1.- EL DERECHO PENAL EN
MÉXICO.
1.1.-
INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL.
El
Derecho Penal es el poder punitivo del Estado, constituyendo la expresión más
enérgica del poder, mediante el cual se establecen los delitos y las penas como
su legítima consecuencia.
Dentro
del esquema del derecho en general, sirve como instrumento para ejercer el
poder en forma sistematizada, la mecánica instaurada como la manera más
enérgica para hacerlo efectivo, es la que de modo especifico se denomina
Derecho Penal, a través del cual, el Estado, para debidamente protegerlos e
incluso garantizar a si mismo su propia subsistencia como entidad, establece
los delitos y sus respectivas penas, teniendo como fin la armonía social, bajo
un orden que el Estado ha normatizado.
Existen
varias tipos de definiciones de los que es el Derecho Penal, entre ellas, una
definición de sentido jurídico considera al Derecho Penal como la ciencia que
estudia el delito como fenómeno jurídico y el delincuente como sujeto activo, y
por tanto, las relaciones que derivan del delito como violación del orden
jurídico y de la pena como reintegración de este orden.
El
jurista Luis Jiménez de Asúa, lo define como el conjunto de normas y
disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y
preventivo del Estado, estableciendo el concepto de delito como presupuesto de
la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, asociando a
la infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora.
Otro
destacado jurista, José A. Sainz Cantero define al Derecho Penal como el
sector del ordenamiento jurídico que tutela determinados valores fundamentales
de la vida comunitaria, regulando la facultad estatal de exigir a los
individuos comportarse de acuerdo con las normas y de aplicar penas y medidas
de seguridad a quienes contra aquellos valores atenten mediante hechos de una
determinada intensidad.
Otros
juristas consideran al Derecho Penal como un instrumento de defensa de los
valores fundamentales de la comunidad que sólo debe emplearse contra ataques
muy graves a esos valores y en una forma controlada y limitada por el imperio
de la ley.
El
derecho penal1 a su vez se divide en Derecho Penal Objetivo y
Derecho Penal Subjetivo; En México, el destacado Jurista Raúl Carrancá y
Trujillo define al primero de ellos, como el conjunto de leyes mediante las
cuales el Estado define los delitos, determina las penas imponibles a los
delincuentes y regula la aplicación concreta de las mismas a los casos de
incriminación; En sentido subjetivo, el Derecho Penal se identifica con el jus
puniendi, que es el derecho de castigar, consiste en la facultad del Estado
mediante leyes, de conminar la realización del
delito con penas y en su caso imponerlas y ejecutarlas, para Eugenio
Cuello Calón, es el derecho del Estado a determinar, imponer y ejecutar las
penas y demás medidas de lucha contra la criminalidad.
Ante
esa excesiva intromisión del poder del Estado en el ámbito de los derechos
individuales, por lo que es necesario establecer los límites que deben
circunscribir el poder estatal. Estos limites pueden reducirse a la vigencia,
no sólo formal, sino también material de dos principios fundamentales: el principio de intervención mínima y el
principio de intervención legalizada del poder punitivo del Estado.
El
principio de intervención mínima implica que el Derecho Penal sólo debe
intervenir en los casos de ataques muy graves en los bienes jurídicos más
importantes. Las perturbaciones más leves del orden jurídico son objeto de
otras ramas del Derecho.
El
principio de intervención legalizada sirve para evitar el ejercicio arbitrario
e ilimitado del poder punitivo estatal.
Este principio supone un freno para una política penal demasiado
pragmática que decida acabar a toda costa con la criminalidad y movida por
razones defensivas o resarcidoras demasiado radicales, sacrifique las garantías
mínimas de los ciudadanos, imponiéndoles sanciones no previstas ni reguladas
por la ley.
Así pues, el
Derecho Penal protege
bienes o valores determinantes para el individuo, constituyendo así la
fórmula drástica para que el Estado pueda ejercer materialmente la conminación
y coercibilidad cuando se quebranta la salvaguarda de dichos valores, en aras
de bien común para una buena convivencia social.
Generalmente
hay acontecimientos que pueden transformar la valoración jurídica de los bienes
protegidos, el jurista en sus valoraciones debe actuar al margen del
sentimiento populista porque las valoraciones sociales ofrecen al jurista todo
un contenido sumamente rico de aspiraciones concretas de Justicia1 que
son los datos ideales; pero éstos deben ser purificados por el jurista de lo
pasional y excesivo que se halla mezclado con ellos. La valoración jurídica
tiene características que la distinguen de la valoración social: 1) es
esencialmente racional, en tanto que la social esta mezclada de sentimientos y
pasiones; 2) se construye tomando en cuenta no nada más el acontecimiento
momentáneo, sino todo el conjunto de datos reales, históricos y racionales que
pueden afectar la practibilidad de la solución; 3) es obra de prudencia y no de
sentimiento o de pasión, es decir, que debe sopesar el pro y el contra de cada
posible solución y de los derechos y deberes de cada parte interesada en el
asunto; 4) se guía por el bien común, que no es siempre el de los sectores que
más vociferan su indignación; y 5) razona la justicia de la solución ideal como
una conclusión o una determinación de la Justicia natural y no como una
justicia totalmente nueva y en oposición a la natural.
Para
conocer y entender mejor el Derecho Penal, es necesario, analizar su pasado, es
decir, sus orígenes, su evolución en cuanto a la aplicación de las penas y los
pensamientos que predominaron para llegar al actual Derecho Penal, Así pues, ahora pasaremos a estudiar
a grandes rasgos la historia de tan importante rama del derecho.
1.2.-
HISTORIA DEL DERECHO PENAL.
Como
ya los hemos mencionado, para conocer y aprender mejor al Derecho Penal actual,
es necesario estar enterado de su desarrollo a través de la historia, por ello,
es imprescindible acudir al pensamiento de quienes nos precedieron e indagar el
pasado histórico para verificar el comportamiento o las tendencias de los
detentadores del poder, en lo relativo a reprimir o prevenir tanto los delitos
de auténtico contenido ético-negativo, como los delitos artificiales creados
por dichos detentadores, según las circunstancias prevalentes en su momento.
No
se trata simplemente de hacer una descriptiva del pasado, sino de conjugaría
con el manejo, a nivel disciplinas, que en su tiempo hicieron y actualmente
siguen haciendo los dedicados a las ciencias penales ya que las escuelas
penales son el cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas sobre la
legitimidad del derecho de penar, sobre la naturaleza del delito y sobre el fin
de las sanciones.
La
Historia del Derecho es una disciplina científica que permite establecer los
sujetos que concurren a la formulación de la vida jurídica. Derecho e Historia
se complementan y de alguna manera se complican, facilitando la labor de
quienes no se conforman con el conocimientos de los efectos, sino que desean
también conocer sus causas.
En
toda sociedad se encuentra el fenómeno de la criminalidad, es decir, el hecho
evidente constatado en todas las comunidades organizadas y en todos los grupos
sociales, de que individuos de los mismos atentan contra los valores que la
mayoría consideran fundamentales para mantener una convivencia armoniosa.
De
lo anterior podemos decir, que desde que aparecieron las primeras agrupaciones
humanas sedentarias, organizadas y con una estructura de vida en comunidad
(hace aproximadamente 10,000 años a. C.),se conoce el fenómeno de la
criminalidad como conjunto de delitos o crímenes, y como delincuentes o
criminales a los autores de tales acciones, ya que como mencionamos tenían una
estructura de forma de coexistir, por
lo tanto, se habían establecido ya una seria de normas o pautas a seguir por
todos los miembros de las tribus.
Como
lo mencionamos, este fenómeno se hace presente en cada tipo de sociedad, hasta
el punto de que hoy se considera la criminalidad como un fenómeno
característico de toda sociedad, por ello, se han señalado como características
del fenómeno criminal su permanencia, ya que es tan antiguo como el hombre, y
la actualidad, en el aumento vertiginoso en todos los países del mundo,
haciendo que hoy la criminalidad haya dejado de ser un fenómeno residual para
convertirse en un fenómeno político que los poderes públicos se esfuerzan en
resolver.
Los
tratadistas explican que han existido a través de la historia, seis etapas en
la que se desarrolló la facultad de castigar del poder del Estado, mismas que
las consideran como los antecedentes del Derecho Penal actual, mismas etapas
que son: Venganza Privada, Venganza Divina1 Venganza Pública,
Defensa del Poder Absoluto, Periodo Humanitario y etapa Científica.
VENGANZA PRIVADA.- Es esta etapa fue el
impulso de la defensa o la venganza, la ratio essendi (razón de ser) de todas
las actividades provocadas por un ataque injusto. Durante esta época la función punitiva la ejercían los
particulares, pues cada particular, cada familia y cada grupo se protege y se
hace justicia por si misma, sin embargo, debido a los excesos cometidos por los
ofendidos al realizar su “Venganza", surgió lo que se conoce como la Ley
del Talión, que no fue otra cosa sino una medida moderadora pues sólo se le
reconocía al ofendido el derecho de causar un mal de la misma intensidad al
sufrido. Fue poco después que nació la compensación, mediante el cual se
autorizaba para que ofendido y ofensor nombrasen representantes que moderaran
los reclamos recíprocos y acordaran la cantidad del castigo.
VENGANZA
DlVlNA.- Al lado del periodo conocido como venganza privada, se gestó dentro de
organizaciones sociales más cultas, el principio teocrático y éste vino a
convertirse en fundamento del derecho
penal, pues no se castigaba al culpable para satisfacer al ofendido,
sino para que aquél expiase la ofensa
causada a Dios con su delito. En
general, esta época fue manejada por la clase sacerdotal.
VENGANZA
PÚBLICA.- Durante ésta etapa, se empieza a hacer distinción entre delitos
privados y públicos, según el hecho lesione de manera directa los intereses de
los particulares o el orden público. Es entonces cuando aparece la etapa
llamada "venganza pública" o "concepción política"; los
tribunales juzgan en nombre de la colectividad. Esta fue una inmensa época, de
propósitos retributivos y a lo sumo intimidantes, con fines de prevención
general, en que se aspiraba a utilizar al delincuente en provecho del Estado,
es decir, pagaba su pena trabajando para él en las minas, galeras, etc.
DEFENSA
DEL PODER ABSOLUTO.- En éste periodo, el motivo para prohibir o para castigar
no fue ni la ofensa al individuo, ni la ofensa a la divinidad, sino la ofensa a
la majestad soberana, y la voluntad soberana que imponía el castigo, al
tornarse autócrata, encontró su razón en sí misma, mediante un círculo
vicioso. Las penas no tuvieron otra
medida que el capricho o el temor de los gobernantes, o la necesidad de
consolidar con sangre un cetro empleado como azote a la nación.
PERIODO
HUMANITARIO.- Nació como una reacción a la excesiva crueldad imperante en la
aplicación de penas. Dentro de esta
corriente, se pugna por la exclusión de suplición y crueldades innecesarias, se
propone la certeza contra las atrocidades de las penas, se preconiza la
peligrosidad del delincuente como punto de mira para la determinación de las
sanciones aplicables y se urge por una legalidad de los delitos y las penas.
ETAPA
CIENTÍFICA.- En esta etapa el delincuente es el objeto de la máxima
preocupación científica de la justicia. El delito es una manifestación de la
personalidad del delincuente y ha que readaptar a éste a la sociedad
corrigiendo sus inclinaciones viciosas. Tal corrección es el pivote sobre el
cual gira este nuevo periodo. La pena como sufrimiento carece de sentido, lo
que importa es su eficacia, dado aquel fin. Las ciencias criminológicas
vinieron a iluminar el problema hasta su fondo y a caracterizar el nuevo periodo
en el que la personalidad compleja del sujeto es lo que se destaca en el primer
término del panorama penal.
Otro
factor que interviene desde un principio en el desarrollo histórico del Derecho
Penal, es sin duda el de que los hombres renuevan diariamente su propia vida,
comienzan al mismo tiempo a crear a otros hombres, a procrear. La reacción defensiva elemental tiene su
origen en la lucha por la existencia, que es inicialmente incoercible y está
integrada por dos elementos psicológicos, el resentimiento que produce el daño
sufrido, con el correlativo deseo de vengarlo, y una preocupación de índole
preventiva.
De
enorme interés es el estudio del Derecho Penal en diversos países, pero en
atención al carácter elemental de esta memoria, nos hemos conformado con
bosquejar en este tema, la evolución ideológica penal en general, sin aludir a
pueblo alguno en concreto, para ocuparnos brevemente a continuación, únicamente
de la Historia del Derecho Penal en México, lo cual nos servirá de base para el
mejor entendimiento de los que es nuestro derecho penal actual.
Al
hablar de la historia del Derecho Penal en nuestro México, podemos afirmar que
existen muy pocos datos a cerda del derecho penal anterior a la llegada de los
conquistadores, indudablemente los distintos reinos y señoríos pobladores de lo
que ahora es nuestra patria, poseyeron reglamentaciones sobre la materia
penal. Como no existía unidad política
entre los diversos núcleos aborígenes, porque no habla una sola nación, sino
varias, resulta más correcto aludir únicamente al Derecho de tres de los
pueblos principales encontrados por los europeos poco después del
descubrimiento de América, mismos que son el pueblo maya, el tarasco y el
azteca.
Entre
los mayas, las leyes penales, al igual que en los otros reinos y señoríos, se
caracterizaban por su severidad. Los
hatabs o caciques tenían a su cargo la función de juzgar y aplicaban como penas
principales la muerte y la esclavitud; la primera se reservaba para los
adúlteros, homicidas, incendiarios, raptores y corruptores de doncellas, la
segunda para los ladrones, si el autor del robo era un señor principal, se la
labraba el rostro, desde la barba hasta la frente. En el pueblo maya no usó
como pena ni la prisión ni los azotes, pero a los condenados a muerte y a los
esclavos fugitivos se le encerraba en jaulas de madera que servían de cárceles,
mismas sentencias eran inapelables.
En
el pueblo tarasco, se sabe muy poco acerca de sus leyes penales con respecto a
los otros núcleos, mas se tiene noticia cierta de la crueldad de las
penas. El adulterio habido con alguna
mujer del soberano o calzontzi se castigaba no sólo con la muerte del adultero,
sino trascendía a toda su familia, los bienes del culpable eran confiscados.
Cuando un familiar del monarca llevaba una vida escandalosa, se le mataba en
unión de su servidumbre y se le confiscaban los bienes. Al forzador de mujeres le rompían la boca
hasta las orejas, empalándolo después hasta hacerlo morir. El hechicero era
arrastrado vivo o se le lapidaba. A quien robaba por primera vez, generalmente
se le perdonaba, pero si reincidía, se le hacia despeñar, dejando que su cuerpo
fuese comido por las aves.
De
mayor importancia resulta el estudio del Derecho Penal de los Aztecas, aún
cuando su legislación no ejerció influencia en la posterior, era el reino o
imperio de más relieve a la hora de la conquista. Este pueblo no sólo fue el que dominó militarmente la mayor parte
de los reinos de la altiplanicie mexicana, sino que impuso o influenció las
prácticas jurídicas de todos aquellos núcleos que conservaban su independencia
a la llegada de los españoles. Según
estudios recientes, llevados al cabo el lnstituto Indigenista Interamericano,
los nahoas alcanzaron metas insospechadas en materia penal.
Dos
instituciones protegían a la sociedad azteca y la mantenían unida,
constituyendo el origen y fundamento del orden social: la religión y la
tribu. La religión penetraba en los
diversos aspectos de la vida del pueblo y para el individuo todo dependía de la
obediencia religiosa, el sacerdocio no estuvo separado de la autoridad civil,
sino dependiente de ella, al tiempo que la hacia depender de si, con ello ambas
jerarquías se complementaban. La sociedad azteca existía para beneficio de la
tribu y cada uno de sus miembros debía contribuir a la conservación de la
comunidad.
El Derecho
Penal Azteca revela
excesiva severidad,
principalmente con relación a los delitos considerados como capaces de hacer
peligrar la estabilidad del gobierno o la persona misma del soberano, las penas
crueles se aplicaron también a otros tipos de infracciones. Las penas eran las
siguientes: destierro, penas infamantes, perdida de la nobleza, suspensión y
destitución de empleo, esclavitud, arresto, prisión, demolición de la casa del
infractor, corporales, pecuniarias y la de muerte, que se prodigaba demasiado.
Esta última se aplicaba principalmente en las siguientes formas: incineración en vida, decapitación,
estrangulación, descuartizamiento,
empalamiento, lapidación, garrote y machacamiento de la cabeza.
Según
algunos investigadores, los delitos en el pueblo azteca pueden calificarse en
la siguiente forma: contra la seguridad del imperio, contra la moral pública,
contra el orden de las familias, cometidos por funcionarios, cometidos en
estado de guerra, contra la libertad y seguridad de las personas, usurpación de
funciones y uso indebido de insignias, contra la vida y la integridad corporal,
sexuales y contra las personas en su patrimonio.
En
la época de la colonia, los antecedentes de las legislaciones de los grupos
indígenas, en nada influyeron en la aplicación del Derecho Penal, ya que el
mismo que se aplicó en la época fue netamente europeo.
En
la colonia se puso en vigor la legislación de Castilla conocido con el nombre
de las Leyes de Toro, estas tuvieron vigencia por disposición de las Leyes de
Indias, en materia jurídica reinaba la confusión y se aplicaban el Fuero Real,
Las Partidas, Las Ordenanzas Reales de Castilla, las de Bilbao, los Autos
Acordados, la Nueva y la Novísima Recopilaciones, así como la de Minería, la de
Intendentes y la de Gremios.
La
legislación colonial tendía a mantener las diferencias de castas, por ello no
debe extrañar que en materia penal haya habido un cruel sistema intimidatorio
para los negros, mulatos y castas, como tributos al rey, prohibición de portar
armas y de transitar por las calles de noche, obligación de vivir con amo
conocido, penas de trabajo en minas y de azotes, todo por procedimientos
sumarios. Para los indios las leyes
fueron más benévolas, señalándose como penas los trabajos personales, por
excusarles los azotes y pecuniarias, debiendo servir en conventos, ocupaciones
o ministerios de la colonia y siempre que el delito fuera grave, pues si
resultaba leve, la pena sería la adecuada aunque continuando el reo en su
oficio y con su mujer, sólo podían los indios ser entregados a sus acreedores
para pagarles con su servicio y los mayores de 13 años podían ser empleados en
los transportes, donde se careciera de caminos o de bestias de carga; los
delitos cometidos contra los indios debían ser castigados con mayor severidad
que en otros casos.
En
la época del México independiente, apenas iniciado el movimiento
independentista por Don Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, el 1 7de noviembre
del mismo año Morelos decretó, en su cuartel general del Aguacatlillo, la
abolición de la esclavitud, confirmando así el anterior Decreto expedido en
Valladolid por el Cura de Dolores.
La
grave crisis producida en todos los órdenes por la guerra de independencia,
motivó el pronunciamiento de disposiciones tendientes a remediar en lo posible,
la nueva y difícil situación. Se procuró organizar a la policía y reglamentar
la portación de armas y el consumo de bebidas alcohólicas, así como combatir la
vagancia, la mendicidad, el robo y el asalto.
Posteriormente en 1938, se dispuso para hacer frente a los problemas de
entonces, que quedaran en vigor las leyes existentes durante la dominación,
cabe señalar que la primer codificación de la República en materia penal, en el
Estado de Veracruz en el año de 1835.
Esto
fue a grandes rasgos el devenir histórico del Derecho Penal, tanto en la
historia en general como en la historia de nuestro país, A continuación,
tomaremos el tema de las Escuelas Penales, mismas que nos ayudarán a entender
mejor lo que ha sido la evolución ideológica del Derecho Penal, y su desarrollo
actual.
I.3.- LAS ESCUELAS PENALES.
Las
Escuelas Penales son el cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas sobre la
legitimidad del derecho de penar, sobre
la naturaleza del delito y sobre el fin de las sanciones. Entendiendo que Escuela es la dirección del
pensamiento que tiene una determinada orientación, trabaja con un método
peculiar, y responde a unos determinados presupuestos filosófico-penales. Unas de las Escuelas se distinguen de otras
por la orientación de sus ideas respecto a la pena por método de trabajo que
emplean, por los presupuestos filosóficos de que parten y por su concepción
sobre la naturaleza del delito.
Antes
del siglo XVIII, sólo existían opiniones o elucubraciones sobre el delito, la
pena1 su fundamento y su fin, y no es hasta 1764, al margen de las meras especulaciones filosóficas, con
fines políticos, funcionales y pragmáticos, que surge a la luz el libro de
Beccaria que en uno de sus textos dice: "Para que toda pena no sea
violencia de uno o de muchos, contra un particular ciudadano, debe
esencialmente ser pública, pronta, necesaria, la más pequeña de las posibles en
las circunstancias actuales, proporcionada a los delitos, dictada por las
leyes".
A
continuación haremos mención de las dos grandes escuelas penales que han
dominado el mundo del derecho penal a lo largo de su historia, mencionando las
directrices y los métodos que cada una de ellas utiliza.
ESCUELA
CLASICA.- Por clásico se debe entender
lo digno de ser imitado, lo consagrado, lo ilustre, lo excelso, sin embargo,
los positivistas dieron este sobre nombre a quienes en lo jurídico-penal,
siguieron una determinada línea del pensamiento, que a despecho de considerarlos
grandiosos, simplemente los estimaron caducos
Muchos pensadores considerados clásicos, realmente emitieron conceptos
muy disímbolos entre si, sin embargo, lo que vino a colocarlos como
pertenecientes a una sola forma de pensar fue la actitud de sus detractores que
después constituyeron lo que a la postre sería la escuela positiva.
Las
directrices conceptual-básicas de la escuela clásica se pueden resumir de la
siguiente manera:
1.- El
punto cardinal es el delito, como hecho objetivo, y no el delincuente, es
decir, que se hace una abstracción del autor (delincuente) pues los clásicos se
inclinaron por considerar la existencia de un derecho natural, congénito a la
humanidad el cual implica que el derecho debe tener vida y criterios
preexistentes a los pareceres de los legisladores humanos, debido a que la
razón fundamental del derecho criminal está en la tutela jurídica o defensa del
derecho y no de los infractores del mismo.
2. El método es deductivo y especulativo, es
decir, se utiliza como método la deducción que consiste en un tránsito de lo
universal a lo particular, supone principios conocidos o existentes de antemano
(a priori), que son las verdades universales de las que se infieren las
particulares. La deducción es de orden racional, especulativa, dando por
ciertos principios fuera de toda duda, por lo que al ser el derecho un
principio rector que existe por si no por obra del hombre, dentro de la
corriente clásica, se analiza el derecho utilizando en este método.
3.- Sólo
puede ser castigado quien realice un acto previsto por la ley como delito y
sancionado con una pena, es decir, no se le puede considerar culpable de algún
delito a un individuo, si éste no está previsto por la ley como sancionable con
pena determinada.
4.- La
pena sólo puede ser impuesta a los individuos moralmente responsables (libre
albedrío), es decir, que el individuo haya realizado el acto delictivo con
voluntad inteligente.
5.- La represión penal pertenece al Estado
exclusivamente, pero en el ejercicio de su función, el Estado debe respetar los
derechos del hombre y garantizarlos procesalmente, es decir, que el Estado como
complemento de la ley moral, fija los delitos y sus penas, pero también
establece su propio auto limitante, para no excederse de ese marco, por tanto,
la fuerza coactiva y represiva que no tiene la ley moral, sólo se encuentra en
el brazo mismo del hombre.
6.- La pena deber ser estrictamente
proporcional al delito y señalada como en forma fija, la pena no deber ser
excesiva, es decir, no debe superar la proporción con el mal causado por el
delito.
7.- El Juez sólo tiene facultad para aplicar
automáticamente la pena señalada en la ley por cada delito, no puede tener
criterio personal para fijar sanciones ya que éstas, objetivamente están
fijadas por el legislador sin ningún margen de variabilidad, porque la pena es
una emanación del derecho.
ESCUELA
POSITIVA.- Para captar las metas de la escuela positiva se deben tener
presentes las directrices trazadas para el positivismo sociológico, entendiendo
por Positivismo la dirección filosófica que reduce la posibilidad de éste al
campo de lo positivo, es decir, de lo basado en la experiencia.
En
el área penal, la Escuela Positiva surge como una reacción a los conceptos que
anteriormente habían sido fundamentados en el método racional, y los
pensadores, lo mismo que en el clasismo, difundieron a veces ideas muy
disímbolas, sin embargo, así como en la escuela clásica la gran variedad
primera pudo luego alcanzar postulados comunes, por reacción contra el positivismo,
así la unidad de la tesis positivista ha sido más aparente que real y se ha
mantenido, porque los discrepantes ha rendido siempre, aún en sus divergencias,
una fina reverencia y un delicado respeto a los fundadores de la escuela. Esta rama del pensamiento toma en cuenta la
personalidad del reo como criterio determinante en las disposiciones y en las
finalidades del Derecho Penal.
Las
directrices conceptual-básicas de esta escuela se pueden resumir de la
siguiente manera:
1.- El
punto de mira de la justicia penal es el delincuente, pues el delito no es otra
cosa que un sistema revelado de un estado peligroso, es decir, antes de
estudiar al delito como hecho jurídico es necesario estudiarlo como un fenómeno
natural y social, y en su consecuencia, es precisado estudiar antes la persona
que comete el delito y el ambiente en que lo comete, siendo el eje motor de los
pensadores de la escuela positivista el delincuente.
2.- La
sanción penal, para que derive del principio de la defensa social, debe estar
proporcionada y ajustada al estado peligroso y no a la gravedad objetiva de la
infracción, es decir, todo individuo que ejecuta un hecho penado por la ley,
cualquiera que sea su condición psicofísica, es responsable y deber ser objeto
de una reacción social correspondiente
a su peligrosidad.
3.- El método es el inductivo, experimental
porque se considera que el delito es un fenómeno natural producido por el
hombre dentro del seno social, por lo que su estudio debe hacerse en base al
método propio de las ciencias causales explicativas.
4.- Todo infractor de la ley penal,
responsable moralmente o no, tiene responsabilidad legal. La creencia en el libre albedrío de la
libertad humana es una ilusión. La
voluntad está determinada por influjos de orden físico, psíquico y social.
5.- La pena tiene una eficacia muy
restringida, importa más la prevención de la represión de los delitos, y por
tanto, las medidas de seguridad importan más que las penas mismas.
6.- El Juez tiene la facultad para determinar
la naturaleza delictuosa del acto y para establecer la sanción, imponiéndola
con duración indefinida para que pueda adecuarse a las necesidades del caso.
7.- La
pena como medida de defensa, tiene por objeto la reforma de los infractores
readaptables a la vida social, y la segregación de los incorregibles.
LA
TERCERA ESCUELA.- Esta escuela es realmente una posición ecléctica entre las
dos escuelas anteriores, tomando conceptos fundamentales de los clásicos y
también de los positivistas1 estimando el delito como fenómeno
individual y social, orientándose al estudio científico del considerado en toda
su dimensión, acepta el principio de la responsabilidad moral distinguiendo
entre imputables e inimputables, sin embargo, no se estima al delito como acto
realizado por alguien con libertad absoluta, sino que existen motivos que
determinan y coaccionan psicológicamente al infractor se inclina más por
estimar la pena como una defensa social.
De
lo expuesto en líneas anteriores sobre las escuelas penales, estamos de acuerdo
con lo que el jurista Francesco Carrara en su obra Programa de Derecho Criminal
dice, manifestando que. “mientras el derecho de castigar se considere
abstracto, su fundamento es la sola justicia, pero cuando se considera como
acto del hombre, su fundamento es la defensa de la humanidad. Se equivoca quien encuentra el fundamento
del derecho de castigar en la sola necesidad de defensa, sin tener en cuenta
que su fuente primera está en la justicia... Si al castigo humano se le diera
como único fundamento la justicia, se autorizaría una censura moral aún donde
no existiera un daño sensible, y la autoridad social usurparía la potestad
divina, convirtiéndose en tiranía de los pensamientos, so pretexto de perseguir
el vicio y el pecado, y si se diera al castigo humano como únicamente la
defensa, se autorizaría la represión de los actos no malvados, con el pretexto
de utilidad pública, y se le concedería a la autoridad social la tiranía de la
arbitrariedad".
Analizados
Clasicismo y Positivos, no solamente en su dimensión histórica, sino bajo la
perspectiva axiológica, se advierte que tan sólo divergen en el tema relativo
al llamado “libre albedrío". En lo relativo a la finalidad de la pena, la
divergencia es tan sólo aparente: el Clasicismo por boca da Carrara habla de
"defensa de la humanidad", el Positivismo se refiere a “defensa de la
sociedad".
1.4.-
POLÍTICA CRIMINAL.
La
Política Criminal, es la solución científica del origen y naturaleza del
crimen, misma que estriba en la criminología y la penología. La Política
Criminal nos da el criterio para la apreciación del Derecho Vigente y nos
revela cuál es el que debe regir, pero también nos enseña a entender a aquél, a
la luz de su fin, y a aplicarle, en vista de ese fin, a los casos particulares.
La
Política Criminal viene a ser el contenido sistemático de principios,
garantizados por la investigación científica de las causas del delito y de la
eficacia de la pena, según las cuales el Estado dirige la lucha contra el
delito, por medio de la pena y de su forma de ejecución.
Esta
política, no aspira a sustituir al Derecho penal, sino que marcha a su lado,
entre el Derecho Penal teórico y la Ley Penal, de una parte, y la práctica
criminal y penal de la otra. Las
funciones principales de la Política Criminal son: 1.- crítica de la
legislación penal vigente a la luz de los fines del Derecho y de la pena y observación de sus resultados; y 2.-
proposiciones para la reforma del Derecho Penal actual.
Así
pues, Manzini, define a la Política Criminal como "la doctrina de la
posibilidad política en relación al fin de la prevención y la represión de la
delincuencia". Así mismo dice que
la Política Criminal tiene dos fines: uno critico y otro constructivo. Sobre el Derecho Penal positivo ejerce una
indagación crítica acerca de la oportunidad de las incriminaciones, de las
agravaciones y de las atenuaciones. Sobre la idoneidad y adecuación de la
penas, indica cuáles sean las reformas que deben de llevarse a las leyes y
cuales los mejores medios de obrar en la lucha contra el delito, en los límites
de la posibilidad jurídica.
La
Política Criminal viene a constituir el señalamiento que implica las formas de
encauzar la implementación o instrumentación de aquellas directrices que pueden
considerarse más eficaces para corregir
defectos y disposiciones que no concuerdan con la realidad contemporánea
y, que sirvan para mayormente salvaguardar, tanto los intereses comunitarios
como los del propio individuo en lo particular y mediante ella se analizan y
jerarquizan valores para que se plasmen en los diversos mecanismos
legales. Lo anterior ha dado origen a
las penas y medios de corrección encaminados a la prevención y combate a la
criminalidad conocidos en nuestro sistema penal como Penas y Medidas de Seguridad.
El
concepto de Pena hay que reducirlo a la reacción del Estado frente a la
conducta delictiva. La finalidad de esa reacción varia según el punto de vista
criminológico desde el que se la contemple.
El
gran jurista mexicano Eduardo García Maynez (q.e.p.d.), en su obra Introducción
al Estudio del Derecho, definía a la
pena como: "el sufrimiento impuesto por el Estado, en ejecución de una
sentencia, al culpable de una infracción penal", manifestando además de
que ese sufrimiento puede consistir en la restricción o en la pérdida de
ciertos bienes del sujeto sancionado, como la libertad, la propiedad, la
posesión, incluso la vida, etc.
García
Maynez, en esa misma obra, refiere que al lado de las penas, cuya finalidad
inmediata es represiva, el derecho penal establece una serie de medidas preventivas, o de
seguridad, diciendo que de acuerdo con esta distinción puede hablarse de
Derecho Penal Preventivo y Derecho Penal Represivo.
Así
pues, durante la segunda mitad del siglo pasado, los estudiosos atribuyeron a
la pena finalidades disímbolas y se fue, desde el correccionalismo de Roeder,
hasta la resocialización predicada por el positivismo.
Por
lo anterior el Código Penal vigente para el Estado de Chiapas, en su artículo
16 establece las penas y medidas de seguridad a las que se deben sujetar todos
y cada uno de los individuos que habitan o transitan por nuestro Estado, mismas
que mencionaremos a continuación dando una breve explicación de cada una de
ellas.
1.- PRISIÓN.
La prisión consiste en la privación de la libertad personal1 en
nuestra legislación esta puede ser de un mínimo de tres días hasta cuarenta
años, la prisión suspende e interrumpe los derechos políticos y de tutela, la
curatela, apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor
judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante
de ausentes, las personas que estén sujetos a prisión serán recluidos en
lugares especiales determinados por el mismo Estado.
2.- CONFINAMIENTO.-
Consiste en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él, el
lugar del confinamiento será designado por el Ejecutivo tomando en cuenta la
seguridad pública, la seguridad del mismo confinado y la salud.
3.- PROHIBICIÓN
DE IR A DETERMINADO LUGAR O DE RESIDIR EN EL.- Esta medida de seguridad se
extenderá únicamente a aquellos lugares en los que el sentenciado haya cometido
el delito o en donde residiere el sujeto pasivo (ofendido), o sus familiares
fijándose el tiempo de duración dicha medida.
4.- SANCIÓN
PECUNIARIA.- La sanción pecuniaria comprende la reparación del daño y la multa,
por reparación del daño debemos entender la restitución de la cosa obtenida por
la comisión del delito, la indemnización del daño material y moral causado y el
resarcimiento de los perjuicios causados y multa debe entenderse al pago que se
le hace al Estado por la comisión de tal ilícito.
5.- PÉRDIDA
DE LOS INSTRUMENTOS Y OBJETOS DEL DELITO, DECOMISO O DESTRUCCIÓN DE COSAS
PELIGROSAS O NOCIVAS. Esto quiere decir que el autor de algún delito se hace
acreedor a la pérdida de la propiedad o posesión de los instrumentos con los
que haya cometido tal ilícito así como del producto del mismo.
6.- SUSPENSIÓN
Y PRIVACIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES. La suspensión consiste en la pérdida
temporal de derechos y funciones, y la privación es la pérdida definitiva de
derechos y funciones y surtirá sus efectos desde el momento en que cause
ejecutoria la sentencia.
7.- INHABILITACION,
DESTITUCIÓN O SUSPENSIÓN DE CARGOS O EMPLEOS PUBUCOS O EJERCICIO DE
PROFESIONES, ACTIVIDADES TÉCNICAS U OFICIOS.- La inhabilitación, implica una
incapacidad legal temporal o definitiva para obtener o ejercer cargos o empleos
públicos; la destitución de un empleo o cargo priva al sentenciado de lo que
por el desempeño del mismo debiera obtener; la suspensión del empleo o cargo se
entiende siempre con privación del sueldo, en los mismos términos en lo que se
refiere al ejercicio de profesiones, actividades u oficios.
8.- SUSPENSIÓN
O DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES.- La suspensión en relación de las sociedades se
refiere a que no puede ejercer sus operaciones por un lapso de tiempo; y como
su nombre lo indica la disolución es la desintegración de una sociedad, lo cual
procede cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, sociedad,
corporación o empresa de cualquier clase cometa un delito con los medios que
para tal objeto les proporcionen las mismas entidades, o sean cometidos a
nombre o en beneficio de las mismas.
9.- AMONESTACIÓN.-
Esta medida consiste en la advertencia que el
órgano jurisdiccional dirige al sentenciado haciéndole saber las
consecuencias del delito que cometió exhortándolo a la enmienda, apercibiéndole
que se le aplicará una sanción mayor si reincide.
10.- APERCIBIMIENTO Y CAUCIÓN DE NO OFENDER.- El apercibimiento consiste en
la conminación que el órgano jurisdiccional hace a una persona para que no
delinca, cuando se teme con fundamento que esta en la disposición de cometer un
ilícito; mientras que la caución de no ofender no es más que la conminación que
hace la autoridad para que la persona que pretende delinquir no se le acerque
al agraviado en todos los sentidos.
11.- PUBLICACIÓN
ESPECIAL DE SENTENCIA.- Consiste en la inserción total o parcial de ella en uno
o dos periódicos de mayor circulación en el lugar del asunto que ocupe.
12.- VIGILANCIA
DE LA POLICIA.- Esto no es más que el órgano jurisdiccional hace para observar
que el sujeto responsable de un ilícito no vuelva a delinquir.
13.- TRATAMIENTO
EN LIBERTAD Y SEMILIBERTAD.- El
tratamiento en libertad en imputables consiste en la aplicación de las
medidas laborales, educativas
y curativas3 conducentes a la readaptación social
del sentenciado; La semilibertad implica alternación de periodos de privación
de la libertad y de tratamiento en libertad.
14.- TRABAJO
EN FAVOR DE LA COMUNIDAD.- Consiste en la prestación de servicios no
remunerados1 en instituciones públicas, educativas o de asistencia
social o en instituciones privadas asistenciales, sin que estas resulten
degradantes o humillantes para el sentenciado.
15.- TRATAMIENTO
DE INIMPUTABLES PERMANENTES Y DE QUIENES TENGAN EL HÁBITO DE CONSUMIR
ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS, BEBIDAS EMBRIAGANTES O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA
TÓXICA.- Esto no es más que el tratamiento de internación en el caso de
inimputables permanentes o si tienen hábitos de consumo de estupefacientes u
otros vicios será por parte de la autoridad sanitaria o de otro servicio
médico.
16.- DECOMISO
DE BIENES QUE
PROVENGAN DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO.-
Esto quiere decir, que si se comprueba que el inculpado obtuvo bienes por el
delito de enriquecimiento ilícito, estos serán incautados en favor del Estado.
En
el sistema mexicano, la pena que más se aplica es la de la prisión y su
finalidad está precisada en el articulo 18 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, quedando prohibidas las penas de mutilación y de infamia,
marca, azotes, palos, tormento o multa excesiva lo cual se
consagra en el articulo 22 de la misma Constitución, señalando también el mismo
articulo, que queda prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en
cuanto a ésta, menciona que sólo podrá aplicarse al traidor a la patria en
guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o
ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a
los reos de delitos graves del orden militar.
Así pues, hemos mencionado
y explicado, todas y cada una de las penas y medidas de seguridad contempladas
en el Código Penal vigente en el Estado de Chiapas, las cuales son las mismas
que prevé el Código Penal Federal en su artículo 24.
Ahora bien, pasaremos al
análisis de una de las ramas auxiliares más importantes dentro del derecho
Penal: La Criminología.
2.-
LOS DELITOS.
2.1.-
NOCIÓN DE DELITO EN GENERAL.
Hemos hablado mucho acerca
de que el Derecho Penal es la rama del derecho que determina los delitos, en
cuanto a que es una conducta negativa y otros aspectos más, ahora, hablaremos
única y exclusivamente del Delito, de sus conceptos, su clasificación, su
división etcétera por lo que a continuación, empezaremos nuestro análisis con
los aspectos negativos y positivos del delito.
La palabra delito deriva
del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen
camino, alejarse del sendero señalado por la ley, así pues, delito es un
comportamiento típico, antijurídico y culpable, aclarando que en este concepto,
que es el que manejaremos de aquí en adelante, no hacemos alusión a lo relativo
al comportamiento punible, lo que hablaremos posteriormente. Por el momento
únicamente contemplaremos al delito como una estructura técnica utilizando el
tipo como el dato que le da unidad fenomenológica. Podemos definir al tipo como la descripción de la conducta cuya
realización la hace acreedora de pena y viene a ser la fuente de Punibilidad,
mismo que de divide en tipicidad formal y tipicidad material; la primera es la
adecuación letrística del comportamiento al molde legal y la segunda, es la
cabal realización de los presupuestos de la pena, es decir, la responsabilidad
en toda su expresión.
Asimismo, se ha hecho
referencia de que el delito es típicamente antijurídica y culpable entendiendo
por antijuridicidad culpable, entendiendo por ello que la antijuridicidad y la
culpabilidad están ligadas a la tipicidad, es decir que, son las comprendidas
dentro del esquema del tipo.
Antes a profundizar a la
estructura jurídica del delito, vale la pena manifestar que el delito es un
hecho del hombre que vulnera las condiciones de existencia, de conservación, de
desarrollo, de una sociedad en un momento determinado y por cual se prevé para
el sujeto agente como consecuencia, una pena de naturaleza aflictiva en cuanto
comporta privación o disminución del disfrute de determinados bienes jurídicos
como la vida, la libertad, el patrimonio entre otros.
El Código Penal vigente en
el Estado de Chiapas en su artículo 3o. nos define al delito como "El acto
u omisión que sancionan las leyes penales", debiendo entender por acto en
el hacer y en la omisión un no hacer que conlleven a la comisión de un delito. Dichas acciones u omisiones delictivas solo
pueden realizarse dolosa y culposamente, según refiere el articulo 4o. del
mismo ordenamiento legal, y obra dolosamente el que conociendo los elementos
del tipo penal o previendo como posible el resultado de éste, quiere y acepta
la realización del hecho definido como delito, por otra parte, obra
culposamente, el que produce el resultado típico definido como delito, que
previó y confió en que no se producirla o que no previó siendo previsible.
Ahora
bien, haremos mención del elemento punible del delito, mismo que como concepto
penal se reduce a la capacidad de ser activo del delito, con dos referencias:
uno de orden objetivo, constituido por la mayoría de edad dentro del derecho
penal, que puede o no coincidir con la mayoría del estado civil o política; y
otro de orden subjetivo, el que expresado en sentido llano se reduce a la
normalidad mental, normalidad que comprende, por supuesto, la capacidad de
querer y esto último, manifestado en términos accesibles para los no
especialistas, que el sujeto pueda comprender la diferencia entro lo que es
licito y lo que es ilícito; por lo que en pocas palabras la imputabilidad
implica al capacidad de ser sujeto activo del delito, o sea, no es un
componente propio del delito.
Por lo anteriormente
expuesto, tenemos los aspectos positivos y negativos del delito y a
continuación mostraremos una pequeña gráfica en donde desglosaremos lo
anterior:
|
Aspectos Positivos: Aspectos
Negativos:
Acción Falta
de acción
Tipicidad Atipicidad
Anijuridicidad Justificantes
Culpabilidad Inculpabilidad
|
En esta pequeña gráfica que
ilustramos, la acción o conducta viene a ser la base de toda la estructura, ya
que es un comportamiento en el cual media un movimiento de la psique. El delito independientemente de su composición
técnico-jurídica requiere de la operación humana, debido a esto, para su
estructuración resulta indispensable la base que viene a ser constituida por la
conducta humana, sin ésta, no puede ni tan siquiera pensarse en los demás
elementos del delito.
Acto es la conducta
voluntaria en el mundo exterior, causa voluntaria o no impediente de un cambio
en el mundo externo, acto supone, una manifestación de voluntad, entendiéndolo
por esto toda conducta voluntaria, es decir, la conducta que se encuentre libre
de violencia física o moral, misma que puede consistir en la realización o en
la omisión voluntaria de un movimiento del cuerpo.
En la conducta intervienen
dos factores, uno eminentemente material externo llamado Soma, y otro de
carácter interno llamado Psique, es decir, el Yo interno del individuo. En el Derecho Penal la conducta puede
ejecutarse haciendo lo prohibido o dejando de hacer lo exigido, por eso se
denominan delitos por acción (hacer) cuando se viola una norma prohibitiva, y
por omisión (no hacer), cuando se viola una norma preceptiva.
Otra de las características
del delito es su causa misma que es el eje motivador que produce la afectación
del bien jurídico protegido, dividiéndose en causa eficiente, la cual es el
sentido de la fuente de origen; causa motivo, la cual es el móvil determinante
de la voluntad del individuo; y causa fin, la cual constituye el fin o
propósito que se persigue, es decir, el objetivo buscado.
Los delitos además de
denominarse de acción o de omisión, también tienen una división en orden a la
conducta, es decir, a la forma en que se llevan a cabo; La facultad de
investigar y perseguir los delitos. la tiene únicamente el Ministerio Público,
ya sea del Fuero Federal o del Fuero Común, mismo que para tales fines se
auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato, lo
anterior es contemplado por el artículo 21 de la Constitución Política de
nuestro país.
A continuación,
analizaremos la forma en que se dividen los delitos, ya sea de acuerdo a su
conducta, fuero o forma de comisión.
