pocas o nulas prestaciones sociales o gastos en salud aún en los casos de accidentes graves en el trabajo, mercado laboral flexible con poca o nula posibilidad de organización sindical, y en consecuencia, altas ganancias y mayor capacidad de ahorro y reinversión. A esto podría añadirse mayor competencia por los empleos que se ofrecen y la consiguiente baja de salarios, y la amenaza de despido o denuncia ante autoridades migratorias. En ocasiones, a fin de asegurar mano de obra barata, los empleadores de migrantes indocumentadas/os muestran disposición a otorgar mejores salarios y condiciones laborales, cuidando, no obstante, que los márgenes de derechos y prestaciones continúen siendo menores a las de los trabajadores con documentos o ciudadanía. Aún así, se podría afirmar que en el mercado laboral migrante, particularmente el indocumentado, priva la ilegalidad y la impunidad, junto a actitudes de discriminación y racismo. Si el migrante mexicano pobre y de piel morena quiere ser parte del “sueño americano,” debe pagar su cuota de explotación y abuso. Esto se manifiesta institucionalmente. Por ejemplo, de los más de 30 mil miembros del SIN sólo 300 revisan la aplicación de leyes laborales por los empleadores en los lugares de trabajo, mientras que miles se dedican a detener y deportar migrantes.

5 – “¡Sí se puede!”

La inmensa mayoría de las/los inmigrantes no están sindicalizados porque no saben que pueden hacerlo o no quieren y sobre todo, porque los empleadores no les dejan o les hacen sentir que ello podría terminar en su despido. Organizarse y sindicalizarse es difícil incluso para ciudadanas/os estadounidenses, de manera especial para quienes laboran en el campo. Si la legislación que permite la sindicalización de las obreras y obreros tiene serias deficiencias, en el caso de las/los trabajadores agrícolas la legislación en los estados de la Unión Americana es prácticamente inexistente, o bien, contraria a sus derechos laborales.

Tal es el caso de Pennsylvania. A pesar de ello, a mediados de los años noventa, alrededor de 500 trabajadores agrícolas puertorriqueños y migrantes mexicanos de la industria del champiñón en la región de Kenneth Square decidieron irse a la huelga como primer paso en su lucha por la sindicalización. Lograron el apoyo de organizaciones de trabajadores agrícolas, sindicatos locales, nacionales y de México, grupos de latinos, ONG, algunos políticos y reconocidos actores de Holywood. Los medios de comunicación de Philadelphia cubrieron la lucha y también lo hicieron cadenas nacionales de televisión hispana, y periódicos estadounidenses y mexicanos. Después de meses en huelga, amenazas y despidos, los trabajadores ganaron el voto por la sindicalización. La compañía para la que trabajaban, a la cual apoyaban empleadores de otros diez mil trabajadores del champiñón y abogados patronales, objetaron el recuento y se fueron a la Corte estatal. Los empleadores creyeron que alargando el conflicto legal, contratando rompehuelgas, manteniendo tácticas de intimidación y volteando a la opinión pública en contra de los trabajadores acabarían con el movimiento. Pero después de años de resistencia inspirada en la lucha de César Chávez, los trabajadores triunfaron. Junto al esfuerzo por sindicalizarse, los trabajadores migrantes tuvieron que enfrentar además prácticas discriminatorias en vivienda, educación, salud y recreación. Sin embargo, gracias al apoyo de parte de la población de Kenneth Square, también en ello se lograron avances.

Con todo, la lucha de Kenneth Square ha sido más bien la excepción que la regla. Actualmente menos del 7 por ciento de las/los trabajadores agrícolas está sindicalizado y en su gran mayoría las/los trabajadores viven o se mueven en sus propias comunidades. La segregación y explotación del trabajador migrante en ocasiones es extrema. En l999, después de intentos previos que no tuvieron resonancia, se logró poner en la atención pública el caso de migrantes mexicanos que trabajaban en condiciones de servidumbre para las industrias del huevo en el estado de Maine, junto a la frontera con Canadá. Lo apartado de la región, la inexistencia de redes sociales de apoyo y la poca supervisión gubernamental, fueron aprovechadas por los empleadores para violar las garantías mínimas de trabajo: salarios, horario de labores, pago extra, salud, vivienda, contratación y despido. Finalmente, y con fuerte presión de grupos promigrantes, el Consulado Mexicano de Boston tomó cartas en el asunto, consiguió el respaldo del gobierno federal en México y en una acción sin precedente llevó a los tribunales norteamericanos a las compañías que cometían abusos extremos contra los migrantes. El caso se ganó en primera instancia. Los empleadores apelaron y aún no hay resolución legal definitiva, pero la demanda permanece y toca al presente gobierno continuarla.

Otro caso de especial vulnerabilidad es el de los trabajadores “de las esquinas,” o day laborers, gente sin trabajo fijo que son empleados por algunas horas o días, y recogidos por empleadores en esquinas o lugares públicos. El 21 de agosto del año en curso, el diario Los Angeles Times publicó un reportaje señalando el uso de leyes de tránsito en Georgia para arrestar a estos trabajadores. Una de las razones aducidas por la policía es que “a mucha gente no les gusta su apariencia.” Los day laborers existen en varios estados de la Unión Americana. En California, a diferencia de Georgia, la Corte estatal determinó que la policía no podía arrestar a estos trabajadores ni castigar a quienes los emplean pues violaría el derecho constitucional de free speach.

6 – Derecho a votar y ser votadas/os.

Una de las consignas más populares en la lucha por la independencia de la Unión Americana ante la Gran Bretaña fue “¡No taxation without representation!” (no pagar impuestos sin representación política). Las y los migrantes mexicanos pagan impuestos al igual que las ciudadanas y ciudadanos de Estados Unidos, y en caso de guerra, tienen la obligación de servir en las fuerzas armadas si son requeridas y requeridos. A pesar de ello, no tienen derecho a elegir, siquiera, a las autoridades de las poblaciones y ciudades donde viven, a vigilar cómo se gastan y para qué los impuestos, o a ser votados para cargos de representación política. Por tal razón, en diferentes períodos de la lucha por los derechos de las/los migrantes mexicanas/os se ha levantado la demanda de votar y ser votados en elecciones locales y estatales. Lograrlo contribuiría a desarrollar la participación política de las/los migrantes, independientemente de que con el tiempo optasen o no por la ciudadanía. Les ayudaría también a ganar mayor respeto por parte de autoridades y de la sociedad.

Las/los migrantes de cualquier lugar del mundo ejercieron sus derechos políticos en la Unión Americana por más de un siglo, e incluso en los tiempo actuales algunas ciudades han restaurado su derecho a votar y ser votados sobre la base del “no taxation without representation,” y sobre todo, de la plena incorporación a la comunidad en donde viven y a la que sirven. Propuestas como la 187 en California probablemente no habrían conseguido mayoría de haber tenido las/los migrantes residentes en California derecho al voto, aunque por otra parte, esta medida motivó a un buen número de ellas y ellos a conseguir la ciudadanía estadounidense.

A la vez, las ciudadanas y ciudadanos mexicanos que han emigrado a Estados Unidos u otros países tampoco tienen derechos políticos en su país de origen. Desde el siglo XIX y especialmente durante el período de la Revolución Mexicana han existido movimientos para que éstos sean reconocidos. Mas fue desde las elecciones presidenciales de l988 cuando el movimiento a favor del voto y la representación política de las mexicanas y mexicanos en el extranjero ha logrado históricos avances.

En l996, el Congreso federal aprueba la “No pérdida de nacionalidad,” o “doble ciudadanía” como es conocida, y el derecho al voto. Juntas, ambas reformas legislativas sentaron las bases para hacer efectivos a través de leyes secundarias los derechos políticos de las/los mexicanos en el extranjero. Hacerlo colocaría a México a la par de naciones de América Latina y otras regiones, y más que nada, contribuiría de singular manera a dar forma en la arena política a realidades como la pertenencia, ciudadanía, pueblo y nación más allá de los fronteras geográficas. A pesar de legítimas dudas y temores al respecto, el ejercicio pleno de los derechos políticos para las mexicanas y mexicanos en el exterior inaugurará una promisoria etapa en el desarrollo democrático y justo del país, en el reconocimiento a la dignidad de las/los migrantes, y en un nuevo enfoque de la relación México-Estados Unidos.

En buena medida el adelanto logrado por las/los migrantes en el terreno político y social, particularmente en Estados Unidos, se debe al histórico movimiento por los derechos civiles y contra la discriminación que encabezó la comunidad afroamericana durante las décadas de los cincuenta y sesenta. De esta lucha se nutrió e hizo su valiosa aportación a la misma el movimiento por igualdad y justicia del pueblo chicano, el cual encontró en César Chávez a su líder más conocido y respetado.

Raza y clase han fundamentado la solidaridad de comunidades como la afroamericana, latina, asiática, indígena y migrante. Con todo, esta solidaridad ha tenido bajas y altas a nivel nacional y local debido a la cultura norteamericana de dividir a la población por “mayoría blanca” y “minorías,” y dentro de éstas, por raza, origen nacional y étnico, ciudadanía y estado migratorio. Ello provoca que los sectores o comunidades “minoritarias” frecuentemente luchen por su adelanto de manera separada o cerrada, no obstante compartir problemas, demandas y anhelos.

Al respecto, es preocupante en estos tiempos que el ascenso de la población latina a “primera minoría” sea vista como un desplazamiento de la comunidad afroamericana, y no, como la oportunidad para convertir a las/los latinos en el centro de convergencia multiracial y étnico, en función de sus ricas y variadas raíces. La población latina no tendría sustento alguno para separarse o cerrarse por criterios de raza, etnia y estado migratorio del resto de las “minorías.” Por el contrario, a la comunidad latina, y particularmente a su componente chicano y mexicano, correspondería continuar la lucha por igualdad y justicia sin fronteras de ninguna clase. Esto es, con apertura y solidaridad hacia el resto de la población estadounidense que demanda un mejor futuro, incluido el sector de raza blanca formado por pobres y trabajadoras/es.

7 – Indígenas migrantes.

Además de las redes iniciales que se originaron con el Programa Bracero, una fuerte corriente de migración indígena a la Unión Americana tiene su origen en las rutas de los jornaleros agrícolas del sur al noroeste del México, particularmente al estado de Baja California. En el país existen entre 3 y 3.4 millones de jornaleros agrícolas, siendo un millón de ellas y ellos, jornaleros migrantes. Éste es el grupo más desprotegido. Sufre explotación y marcada exclusión social en los lugares donde trabaja y para lograr un ingreso familiar de sobrevivencia, hombres, mujeres y niñas/os entran a la fuerza laboral.

En Estados Unidos residen alrededor de 250 mil indígenas migrantes que proceden de estados como Puebla, Hidalgo, Michoacán y sobre todo Oaxaca. Además de xenofobia, padecen actitudes racistas por parte de la población anglosajona, la latina e incluso de la mexicana no indígena. El aumento de esta migración se registra desde los años ochenta y ha crecido en los últimos años no sólo a causa de las redes familiares y comunitarias, sino también por la caída de los precios en el mercado de productos como el café, la caña, el tabaco, la naranja, el cacao y el henequén, así como por deterioro ecológico, caciquismo, conflictos sociales y falta de servicios. En la última década, aumentó el componente indígena de los flujos migratorios al exterior. En la actualidad constituye el 10 por ciento [Instituto Nacional Indigenista].

La diferencia de este sector de la migración con los otros es la pertenencia a un pueblo, a una “ciudadanía” indígena con sus usos y costumbres, derechos y obligaciones comunitarios, y en consecuencia, diferente también por los fuertes vínculos transnacionales de carácter cultural, social, económico y político entre las comunidades de origen y las de destino. La expresión organizativa más clara al respeto es el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional. Consciente de la extrema vulnerabilidad del jornalero y del migrante indígena, el Frente fue creado para proteger y promover sus derechos, así como para impulsar la preservación de su cultura, educación, adelanto económico y representación política, sobre la base de usos y costumbres en el contexto de la migración interna y la que sale a Estados Unidos. El concepto de “comunidades transnacionales” tiene con los indígenas migrantes una de sus expresiones más sólidas y ricas.

8 – Entrada de niñas y niños al flujo de la migración.

Por lo general, los migrantes con residencia en Estados Unidos, sobre todo los que cuentan con documentos, buscan llevarse a su familia si son casados, o contraer matrimonio en México y hacer lo mismo. Aunque regularizar a la familia es difícil y lleva tiempo, el gobierno norteamericano, bajo presión de las/los migrantes y de grupos que los apoyan, ha establecido como una de sus políticas migratorias facilitar la reunificación familiar. Con todo, un buen porcentaje de los migrantes de hoy se adelantan al proceso administrativo y se encargan ellos mismos de la reunificación con sus esposas, hijas e hijos. Esto los obliga a llevarlos a la Unión Americana sin permiso. De manera similar proceden quienes carecen de documentos para residir en Estados Unidos. Además de este tipo de entrada, las/los menores ingresan por sí mismos en el flujo migratorio al participar en la cultura de la migración, es decir, emigrar como etapa “natural” en su desarrollo, formar parte de una comunidad transnacional y entrar al mercado de trabajo y a la vida “adulta.”

Cerca de 150 mil menores intenta cruzar a Estados Unidos anualmente. Unos 60 mil no logran hacerlo y son deportados. Una tercera parte de quienes intentan el cruce lo hacen sin la compañía de familiares o con polleros [DIF]. En los últimos años, el Proyecto Interinstitucional de Apoyo a Menores Fronterizos, coordinado por el DIF y UNICEF, ha dado albergue en centros del DIF y de organizaciones civiles que participan en el Proyecto a un promedio anual de 8 mil menores, la mayoría entre los 14 y 17 años. El sector de menores migrantes tiene un comportamiento de adultos. Mas a pesar de ello, estas/os jóvenes continúan siendo menores, tanto en sentido legal, como en varios aspectos de su vida y relación con el mundo. Por ello, su vulnerabilidad es mayor que la de los adultos, desde enfrentar psicológicamente los riesgos de la migración, hasta el trato que reciben por parte de quienes tienen como negocio explotar a los migrantes y abusar de ellas y ellos en ambos lados de la frontera.

9 – La presencia de la mujer en la migración a Estados Unidos.

La idea tradicional del migrante es la de un hombre joven, de zonas rurales y con baja escolaridad. Ello no corresponde con la realidad actual del flujo migratorio. Las/los migrantes proceden en su mayoría de centros urbanos, cuentan con escolaridad superior a la primaria, y un importante porcentaje es de mujeres.

El aumento de la mano de obra migrante y dentro de ella la feminización de la migración son fenómenos mundiales. En l995, 48 por ciento de las/los migrantes internacionales eran mujeres que emigraban no sólo por motivos de reunificación familiar, sino también para ingresar al mercado laboral. Para el caso de México, entre los años l995-2000, 26 por ciento en promedio de las personas que salieron a Estados Unidos fueron mujeres [Colegio de México]. Por otra parte, en l998 y l999, el SIN reportó un promedio anual de 112 mil deportaciones de mujeres en la zona fronteriza. De ellas, 54 por ciento tenían entre 12 y 24 años, y el 80 por ciento había cursado la primaria o tenía más años de escolaridad. Un 28 por ciento de las mujeres intenta cruzar con niñas y niños [CONAPO]. Entre l998 y 2000, de las mujeres que cruzaron la frontera como indocumentadas, 56 por ciento eran solteras, 39 por ciento jefas de familia y 87 por ciento provenían de las zonas tradicionales de origen de la migración [Colegio de la Frontera Norte, “Encuesta sobre migración en la frontera norte de México, l998-2000”].

En l999 de los 8 millones de migrantes mexicanas/os que residían en Estados Unidos 3.6 millones eran mujeres y 34 por ciento de ellas vivían en hogares situados bajo la línea de pobreza [CONAPO]. No obstante leyes y normas sobre la igualdad de la mujer, las trabajadoras migrantes mexicanas al final de los años noventa recibían mensualmente de salario hasta $250 dólares menos que los hombres, y 87 por ciento carecía de prestaciones sociales. Al igual que en otras áreas, la vulnerabilidad que trae consigo el fenómeno de la migración se recrudece con el hecho de ser mujer, sobre todo siendo indocumentada e indígena.

La presencia e importancia de la mujer en el fenómeno migratorio no pueden ya ser ignoradas. El enfoque de género en este campo es imprescindible para entender y atender los costos y beneficios de la migración, y en consecuencia establecer las políticas y programas de beneficio a la mujer migrante y del migrante, así como de respeto a sus derechos. Esto último es de particular importancia al tomar en cuenta hechos que violan de manera extrema su dignidad, como la trata de mujeres migrantes. Por ejemplo, en los últimos meses se hizo público el caso de jóvenes mexicanas que con engaños de buen empleo y mejor vida por parte de enganchadores fueron llevadas a los campos agrícolas de Florida y Carolina del Sur y obligadas a dar servicio sexual a los trabajadores. Vivían ellas en práctica servidumbre y en condiciones de grave riesgo a su salud. Debían pagar a los empleadores $2,000 dólares por costos del “cruce” usando parte de los $3 dólares que recibían por cada cliente. Este caso fue llevado a la Corte, mas se sabe que hay otros similares que no se han hecho del conocimiento público o no han terminado en los tribunales.

En general, existe poca documentación sobre la trata de mujeres migrantes en México, mas al parecer está en curso una investigación sobre el tema auspiciada por la Universidad DePaul de Chicago y la Organización de Estados Americanos. De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, alrededor de cuatro millones de personas en el mundo, en su gran mayoría mujeres, niñas y niños, son víctimas de la trata para obligarlas a trabajos forzados o la prostitución.

A Estados Unidos ingresan cada año alrededor de 50 mil mujeres, niñas y niños víctimas de la trata.

10 – Las que se quedaron de este lado. Esposas e hijas/os de migrantes.

Generalmente se cree que la migración a Estados Unidos es buena. Da empleo y mejores salarios a las/los migrantes, mejora la vida de sus familias y comunidades, contribuye a evitar conflictos sociales, mantiene vivos a sectores de la economía y es una valiosa fuente de divisas para el país. Parecería un juego donde todos ganan. Sin embargo, poco se piensa en los costos de la migración, que van desde la pérdida de recursos humanos hasta la desintegración familiar. Ésta se agudiza en el caso de las/los migrantes sin documentos, quienes enfrentan el riesgo y costo de ingresar nuevamente a Estados Unidos si deciden venir a encontrarse con la familia. Pero aun cuando los migrantes tienen papeles, mandan dinero a su casa, mantienen frecuente comunicación con la familia y la visitan una o dos veces por año, hay problemas. De acuerdo a un estudio realizado este año por el Consejo Estatal de Población de Michoacán con familias migrantes del estado en ambos lados de la frontera, la separación del esposo deja con mayores responsabilidades a las mujeres. Además de continuar con el trabajo del hogar, se hacen cargo de la educación y salud de los hijos/as, de la economía familiar y del cuidado de tierras y animales domésticos. Por otra parte, las esposas y mujeres adolescentes deben sobrellevar su soledad padeciendo frecuentemente acoso sexual, violaciones, abusos y chismes. Cuando las esposas van a vivir con sus hijas/hijos a la casa de sus padres o suegros, son comúnmente víctimas de abuso y acoso sexual por “arrimadas” o “abandonadas.” Todo esto produce enfermedades mentales que casi nunca se tratan, sea por considerarse “naturales,” o porque no hay en la comunidad quien las atienda. Hijas e hijos que se quedan pasan por circunstancias similares. El panorama es dramático cuando quienes emigran duran años en volver, se olvidan de quienes dejaron atrás o terminan viviendo con otra mujer en Estados Unidos. Conclusiones similares a éstas tiene el trabajo de campo que ha realizado el Programa de Jóvenes en Riesgo de Emigrar, a cargo del DIF de Zacatecas. A su vez, la serie de seis capítulos de Canal Once TV, México tierra de migrantes, transmitida el año pasado, ofrece varios testimonios sobre el costo de la migración para las esposas e hijas/os de los migrantes.

Un costo particularmente doloroso es la transmisión del virus del Sida a novias, esposas o hijos de los migrantes, sea porque éstos no saben que están infectados por el virus, sabiéndolo no se atreven a decirlo, diciéndolo no les creen, creyéndoles no se cuidan, y queriendo cuidarse no lo logran o no existen los medios para hacerlo. En la actualidad, 10 por ciento del total de casos reportados de Sida tienen antecedentes de residencia en Estados Unidos o de contacto sexual con quienes residen en ese país. [Suplemento Letra “S”, La Jornada, 4 de noviembre, 2000] El dato al respecto aparecido en El Universal el 30 de noviembre del 2000, con base en un reportaje del diario Los Angeles Times, es todavía más alto: el 30 por ciento de las personas infectadas por el virus lo contrajeron en Estados Unidos y lo transmitieron a sus familias.

Si la atención del gobierno mexicano a las/los migrantres en Estados Unidos, no obstante progresos en los últimos años, es deficiente, la que se da a sus familias en México lo es más todavía.

Remesas. El año pasado las/los migrantes enviaron a México alrededor de seis mil quinientos millones de dólares, sin contar lo que trajeron de visita al país o enviaron con amigos y familiares. Para este año se calcula que las/los migrantes mandarán alrededor de diez mil millones, aumento que de hacerse realidad podría deberse a factores como el mayor número de migrantes, a una baja de alrededor de 30 por ciento en los costos de envío y, en consecuencia, a una mayor confianza en las compañías de remesas, las que en vista de un mercado altamente lucrativo han crecido a más de 150. Con todo, Bancómer y Western Union aún conservan alrededor del 60 por ciento del mercado, el que en su totalidad deja anualmente ganancias mayores a los 500 millones de dólares [Oficina Presidencial de Atención a Mexicanos en el Exterior]. En los últimos años, los Consulados mexicanos, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, han dado a conocer a las/los migrantes listas comparativas de precios de envío que cobran las compañías a fin de que escojan la que más les convenga.

Por otra parte, sólo 93 de los 2,443 municipios del país no están ligados a la migración, sea por vía de las remesas o por migrantes. 450 de los municipios con alta migración dependen de las remesas para su desarrollo. De los 23 millones de hogares en el país, 1.3 está vinculado a las mismas [CONAPO]. Siete de cada diez receptoras/es son mujeres. 80 por ciento de las remesas se usan en consumo de bienes básicos, entre 15 y 17 por ciento en salud, educación, vivienda y obra social y un 3 por ciento van al ahorro y proyectos productivos. Las remesas corresponden en promedio al 15 por ciento del ingreso de las/los migrantes y fluctúan entre los $250 y $300 dólares mensuales. Las remesas constituyen el más importante y efectivo programa de solidaridad en México. Sin ellas, habría sido más difícil y tardada la recuperación de la macroeconomía, y más graves el deterioro y los conflictos sociales. Las remesas representan cerca de la mitad de la inversión extranjera directa y el tercer ingreso de divisas al país, después de las exportaciones petroleras y el turismo. En gran medida la conciencia de las/los migrantes sobre la importancia que tiene para México el dinero que envían ha fundamentado las demandas de respeto a sus derechos, participación en los asuntos que afectan su vida y la de sus comunidades de origen, el ejercicio del voto y la representación política. De manera similar, las remesas fueron un elemento clave para que los gobiernos federal y estatales comenzaran a reconocer el importante papel que juegan las/los migrantes en el desarrollo del país, e incluso, para ver en ellas y ellos agentes generadores de proyectos productivos. El mes de julio de este año, un exitoso migrante de Puebla con residencia en la ciudad de Nueva York inició en 21 municipios pobres de su estado un proyecto de inversión en maquiladoras por 22 millones de dólares, que se espera creen un promedio de 350 empleos en cada municipio. Proyectos como éste servirán para analizar la capacidad de inversión de las/los migrantes, así como el impacto de la misma en mejorar las condiciones y calidad de vida de las poblaciones receptoras de la inversión, y en la migración al norte.

11 – La otra migración. La frontera sur.

La insurgencia armada en varios países centroamericanos durante las décadas de los setenta y ochenta y la intervención militar estadounidense en la región dieron lugar a un inusitado flujo de migrantes y refugiados hacia Norteamérica. Ellas y ellos multiplicaron las redes sociales entre sus países de origen y el de residencia, lo que aunado a crisis económicas, programas de ajuste y desastres naturales ha dado como resultado un flujo permanente y creciente de migrantes centroamericanas/os a los Estados Unidos.

Con todo, la migración indocumentada centroamericana entró a un período crítico en la frontera sur de México a causa de las medidas de control estadounidense en la frontera norte iniciadas en l994. Entre las nuevas condiciones de esta migración se encuentran las siguientes: A) disparo del pago a polleros (un migrante de China o la India paga entre 50 y 60 mil dólares; de Latinoamérica, entre 5 y 10 mil; y de Centroamérica, entre 2 y 3 mil [Instituto Nacional de Migración –INM-]; aumento correspondiente en las mordidas que polleros o los migrantes pagan a autoridades de los países de tránsito; proliferación de bandas delictivas que asaltan a las/los migrantes y de grupos que abusan de ellas y ellos; trata de mujeres y menores; y fuertes presiones estadounidenses a los gobiernos de la región, de manera especial al mexicano, para detener con apoyo de las fuerzas armadas y policías federales, estatales y locales el flujo de migración indocumentada en ruta a Norteamérica. De ahí que hoy sea la frontera sur de México, y no la norte, la que presenta los efectos más negativos y dramáticos de la migración carente de documentos. Las medidas de control fronterizo estadounidense agravaron el costo del cruce en la frontera norte y terminaron reproduciéndose en condiciones de mayor vulnerabilidad para las/los migrantes en la frontera sur.

Este año, medios de comunicación mexicanos y extranjeros han dado cuenta de la actividad de los polleros en la frontera sur y de los nuevos obstáculos y abusos que enfrentan las/los migrantes en esa región. A la vez, organizaciones sociales y civiles fronterizas y de centroamérica han estado llamando la atención de la opinión pública y de los gobiernos del área para atender el serio deterioro del respeto a la dignidad y derechos de las/los migrantes en tránsito a Norteamérica, de quienes vienen a trabajar a México, y de las/los que se quedan atoradas/os en la frontera o son obligadas/os a hacerlo.

Según datos del INM, las estadísticas de detenciones de migrantes indocumentadas/os en los años l999, 2000 y lo que va del actual, corresponde a centroamericanos y ecuatorianos en un 95 por ciento en el siguiente orden: nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Ecuador. El resto lo forman migrantes de Asia, África y Europa. En l999 se detuvo en México a 131,486 migrantes indocumentadas/os; en el 2000, a 168,765; y este año se espera detener a cerca de un cuarto de millón. Existen en el país alrededor de 100 bandas de traficantes de personas, de las cuales el 90 por ciento opera en la frontera sur. Las autoridades migratorias han hecho del combate a estas bandas una prioridad estratégica, por lo que han solicitado el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal Preventiva (PFP) y Secretaría de Relaciones Exteriores. Las Fuerzas Armadas también combaten el tráfico humano. Como la frontera de México con Guatemala y Belice tiene cerca de mil kilómetros de extensión, la estrategia del INM para detener polleros y migrantes estará centrada en el cuello que forma el Itsmo de Tehuantepec.

Para el INM el tráfico de migrantes constituye después del tráfico de drogas el mayor problema a la seguridad nacional. A su vez, de acuerdo al estudio “Delitos contra la Ley General de Población,” realizado este año por la Subprocuraduría B de Procedimientos Penales de la PGR, el tráfico de indocumentadas/os en México es la cuarta actividad ilícita más redituable, después del tráfico de drogas y armas y los delitos patrimoniales (La Jornada, 28 de julio).

La agudización de obstáculos para cruzar a Norteamérica está creando actitudes antimigrantes y xenofóbicas entre autoridades y grupos de la población en México. Por ejemplo, es común la referencia al término “indocumentados” para referirse a migrantes mexicanas/os y al de “ilegales” para designar a las/los de otra nacionalidad. A la vez, mientras que se denuncia la criminalización de los migrantes mexicanos y mexicanas, así como la militarización de la frontera norte, ello se hace de manera creciente con las indocumentadas/os de otros países y con la frontera sur. En las propias ciudades de la frontera norte, las cuales resienten la presencia masiva de migrantes, las ideas y actitudes hacia ellas y ellos, sean de México o de otra nación, comienzan a ser negativas y fundadas en estereotipos. Un ejemplo al respecto lo dio un alto funcionario de la PGR al declarar que la presencia de migrantes extranjeras/os en México “provoca inseguridad, muertes, prostitución y corrupción, toda vez que estas personas hacen lo que sea con tal de sobrevivir.” (La Jornada, 28 de julio, 2001). A la vez, las autoridades migratorias han establecido las “nacionalidades de riesgo” que demandan mayor escrutinio y vigilancia: colombiana, salvadoreña, peruana, china, rusa e irakí.

Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, la vigilancia del INM sobre migrantes indocumentados o en condición irregular se ha incrementado, particularmente en el caso de las/los nacionales de Irak. El 19 de septiembre, el periódico Milenio Diario reseñó la vista de un grupo de diputados al centro de aseguramiento del INM en Ixtapalapa, destacando el aumento de irakíes asegurados y los reclamos que tienen contra las autoridades migratorias y las condiciones en que viven en dicho centro. Días más tarde, el grupo de ciudadanos de Irak y otros migrantes fueron trasladados a Campeche. Al parecer, ninguno de los irakíes será deportado.

Por otro lado, organizaciones promigrantes de México y Estados Unidos han denunciado que el gobierno norteamericano exige al mexicano encargarse del “trabajo sucio” contra las/los migrantes, así como hacer del Plan Puebla Panamá una barrera “amable” creando maquiladoras que contengan la migración. De esta manera, la frontera sur de Norteamérica se “recorrería” en términos de control migratorio al sureste mexicano. Al respecto, La Jornada publicó el 4 de agosto declaraciones de Ministros Nicaragüenses de visita en México. Según ellos, los gobiernos de México han perdido la perspectiva tradicional hacia Latinoamérica dándole prioridad a hacer negocios en la región y frenar así el éxodo a Estados Unidos. Uno de los Ministros expresó que la frontera con la Unión Americana no es el Río Grande, “sino que comienza en Chiapas y termina en el Río Bravo, o sea que la verdadera frontera no son los Estados Unidos de América, sino los Estados Unidos Mexicanos.” A la vez, diplomáticos de Guatemala han expresado que el trato preferencial que con toda justicia México demanda de Estados Unidos en migración lo niega a su vecino y socio del sur. “Para un guatemalteco es más fácil conseguir una visa para Estados Unidos que para venir a México, a pesar de los grandes vínculos que tenemos” (Reforma, 9 de septiembre de 2001).

12 – Trabajadoras y trabajadores migrantes en la frontera sur.

La migración de trabajadores agrícolas a los campos de Chiapas es antigua. No así, por lo menos en su volumen y características, la de trabajadoras y trabajadores migrantes a las ciudades del estado. Se hace a continuación una breve reseña de ellas y ellos, y de las condiciones en que laboran, teniendo como base información proporcionada por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con sede en Tapachula.

Alrededor de 150 mil trabajadores agrícolas migrantes que vienen principalmente de comunidades indígenas guatemaltecas son contratados por empleadores chiapanecos para el trabajo en el café, plátano, piña, cacao y caña. Aunque se contrata sólo a hombres, es conocida y creciente la participación de mujeres y menores. Cuando éstos tienen 14 años de edad o más, se les toma como adultos y reciben contrato. No obstante la condición legal y contrato laboral que se otorga a los hombres, los abusos contra ellos y sus familias son frecuentes. Entre los más comunes estarían: despido injustificado, retención de salarios y documentos, largas jornadas laborales, maltrato y discriminación racial. Además, condiciones inadecuadas en vivienda, comida, salud y pago de transporte hacia los lugares de trabajo o de retorno a las comunidades de origen.

En los centros urbanos como Tapachula destaca el trabajo que desempeñan mujeres migrantes en el servicio doméstico. Alrededor del 90 por ciento de las trabajadoras en este servicio son de Guatemala, y el resto, de Honduras y Nicaragua. Un buen porcentaje de ellas son menores de edad. Las trabajadoras ganan menos de $1000 pesos al mes y son víctimas de abusos como largas jornadas laborales seis días a la semana, falta de seguro médico, maltrato físico y verbal, despido injustificado, retención de salario o no pago del mismo, fabricación de delitos, amenazas de entregarlas a las autoridades migratorias por ser indocumentadas, acoso sexual y discriminación racial.

Con mayor vulnerabilidad se encuentran las mujeres migrantes e indocumentadas que trabajan de manera voluntaria, o bien, engañadas y forzadas en bares y prostíbulos. Una encuesta aplicada a 400 de estas mujeres en Tapachula y Ciudad Hidalgo arrojó datos como los siguientes: tienen entre 14 y 25 años de edad; vienen de Guatemala 40 por ciento, de Honduras, 35 por ciento, de El Salvador, 24 por ciento, y 1 por ciento de otros países; y sufren maltratos como extorsión de autoridades sanitarias, abuso sexual de policías a cambio de no ser deportadas, condiciones de servidumbre, violencia de empleadores y clientes, embarazos no queridos, abortos clandestinos y discriminación racial.

13 – Explotación sexual de niñas y niños en las fronteras norte y sur.

En octubre del año pasado se publicó el estudio Infancia robada dirigido por Elena Azaola y patrocinado por UNICEF, DIF y CIESAS. En la página 19 se dan a conocer los objetivos del estudio: “1) identificar la naturaleza, la extensión y las causas de la explotación sexual comercial de niñas y niños en las ciudades seleccionadas; 2) identificar las formas de reclutamiento, los modos de operar y el traslado y el traslado de niños de una región a otra por parte de quienes los explotan; 3) colaborar estrechamente con las autoridades locales y nacionales para recabar la información que se requiere y para que, a partir de ésta, puedan diseñarse las políticas que permitan enfrentar el fenómeno y brindar una mayor protección a los niños.”

Entre los datos relevantes del estudio se encuentran los que se refieren al número de niñas y niños sujetos a explotación sexual en ciudades fronterizas: Tapachula, 600; Tijuana, 900; Ciudad Juárez, 800 y el grupo de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Agua Prieta y Nogales, 700. La gran mayoría de estas niñas y niños tiene relación con los flujos migratorios. De ahí que siendo varias las razones para explicar el fenómeno de la explotación sexual comercial de menores, una de las principales sería justamente su condición de indocumentadas/os. En unión con la familia o separadas/os de ella, las niñas y niños son engañados con promesas de empleo y mejor vida por quienes se dedican al tráfico de migrantes y las/los obligan a trabajar en condiciones de servidumbre.

14 – Morir en la línea. Muertes de migrantes en las fronteras norte y sur.

Morir en el intento de cruzar fronteras es un riesgo que han asumido desde siempre las/los inmigrantes sin documentos en las fronteras sur y norte del país. Sin embargo, lo que era una lejana posibilidad, se ha convertido en los últimos años en una cercana probabilidad. El 18 de marzo de este año el diario The New York Times publicó un amplio reportaje que establecía la correlación entre el dramático aumento de muertes en la frontera estadounidense con México y la puesta en práctica desde l994 de las Operaciones de control migratorio en la zona fronteriza Guardián, Bloqueo, Salvaguarda y Río Grande. Igual fue el resultado de un estudio de la Universidad de Houston dado a conocer a principios de año. Si alguna duda quedaba al respecto, la Contraloría General del Congreso de EU (GAO por sus siglas en inglés) concluyó lo mismo: existía correlación directa entre aumento dramático de muertes de migrantes con puesta en marcha de programas de control fronterizo, sin que a la vez, haya disminuido significativamente el flujo migratorio. El propio Presidente Vicente Fox señaló en el discurso dirigido al Consejo Nacional de la Raza en su convención anual celebrada en Milwaukee el pasado 17 de julio, que “Estados Unidos, como cualquier otra nación soberana, tiene el derecho y el deber de regular quién entra a su territorio. No obstante, cuando esto lleva a cientos de muertes al año, cuando la gente trata de cruzar la frontera para llenar vacantes de empleos disponibles y abundantes, significa que, sin lugar a dudas, existe un problema. Las actuales políticas no sólo no han logrado reducir la migración indocumentada de México, sino que han fomentado un peligroso e incluso mortal mercado negro en la migración.”

De acuerdo a la ONG American Friends Service Committee, que documenta el abuso contra migrantes por autoridades norteamericanas en la frontera, las muertes se han incrementado en un 600 por ciento. Con anterioridad a l994 morían algunas decenas de migrantes, en tanto que desde entonces prácticamente una/o muere cada día. De enero a julio del año en curso se han registrado más de 220 muertes por insolación, deshidratación, hipotermia, ataques de alimañas, y asfixia en agua. Mueren más hombres que mujeres, aunque éstas en ocasiones sufren la pena extra de estar embarazadas.

Según organizaciones fronterizas que defienden a las/los migrantes, de l994 a la fecha han muerto más de 1,600 de ellas y ellos. Cifra superior a las/los caídos en el Muro de Berlín durante toda su existencia, a los condenados a muerte en Estados Unidos durante la última década, a las víctimas de la violencia política en Chiapas desde el levantamiento armado del EZLN, y a los desaparecidos por motivos políticos en México desde l968. Nunca antes los programas norteamericanos de control fronterizo habían sido tan inhumanos y letales. En los hechos, parecen haber revivido la “selección natural” a que fueron sometidos en su penoso viaje las/los esclavos de África: la sobrevivencia de las/los más jóvenes, fuertes y diestros.

En el mes de agosto del año en curso, el gobernador de Baja California firmó un decreto declarando zona de alto riesgo una vasta zona fronteriza donde se autoriza a la fuerza pública a impedir el paso de migrantes. Según el gobernador, la medida tiene como finalidad evitar la muerte de indocumentadas/os. Sin embargo, la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos y organizaciones civiles han señalado que el decreto viola la Constitución y que tendrá efectos contraproducentes al obligar a las/los migrantes a ingresar por lugares aún más apartados y peligrosos.

Independientemente de que el gobierno federal haya acordado o no esta medida de control con el gobierno de Baja California, la observará para analizar la conveniencia de reproducirla en otros estados fronterizos, previsto que no viole la Constitución. Aún así, lo hecho en ese estado fronterizo será visto por las organizaciones de migrantes como parte “no pública” del paquete de acuerdos con Estados Unidos, y sobre todo, como un cambio substancial en la política migratoria de México. A la vez, el gobierno estadounidense se interesaría en que esta medida de control por parte de autoridades mexicanas se extienda a los demás estados fronterizos.

Por otro lado, y en una acción sin precedente, el primero de mayo las organizaciones civiles California Rural Legal Foundation de California y American Civil Liberties Union de San Diego iniciaron un juicio contra Estados Unidos por las muertes ocasionadas en la región de California por la Operación Guardián ante la Corte de Derechos Humanos de la OEA. Según estas organizaciones, el gobierno estadounidense tiene facultad soberana para decidir quién entra al país, excepto cuando las medidas para hacerlo llevan directa e indirectamente a la muerte de migrantes, y cuando el gobierno ha aceptado en calidad de ley suprema acuerdos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta Convención establece los derechos a la vida y la seguridad de toda persona y la consiguiente obligación de los Estados signatarios de respetarlos y promoverlos. Las organizaciones demandantes sostienen que Operación Guardián viola la letra y el espíritu de la Convención Americana.

Las consecuencias de las medidas estadounidenses de control han llegado a la región sur de México. En la práctica, ésta se ha convertido en la primera línea de contención de migrantes en tránsito a Norteamérica. Por obligación legal y sobre todo por presiones del gobierno estadounidense, México ha hecho de la detención y deportación de migrantes indocumentadas/os la prioridad de la política migratoria interna. De la frontera con Guatemala y Belice al Istmo de Tehuantepec el control es ahora mucho más estricto, lo que ha elevado la vulnerabilidad de las/los migrantes sin documentos, incluyendo el riesgo de morir por actos de violencia o en accidentes originados por las precarias condiciones en que viajan las/los migrantes o las que imponen los polleros. En l999 murieron 102 migrantes en la frontera sur, en el 2000, 136 y de enero a agosto de este año, 82 [INM]. Sin embargo, de acuerdo a un reportaje del diario The New York Times, del 5 de agosto de este año, oficiales consulares de Centroamérica hablan de más de 260 muertes en el 2000, así como de otras que tienen lugar mas no son identificadas o reportadas.

IV – Instrumentos jurídicos convencionales y no convencionales para la defensa de migrantes en el campo internacional.

La jurisdicción e instituciones de carácter internacional han alcanzado gran importancia desde los años ochenta. Entre los factores que explican este cambio estarían el fin de “la guerra fría” que trajeron la caída del muro de Berlín y el desmembramiento de la Unión Soviética; el reciente fenómeno de la globalización del capital, el comercio y la información; y el surgimiento sin precedente de movimientos sociales y organizaciones civiles que han tenido como objeto de trabajo campos específicos del desarrollo o sectores vulnerables de la población. En conjunto, éstos y similares fenómenos han dado origen a nuevas formas de relación entre los Estados, a diferentes maneras de concebir y practicar conceptos como soberanía, ciudadanía, y pertenencia, y a demandas de establecer una nueva relación entre gobernantes y gobernados a nivel local y global.

Con todo, no existe aún un mínimo equilibrio entre la institucionalidad, leyes y políticas que favorecen al capital con las que fomentarían el bien de las personas, sectores sociales, comunidades y pueblos. Tal es el caso en el campo de la migración. Por ejemplo, mientras que los Estados han aceptado que áreas fundamentales del desarrollo económico que antes estaban reservadas a decisiones nacionales deben acordarse en instancias supranacionales, siguen aduciendo derechos soberanos para decidir quién entra a sus países y, en algunos casos, quién sale de ellos. Incluso, la dinámica de integración económica más allá de las fronteras entra en contradicción con políticas de control migratorio.

Por ejemplo, debido a exigencias del intercambio comercial y financiero que impuso el TLC, México, Estados Unidos y Canadá acordaron el movimiento prácticamente sin problema entre los tres países para personal altamente calificado de empresas y consorcios. Mas se rehusaron a discutir siquiera el libre o más flexible movimiento de trabajadoras/es. En el mismo sentido, los Estados participantes en el TLC, particularmente el mexicano, reformaron normas internas y leyes constitucionales para adaptarse a la integración comercial, mas no lo hicieron para proteger de mejor manera los derechos y la vida de la población migrante. Por el contrario, los tres países han establecido medidas más estrictas de control contra las trabajadoras/es sin documentos cuyo flujo actual se debe en parte al impacto de la integración que ha traído el TLC.

A pesar de ello, existen cambios alentadores, como serían: el reconocimiento público por parte del gobierno estadounidense de que el tema de la migración mexicana debe abordarse de forma bilateral; la consecuente negociación que al respecto sostienen ambos gobiernos; y el histórico juicio que han iniciado las organizaciones California Rural Legal Foundation y American Civil Liberties Union ante el Tribunal de la OEA contra Estados Unidos por las muertes de migrantes en la frontera.

Desde hace tiempo, la ONU y la OEA, así como algunos de sus organismos (la Comisión de Derechos Humanos y OIT) han acordado importantes instrumentos jurídicos “duros” y no convencionales en defensa de los derechos de toda persona humana, trabajadoras/es, mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas, o bien, relativos a la lucha contra la discriminación, el racismo y la intolerancia que en conjunto son aplicables a las/los migrantes. Ambos tipos de instrumentos forman un andamiaje jurídico, político y moral de gran alcance y valor para defender la dignidad y la vida de las/los migrantes y sus familiares. Señalamos a continuación los documentos más importantes al respecto, con excepción de la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, de la que se hablará más adelante. [México es signatario de 58 instrumentos internacionales sobre derechos humanos jurídicamente vinculantes: de género, políticos, civiles, económicos, sociales, culturales, así como derecho humanitario. La lista de los mismos se encuentra en la página de la Internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores].

1) Generales.

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada en diciembre de l948. En su letra y espíritu, este documento es la base y fuente del derecho internacional que tiene como sujeto a la persona humana. Para el caso de las/los migrantes importan sobre todo el Art. 2do. (contra discriminación), 3ro (respeto a la vida), 4to. (contra la servidumbre), 5to. (contra tortura y castigo degradante), 6to. (reconocimiento a personalidad jurídica), 7mo. (igualdad ante la ley), y 8vo. (recurso efectivo a tribunales).

Convención Americana de Derechos Humanos. Se firmó en San José de Costa Rica en l969 y entró en vigor en l978. De especial relevancia para las/los migrantes es el Art. 4to. que establece el respeto a la vida de toda persona. Además, la Convención tiene artículos similares a los señalados antes para la Declaración Universal.

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador.” Adoptado en l988. Ratificado en l996.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado en l966. Entró en vigor en l976. Ha sido ratificado por 147 Estados.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado en l966. Entró en vigor en l976. Ratificado por 143 Estados.

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Adoptada en l965. Entró en vigor en l969. Ratificada por 159 Estados.

Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Adoptada en l984. Entró en vigor en l987. Ratificada por 123 Estados.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Adoptada en l979. Entró en vigor en l981. Ratificada por 166 Estados.

Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada en l989. Entró en vigor en l990. Ratificada por 191 Estados.

2) Específicos.

Convenio sobre el Trabajo Forzoso y obligatorio. OIT. Adoptado en 1930. Entró en vigor en l932. Ratificado por 158 Estados.

Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso. OIT. Adoptado en l957. Entró en vigor en 1959. Adoptado por 156 Estados.

Convenio Relativo a los Trabajadores Migrantes (revisado). OIT. Adoptado en 1949. Entró en vigor en l952. Ratificado por 41 Estados. México no lo ratificó.

Recomendación sobre los Trabajadores Migrantes. OIT. Adoptada en 1949.

Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (disposiciones complementarias). OIT. Adoptado en 1975. Entra en vigor en l978. Ratificado por 18 Estados. México no lo ratificó.

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales. OIT. Adoptado en l989. Entró en vigor en l991. Ratificado por 14 Estados, el mexicano incluido.

Convención contra la Delincuencia Organizada y Transnacional. Ratificada por 124 Estados.

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (complementa la Convención anterior). Ratificado por 76 Estados.

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (complementa igualmente a la Convención). Ratificado por 84 Estados.

Declaración sobre los Derechos Humanos de las Personas que no Son Nacionales del Lugar Donde Viven. Adoptada en l985.

Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación. OIT. Adoptado en l999. Ratificado por México en 2000. No ha entrado en vigor.

Una buena introducción a la mayor parte de estos documentos en el contexto de la migración la hizo Gabriela Rodríguez Pizarro, Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la Comisión de Derechos Humanos (posición creada en l999), en su segundo informe presentado el 9 de enero de este año. En el Informe se da cuenta del mandato que recibió la Relatora Especial. Se citan a continuación dos de los párrafos al respecto (pág. 6 del Informe):

“7 – La Comisión pedía a la Relatora Especial que en el desempeño de sus funciones solicitase y recibiese información de todas las fuentes pertinentes, incluidos los propios migrantes, sobre violaciones de los derechos humanos de los migrantes y de sus familiares; que formule recomendaciones apropiadas para impedir y remediar violaciones de los derechos humanos de los migrantes, dondequiera que ocurran; que promueva la aplicación efectiva de la normativa internacional pertinente sobre la materia y que recomiende actividades y medidas aplicables a escala nacional, regional e internacional para eliminar las violaciones de los derechos humanos de los migrantes.

8 – La Comisión pedía también a la Relatora Especial que en el desempeño de sus funciones tuviese en cuenta una perspectiva de género al solicitar y analizar la información, así como que prestase atención a los casos de discriminación múltiple y violencia contra las mujeres migrantes, así como que contribuyese a los trabajos preparatorios de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia.”

V – Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Es éste el primer documento de la ONU específicamente dedicado al tema de la migración y de las/los trabajadores migrantes. Fue aprobado el 18 de diciembre de l990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. México la suscribe el 22 de mayo de 1991, el Senado la aprueba el 14 de diciembre de l998 y así es publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de l999. Con anterioridad a la Convención, sólo existían al respecto los instrumentos de la OIT antes señalados. La preparación de la Convención duró diez años y México jugó un destacado papel en ello a través del ya fallecido Embajador Antonio González de León. El objetivo general de la Convención fue establecer normas mínimas de aplicación universal sobre la protección de las/los trabajadores migrantes y también, de sus familiares, con o sin documentos. La Convención hace la definición internacional del trabajador/a migrante, así como de sus diversas categorías. Reconoce la igualdad de la trabajadora migrante con el trabajador y considera a ambos no sólo como personas, sino como parte de una unidad social: la familia. La Convención hace explícita y directa la aplicación a las/los trabajadores migrantes de normas universales de protección relativas a derechos humanos, civiles, sociales, políticos, económicos, culturales y jurídicos. A la vez, establece al respecto la obligatoriedad del Estado de origen, el de tránsito y el de destino.

Entre los artículos de la Convención que podrían destacarse se encuentran los siguientes:

1) Artículos que se refieren a todas/os los trabajadores migratorios y sus familiares, independientemente de su condición legal:

Art. 1: La Convención será aplicable sin distinción alguna a todas/os los trabajadores migratorios durante todo el proceso de migración: partida, tránsito, residencia y retorno. Art. 2: “Se entenderá por ‘trabajador migratorio’ toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no es nacional.” Art. 7: No discriminación en el reconocimiento de derechos. Art. 8: Derecho a salir del Estado de origen y regresar al mismo. Art. 9: “El derecho a la vida de los trabajadores migratorios y sus familiares estará protegido por la ley.” Art. 10: Contra tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Art. 11: Contra esclavitud y servidumbre. Arts. 12 y 13: Garantía de ejercicio de libertades civiles. Art. 16: Derecho a la libertad y seguridad personales, así como a la protección efectiva del Estado contra violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos, particulares, grupos o instituciones, y cuando las/los trabajadores migratorios y sus familiares sean privados de libertad, las autoridades consulares o diplomáticas serán informadas y las/los detenidos se podrán comunicar con ellas. Art. 17: Las/los trabajadores migratorios detenidos o sus familiares recibirán el trato debido a su dignidad y a su identidad cultural y tendrán los mismos derechos de trato que los nacionales. Art. 18: Igualdad de acceso y trato en tribunales y cortes y ser asistidos en su idioma en caso de no hablar o entender el idioma del Estado en que la/el trabajador migratorio o sus familiares han sido detenidos. Art. 22: No podrán ellas y ellos ni sus familiares ser objeto de expulsión colectiva. Cada caso será examinado individualmente. Art. 23: Derecho a recurrir a las autoridades consulares de su Estado de origen o del que lo represente para asistencia y protección contra violaciones a esta Convención. Art. 24: Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Art. 26: Derecho de relación con y afiliación a organizaciones sindicales. Art. 28: Derecho a recibir atención médica en casos de urgencia. Art. 30: Derecho de las hijas e hijos a la educación en condiciones de igualdad con las/los nacionales. Art. 31: Respeto a la identidad cultural. Art. 33: Derecho a que los Estados de origen, de tránsito y de destino informen a las/los trabajadores migratorios y sus familiares sobre sus derechos establecidos por esta Convención.

2) Artículos para quienes tienen documentos o situación regular.

Art. 41: Derecho a participar en los asuntos públicos del Estado de origen y votar y ser elegidos en elecciones celebradas en el Estado de origen, de conformidad con su legislación. Art. 42: Participación en los Estados de origen y de destino en las decisiones que afectan su vida y la de sus comunidades. Art. 43: Igualdad de trato respecto de las/los nacionales en relación a educación, formación profesional, vivienda, salud, servicios sociales, cooperativas y empresas. Algo similar establece el Art. 45 para sus familiares. Art. 54: igualdad de trato en protección contra despidos, prestaciones de desempleo y acceso a programas contra el desempleo. La Parte VI de la Convención está dedicada a la Promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y lícitas en relación con la migración internacional de los trabajadores y sus familiares, y las responsabilidades consecuentes de los Estados Partes a fin de lograrlo.

Para que la Convención entre en vigor debe ser ratificada por al menos 20 Estados, aunque sólo quedarían vinculados jurídicamente aquellos que la ratifiquen. La ratificación obliga a los Estados a regirse por las disposiciones de la Convención y a adaptar, en consecuencia, su legislación interna. Hasta el momento la Convención ha sido ratificada por 16 Estados: Azerbaiyán, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Colombia, Egipto, Filipinas, Ghana, Guinea, México, Marruecos, Senegal, Seychelles, Sri Lanka y Uganda. Ningún Estado de los países receptores ricos, como Estados Unidos, Canadá o los que integran la Unión Europea han ratificado la Convención. Algo similar ocurre con los instrumentos de la OIT sobre trabajadoras/es migrantes. De hecho, los documentos sobre la materia son de los que menos ratificaciones tienen en relación a otros de la ONU y de la propia OIT.

VI – Tareas pendientes. Qué hacer en México sobre protección a los derechos de las/los trabajadores migrantes que salen al extranjero, llegan al país o lo usan de tránsito.

No obstante ser país de origen, destino y tránsito de migrantes, México cuenta con pocas instituciones, leyes y programas para entender y atender este fenómeno, particularmente, el de la migración de paso a Norteamérica y la que llega al sur del país. Con todo, desde los años ochenta a la fecha ha crecido el interés en la migración mexicana a Estados Unidos, tanto en el gobierno como en la sociedad. Ello se debe, entre otros factores, a la discusión que provocó y resultados que trajo la Ley de Reforma y Control de la Migración (IRCA por sus siglas en inglés, aprobada en l986), la cual permitió la regularización migratoria de cerca de tres millones de migrantes mexicanas/os e hizo aún mayor el flujo legal y el indocumentado. De esta manera, aumentaron las remesas e inversión en obras de beneficio social, y más que nada, la conciencia de las/los migrantes sobre su importancia en el desarrollo de México, logrando que el gobierno, partidos, instituciones académicas y organizaciones civiles les prestaran mayor atención.

Como resultado de una visita que realizó en l987 una delegación chicana especializada en la defensa de migrantes y que fue organizada por la Cámara de Diputados y la ONG American Friends Service Committee, el gobierno de Miguel de la Madrid creó en la Secretaría de Relaciones Exteriores lo que terminó llamándose Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero, e inició la relación con organizaciones latinas como el Consejo Nacional de la Raza. En el sexenio de Carlos Salinas nacen dos importantes iniciativas gubernamentales de beneficio a las/los migrantes: el Programa Paisano y un cuerpo especial para su protección en la frontera norte, el Grupo Beta, que actualmente opera también en la frontera sur. En esos años nace también la Fundación Solidaridad México-Americana para la promoción de proyectos de intercambio social y educativo. En el gobierno de Ernesto Zedillo se crea por acuerdo entre los gobiernos de México y los Estados Unidos un grupo binacional de académicas/os para el estudio del fenómeno migratorio. El trabajo de este grupo continua siendo una referencia indispensable para el análisis de la migración mexicana a Estados Unidos.

También durante el sexenio zedillista cobra importancia la demanda de las/los migrantes por el voto en el exterior, el Congreso modifica la Constitución para que puedan hacerlo, el Instituto Federal Electoral encomienda a una comisión un diagnóstico al respecto para las elecciones del año 2000. El PRD y el PAN apoyan, con base en el informe de la comisión del IFE, el voto migrante para el 2000, mas el PRI no acepta. En la actualidad, los partidos políticos apoyan el derecho al voto, sin ponerse de acuerdo cómo y cuándo, pero entendiendo que las/los migrantes se han convertido en un importante factor de influencia política en México y Estados Unidos, incluyendo la promoción del voto entre sus familias y comunidades.

Por su parte, el Congreso ha dado relevancia al tema migratorio a través de algunas Comisiones, en las reuniones anuales con su contraparte estadounidense y en consultas que realizó sobre la no pérdida de la nacionalidad y el voto en el extranjero. Al respecto, por primera vez un residente en Estados Unidos fue electo a la actual Cámara de Diputados por vía de la lista plurinominal del PRI. El PRD también nominó candidatos, mas no los colocó en los primeros lugares de las listas plurinominales y no alcanzaron una diputación. El PAN prometió tener sus propias candidaturas, pero no lo hizo. Si bien la elección de este Diputado no ha marcado una diferencia en la agenda y dinámica de la Cámara, sentó con todo un precedente histórico en la lucha por la representación política del pueblo mexicano que vive en Estados Unidos.

A la vez, los gobernadores de estados con alta migración han hecho prácticamente institucional la visita a las/los migrantes en Norteamérica, lo que ha consolidado y ofrecido mayores alientos a los Clubes de migrantes que comenzaron a formarse en los años setenta, destacando los clubes de zacatecanas/os. Se calcula que existen actualmente alrededor de 500 clubes en la Unión Americana. Éstos se han convertido en interlocutores naturales de los gobiernos municipales, estatales y el federal. De ahí surgen las oficinas estatales de atención a migrantes, las cuales después de reunirse en varias ocasiones bajo el auspicio del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior crearon una estructura de coordinación nacional que ha elevado su presencia e importancia.

En algunos estados, las legislaturas han constituido comisiones sobre migración y analizan las posibilidades del voto de las/los migrantes a nivel local y, también, su representación política. Lo más relevante en este sentido ha sido la candidatura y elección de un residente en Estados Unidos a la presidencia municipal de Jerez, Zacatecas. Sin embargo, semanas después el Tribunal Judicial Electoral de la Federación, teniendo como base una demanda del PRI local, anuló los resultados por no haber cumplido el candidato triunfante con los requisitos de residencia. Ello renovó el debate sobre la necesidad de cambiar la legislación electoral a fin de dar mayor claridad y apertura a la participación política de las/los migrantes mexicanos. Aun así, la elección en Jerez sentó un precedente histórico, aunque habría que tener en cuenta que con fundamento en sus usos y costumbres, las comunidades indígenas eligen frecuentemente a miembros residentes en Norteamérica para puestos públicos en sus municipios de origen.

Por otra parte, hoy en día un buen número de Secretarías de Estado y organismos federales como el IMSS, NAFIN, la Procuraduría Federal del Consumidor, CONAPO y el DIF tienen programas directos de atención a migrantes. Algo similar ocurre en estados de alta y mediana migración, en tanto que a nivel municipal hay mayor coordinación con las comunidades migrantes en relación a las obras de beneficio social y de inversión productiva.

Lo más significativo del actual gobierno es haber hecho de la migración una prioridad interna y en la relación con Estados Unidos. Ello quedó de manifiesto con la creación de la Oficina Presidencial de Atención a Mexicanos en el Exterior y, sobre todo, al haber abierto negociaciones directas, comprehensivas y de alto nivel con la administración de George W. Bush. En el discurso ante el Consejo Nacional de la Raza antes citado, el Presidente Fox habló de las “canastas” de negociación con Estados Unidos: regularizar la condición migratoria de las mexicanas/os que ya residen en Norteamérica; ampliar las visas de trabajo para entrar a Estados Unidos con seguridad y legalidad; colaboración en la frontera para salvar vidas y combatir el contrabando; y promover el crecimiento económico de las regiones de origen de la migración. A fin de impulsar esta agenda, el gobierno del Presidente Fox ha puesto en operación una sofisticada estrategia de cabildeo en Estados Unidos, similar a la que llevó a cabo el gobierno de Carlos Salinas para lograr la firma del TLC.

Ningún otro gobierno ha levantado tanta