INDICE

CONTENIDO

Introducción

Objetivos

Capítulo I.

Antecedentes Históricos de la Constitución de 1824 a la Constitución de 1857.

Capítulo II.

El Plan de Tuxtepéc.

El Porfiriato.

Etapa Prerrevolucionaria.

La Revolución Mexicana.

Capítulo III.

El Congreso Constituyente.

El Tema de la Educación.

La Cuestión Agraria.

Los Monopolios.

Acuñación de moneda y emisión de billetes

La Soberanía de la Nación.

Composición del Congreso de la Unión.

Los Informes de Gobierno.

Impartición de Justicia.

Responsabilidad de los funcionarios.

El Municipio.

El Trabajo y la Previsión Social.

Capítulo IV.

Otro enfoque del Congreso Constituyente de 1916 – 1917.

La Constitución de 1917

Garantías individuales.

Garantías sociales.

Organización del estado mexicano.

Reformas a la Constitución.

Artículos transitorios.

La Constitución.

¿Qué es la Constitución?

La Constitución es la Ley de Leyes de un País.

Decisiones políticas fundamentales plasmadas en la Constitución.

Conclusiones.

Bibliografía.

Cuestionario.

Introducción.

La mejor manera de conocer al pueblo mexicano es mediante el estudio de su historia y sus instituciones; conocimiento que reafirma nuestra identidad, para así comprender nuestro modo de ser y las metas que como nación nos hemos fijado.

El presente trabajo describe una parte importante del pasado histórico de nuestro país, sus luchas, sus problemas, sus aspiraciones, sus logros, en fin, todos aquellos sucesos políticos y económicos que han conformado nuestra realidad social.

Nos remonta al siglo XIX para conocer a los personajes que intervinieron en la construcción de la patria, mostrando el perfil y la ideología que profesaban; por lo que vivieron y murieron. Se exponen sus principales hechos y obras, así como el papel que desempeñaron en la vida política de la naciente República.

Esos personajes, muchas veces rodeados de grandes dificultades y peligros, fueron los que crearon y dieron forma a nuestras constituciones, las que, a su vez, establecieron la estructura del Estado mexicano.

Esas leyes fundamentales son brevemente analizadas, así como la forma de gobierno federal, republicano, popular y representativo que crearon; los órganos públicos que establecieron; las decisiones políticas adoptadas y los derechos individuales y, ene el caso de la Constitución de 1917, las garantías sociales que proclamaron.

Hay que hacer notar que las tres constituciones federales de México, no fueron el fruto de una meditación pacífica, sino la consecuencia de sangrientos hechos de armas, de auténticas revoluciones: de la Independencia originó la Constitución de 1824, la de Ayutla a la Constitución de 1857 y los movimientos de 1910 y 1913, la actual de 1917.

El pueblo se identifica con sus grandes antepasados a través de sus leyes fundamentales. También por ella sabe de los derechos principales que le corresponden a cada individuo, a todo mexicano y a los diferentes sectores sociales, especialmente a los más necesitados. Así mismo, esos ordenamientos supremos les señalan sus obligaciones máximas.

La divulgación de los derechos superiores de los mexicanos, por medio de estos preceptos, lleva el propósito de contribuir a su mayor observancia y respeto. De igual forma, al extender más el conocimiento de nuestros deberes elementales, podremos cumplirlos conscientemente.

Objetivos.

Los objetivos más importantes del presente trabajo, son diversos, y su contenido habrá de presentarse a continuación:

Es la manera idónea de conocer al pueblo mexicano y sus instituciones jurídicas especialmente su carta fundamental, la Constitución General de la República.

El conocimiento directo de los factores que influyeron como causas inmediatas y mediatas, como antecedentes de influencia para el establecimiento de la Constitución General de la República con vigencia hasta nuestros días.

Presentar nuestro pasado histórico que dio origen al Congreso Constituyente y la constitución de 1917.

Recordar un gran número de los personajes de la vida nacional que con sus luchas armadas o sus tareas ideológicas conformaron diversas aportaciones que dieron la pauta fundamental a la elaboración de la Constitución de 1917, recogiendo los reclamos del pueblo de México, principalmente de la clase más desprotegida o de la que formó la inmensa mayoría en el país, los campesinos, los obreros y los trabajadores no asalariados.

Saber de manera clara y específica cuáles fueron los aspectos políticos más importantes que influenciaron la Carta Magna, en la lucha por el poder en México, entre otros temas, uno de los más importantes, el porqué se instauró el principio de sufragio efectivo y no reelección, que es muy actual hasta nuestros días.

La exposición de las partes más importantes de la Constitución en 1917, en sus temas fundamentales, como la educación, la libertad de culto, las garantías individuales, la composición del gobierno, los principios que unen a la República Representativa y Federal, el Poder Judicial, la instauración del juicio de Amparo, la composición del gobierno con su división tripartita de poderes, la función y composición del Poder Legislativo, el Ejecutivo y la duración en su cargo, los derechos de los trabajadores, los derechos de los campesinos y la distribución de la tierra, el combate a los monopolios y otros aspectos de gran interés para la nación.

CAPÍTULO I.

1. Antecedentes Históricos de la Constitución de 1824, a la Constitución de 1857.

Nuestra Constitución vigente se basa en una anterior, la de 1857 y ésta a su vez, proviene de la primera Constitución de 1824.

El nacimiento de la primera Constitución emana de los siguientes acontecimientos históricos, políticos y sociales:

En el año de 1808 Francia invadió España, Napoleón se impuso a la Corona Española y, por medio de artificios, logró que Fernando VII renunciara como soberano. Posteriormente, el emperador francés colocó a su hermano José Bonaparte como monarca español.

La población en el antiguo territorio de la Nueva España, en su carácter de colonia española, que realizaban los trabajos más pesados y humildes, manteniéndose en una total ignorancia y marginación por parte de los grupos superiores.

Los criollos y los españoles formaban la cúspide de esta estructura social, aunque los criollos por ser hijos de españoles, nacidos en la colonia, soportaban un nivel de sometimiento e inferioridad frente a los españoles emigrantes y autoridades españolas y eclesiásticas.

Como ya se mencionó, las autoridades españolas metropolitanas dejaron de gobernar, y en la Nueva España – hoy México – surgieron ideas de libertad, no sólo en la ciudad capital, sino en otras partes como los cabildos de Jalapa y San Luis Potosí. Lo mismo sucedió en otras colonias de América.

Así, Fray Melchor de Talamantes, misionero peruano y mártir de la Independencia de México, formuló un plan político y una convocatoria para la organización del Congreso Nacional en la que proponía suprimir la autoridad civil española. Estos fueron los primeros pasos del proceso independentista en nuestro país, mismo que culminaría en 1821, después de la irrupción del movimiento armando de 1810, encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende, continuando por José María Morelos y Pavón y consumado por Vicente Guerrero.

Además de tales hechos, influyeron en la creación de nuestra Ley Suprema de 1824 las ideas filosóficas de Rousseau respecto de la soberanía y las de Montesquieu, importante pensador francés, sobre la división de poderes como un sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. Por otro lado, esa ley se inspiró en el federalismo norteamericano y se hizo palpable el influjo de la Constitución de Cádiz de 1812 en lo relativo al procedimiento para la elaboración de las leyes.

Una vez consumada la Independencia de México, el primer Congreso Constituyente mexicano promulgó en 1824. La primera Constitución Política del país, que sería la Constitución original fundamentada en hechos históricos – políticos de profundas raíces nacionalistas.

Dicha norma, postuló la soberanía nacional y estableció la República representativa, popular, federal. Consignó además, un sistema presidencialista, un poder legislativo sólido con amplias facultades, dividido en dos Cámaras, y una estructura judicial constituida por una Corte Suprema de justicia y Tribunales de Circuito y de Distrito.

La Constitución de 1824, de corte liberal, fue sustituida por las Sietes Leyes Constitucionales de 1836 y las Bases Orgánicas de 1843, promulgadas por gobiernos conservadores. En 1847 fue la constitución originaria, siguiendo en orden de importancia la norma suprema de 1857, la que desde el momento de su promulgación fue combatida por los conservadores clericales. La lucha política entre liberales y conservadores, dio pie a la Guerra de Reforma, lucha civil que duró tres años, resultando finalmente triunfador el grupo liberal encabezado por el Presidente Benito Juárez.

La Carta Magna de 1857 estableció la supremacía de la Constitución, la división de poderes, el gobierno republicano, democrático, representativo y federal. Reconoció los derechos del hombre, “como la base y el objeto de las instituciones sociales...” y estableció el juicio de amparo para hacerlos respetar. El amparo es el medio – instrumento – que tiene toda persona (física o moral, hombre o mujer, mexicano o extranjero, etc.) para presentarse ante un juez o tribunal federal y pedir su protección (su amparo) por garantía violada por la autoridad (Congreso Federal o Estatal, Presidente, Gobernador o por los propios jueces).

Con la Constitución de 1857, como bandera primordial, se luchó en 1862 – 1867 contra la invasión francesa y el efímero II Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Al triunfo de las armas liberales, quedó restaurada la República, con Benito Juárez en la presidencia. Al morir éste, Sebastián Lerdo de Tejada quedó al frente del gobierno. Debido a la sublevación de Porfirio Díaz y el grupo de antilerdista, se emitió el Plan de Tuxtepec, con el que Díaz salió victorioso y, en 1876, llegó al poder donde permaneció más de 30 años, exceptuando el período de Manuel González (1881 – 1884).

Con el general Díaz, el país estuvo en una relativa situación de “paz y progreso”, misma que empezó a decaer a finales del siglo XIX, cuando surgieron demandas específicas en contra de un pequeño sector privilegiado (compuesto por terratenientes militares de alto rango e intelectuales, conocidos como “los científicos”), y de la excesiva inversión extranjera. Se agregaron a la situación descrita las graves condiciones económicas y sociales que mantenían al pueblo obrero y campesino e inclusive a un importante sector de la clase media, en una situación de extrema pobreza.

Ante la imperante crisis económica y social, a principios del siglo XX, surgieron diversos movimientos (ideológico – políticos), en primer término, para derrocar el gobierno dictatorial. La negativa de Díaz para dejar el poder condujo al estallido de la Revolución de 1910, encabezada por Francisco I. Madero, quien logró la renuncia y retirada de Díaz.

Desde sus inicios, el movimiento maderista invocó la necesidad de reformar la Carta Magna de 1857, para modificar las circunstancias en que el país vivió durante sesenta y siete años. Desafortunadamente, no pudo llevar a cabo sus objetivos, debido al golpe militar encabezado por Félix Díaz y secundado por Victoriano Huerta en 1913, con el consecuente asesinato de Madero y José María Pino Suárez.

Sin embargo, Venustiano Carranza enarboló nuevamente la bandera constitucionalista y su principal objetivo fue la derrota del usurpador Victoriano Huerta y el regreso al orden constitucional. Después de dos años de luchas internas entre los grupos revolucionarios, Carranza, con el carácter de Encargado del Poder Ejecutivo, pudo convocar a un nuevo Congreso Constituyente en septiembre de 1916 y promulgó (dio a conocer a la Nación y ordenó que se cumpliera) la Constitución, el 5 de febrero de 1917.

CAPÍTULO II.

1. El Plan de Tuxtepéc

A partir de la victoria que la armas mexicanas lograron sobre la intervención extranjera en el año de 1867, la restauración de los principios republicanos fue el propósito fundamental que se trazó el gobierno liberal de Benito Juárez.

La tarea de la reconstrucción del nuevo país quedó en manos de los intelectuales del ala liberal, entre quienes se encontraban: Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, Francisco Zarco, Ignacio Ramírez y otros prestigiados pensadores, que lo mismo incursionaron en las letras que en la política.

Para colocar al país a la altura de las grandes naciones del mundo de aquella época, el gobierno mexicano necesitaba, en el orden político, centrar su atención en los puntos siguientes: la aplicación práctica de la Constitución de 1857, la reducción del ejército (que se había incrementado considerablemente cuando luchó contra la intervención), la reactivación de la hacienda pública y la pacificación total del país.

Durante los años que corren de 1867 a 1876, período en el que se desarrolla el programa liberal, la aplicación de la Constitución tuvo que sortear el problema ocasionado por la separación formal y el equilibrio de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), en un contexto que hacía imposible mantenerlos en la práctica.

Después de ser jurada la Constitución de 1857, se generaron diversos conflictos internos que condujeron a la Guerra de Reforma. Al presentarse la intervención francesa, el ejecutivo acumuló poderes extraordinarios, a grado tal, que el legislativo y el judicial desaparecieron y fueron sustituidos por las instituciones de la intervención. Los poderes de Juárez, en su gobierno trashumante, pudieron mantenerse dentro de ciertos límites, pero al restaurarse la República, el ejecutivo demandó más y más poder, a tal grado que, años más tarde, esa actitud propició entre otros acontecimientos, la cancelación del proyecto liberal.

El reajuste político que la realidad nacional demandaba en ese momento, motivó la separación de los tres personajes más prestigiados del partido liberal: Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias.

El primer indicio de su separación se dio en la elecciones presidenciales de julio de 1871, cuando Lerdo de Tejada, al igual que Porfirio Díaz, presentaron su candidatura frente a la de Juárez. Éste resultó victorioso en las elecciones y ocupó nuevamente la máxima magistratura, pero cuando murió, en 1872, Lerdo de Tejada asumió la presidencia provisional y pocos meses después fue electo presidente constitucional.

Cuatro años más tarde, debido a la realización de nuevas elecciones, Iglesias y Lerdo de Tejada se enfrentaron en una dura batalla política, ya que el primero impugnó el intento de reelección del segundo.

El origen de este enfrentamiento, se remonta al tiempo en que Lerdo fungió como Presidente de la República e Iglesias como Presidente de la Suprema Corte de Justicia, es decir, representante del poder judicial.

José María Iglesias demandaba, al entonces jefe del ejecutivo, que cada uno de los tres poderes de la unión (legislativo, ejecutivo y judicial) se organizaran de manera autónoma respecto a los otros dos. Por su parte, Lerdo argumentaba que, de acuerdo a la tradición, le correspondía al presidente el nombramiento de los integrantes del poder judicial, a saber: los jueces de Distrito y de Circuito. En esta atribución venía una omisión que la misma determinaba con respecto a la elección de los jueces de Distrito y de Circuito.

Iglesias consideraba que la intervención del ejecutivo en la organización del poder judicial, que él representaba, era una grave amenaza para la aplicación de la democracia en México y para la independencia del propio poder judicial.

A pesar de la pugna evidente entre ambos políticos, durante la presidencia de Lerdo no se llegó a un rompimiento abrupto, aunque es necesario señalar que en 1875 Iglesias presentó su renuncia, debido a la expedición de una ley que limitaba las atribuciones de la Suprema Corte para amparar a personas frente a la resolución de las autoridades locales, que eran consideradas como electas de forma ilícita. Iglesias, ante las súplicas de los Magistrados de la Suprema Corte, retiró su renuncia.

Además de las circunstancias motivadas por la confusión para interpretar la Constitución, con respecto a la separación de poderes, también existía en el país un gran descontento en diversos sectores que se mostraban no conformes con la reelección presidencial: la de Juárez en 1871 y la que intentaba Lerdo de Tejada en 1876.

Desde 1871, el general Porfirio Díaz, destacado militar que combatió contra los franceses, había proclamado el Plan de la Noria, mediante el cual atacaba al presidente Juárez; lo acusaba de perpetuarse en el poder y censuraba su reelección. La asonada militar, secundada por los generales Donato Guerra, Jerónimo Treviño, Francisco Naranjo y por políticos no conformes con el régimen juarista, fue sofocada por las tropas gubernamentales y no tuvo mayores consecuencias.

Sin embargo, la disconformidad siguió vigente y se acentuó cuando Juárez murió y Lerdo, por ser Presidente de la Suprema Corte de Justicia, ocupó automáticamente la presidencia interina en 1872. durante la gestión de este último, aparte de que enfrentó una enorme oposición dentro de sus propias filas, tuvo que sortear dificultades con los conservadores resentidos que nos olvidaban que el presidente había incorporado a la Constitución, en septiembre de 1873, las Leyes de Reforma.

La reelección intentada por Lerdo de Tejada en los nuevos comicios presidenciales de 1876, tuvo la oposición franca de diversos grupos políticos, que no tardaron en manifestarse de forma violenta.

En efecto, en enero de 1876, el país se convulsionó profundamente cuando el general Fidencio Hernández, jefe de la guarnición de Tuxtepec, Oaxaca, proclamó el Plan de Tuxtepec, que desconocía al presidente Lerdo de Tejada. Este plan postulaba la no reelección del Presidente de la República y Gobernadores de los Estados, proclamaba elecciones libres, designaba al general Porfirio Díaz Jefe del Ejército Regenerador y declaraba que, al triunfo de la Revolución, el presidente interino sería nombrado por la mayoría de los gobernadores que hubiesen apoyado el movimiento.

Al Plan de Tuxtepec se adhirieron varios militares como Manuel González, quien sería Presidente de la República en el período 1880 – 1884, y Porfirio Díaz, el cual aceptó la jefatura del movimiento el 21 de marzo de 1876, reservándose el derecho de hacer algunas observaciones al texto del Plan. La principal observación consistía en la vuelta al sistema original de la Constitución de 1857, que facultaba al Presidente de la Suprema Corte de Justicia para sustituir, en caso de ausencia, al Presidente de la República.

De esta manera, el Plan reformado por Díaz, llamado de Palo Blanco, trató de darle un manto de legalidad constitucional al movimiento que hasta ese momento, sólo era una sublevación armada.

Las elecciones presidenciales se llevaron a efecto en julio de 1876, y la opinión pública esperaba impaciente los resultados que deberían ser declarados, oficialmente por el Congreso, el 1° de Septiembre del mismo año. Sin embargo, cuando el Congreso inició sus sesiones el día señalado, no dio a conocer los resultados, sino hasta el 26 de octubre, fecha en que se proclamó la reelección de Lerdo de Tejada.

El resultado de la elección obligó a José María Iglesias, quien días antes había abandonado la capital clandestinamente, a lanzar, desde Toluca, un manifiesto a la Nación proclamando que la reelección era ilegal, pues se había llevado a efecto a pesar de que nueve Estados del país se hallaban en estado de sitio y en otros se había utilizado la fuerza militar sobre los electores. En vista de esos, Iglesias se declaró presidente provisional y estableció su gobierno en Guanajuato.

Publicó además un programa de gobierno que postulaba tres puntos básicos: se comprometían a promover la reforma constitucional para evitar la reelección del presidente y de los gobernadores; planteaban la reducción del ejército y, por último, ofrecía que tanto él como todos los miembros de su gabinete, no se presentarían a las próximas elecciones presidenciales.

De lo anterior, se desprende que el grupo político seguidor de Iglesias luchó por un programa político y no por encumbrar a un determinado hombre en el poder. El lema del movimiento encabezado por Iglesias: fue “Sobre la Constitución, nada. Sobre la Constitución, nadie”.

Por otro lado, mientras se daba a conocer la reelección de Lerdo, Díaz dominaba ya gran parte de la República, en tanto que el movimiento encabezado por Iglesias sólo tenía fuerza en dos estados: Guanajuato y Querétaro.

Durante la lucha contra Lerdo, ambos bandos, el de los rebeldes tuxpecanos (apoyados por grupos caciquiles locales y por militares resentidos por la política centralizadora y antimilitarista de Juárez y Lerdo), y el de Iglesias, entablaron contacto. Porfirio Díaz presentó a Iglesias un esbozo de convenio en el que se proponía, entre otros puntos: el desconocimiento de los tres poderes federales, la prohibición constitucional de reelegir al presidente, una lista de ministros que Iglesias debía nombrar en su calidad de presidente interino y la facultad de aquél (Díaz) para dar nombramiento a las autoridades militares del centro y del oriente del país.

Iglesias no aceptó el convenio e hizo una contrapropuesta que resultó fuera de tiempo, puesto que se libraba ya la batalla decisiva entre el gobierno lerdista y los porfiristas, en las llanuras de Tecoac, Tlaxcala. En ella, Manuel González general adicto a Díaz, lograron la victoria final a favor de los firmantes del Plan de Tuxtepec y de Palo Blanco.

Al ser derrotado el presidente Lerdo abandonó la capital el 20 de noviembre de 1876, entregando el gobierno civil a un conocido porfirista: Protasio Tagle. El día 23 del mismo mes, Díaz entró triunfante a la capital de la República y, en cumplimiento de los planes firmados, ofreció la presidencia provisional a José María Iglesias, por su carácter de presidente de la Suprema Corte, a condición de que se adhiriera al movimiento. Por medio de una conferencia telegráfica, Iglesias se negó a adherirse al movimiento de Tuxtepec: “No acepto, ni puedo aceptar... Todo lo que sea separarse de la Constitución será rechazado por mí, que soy el representante de la legalidad”.

Al día siguiente de esa conferencia, realizada el 27 de noviembre, Porfirio Díaz asumió la presidencia provisional, designó su gabinete y dio por terminado su compromiso con el iglesismo.

Un mes después, Díaz se trasladó a Querétaro con un contingente de 16 000 hombres para poner fin al débil reducto iglesista que aún se hallaba en pie de lucha. El día 21 de diciembre de 1876 se celebró una entrevista entre Díaz e Iglesias, en la que el primero hizo notar que no iba a negociar, sino a ofrecer a su contrincante una salida honorable. Iglesias reconoció su derrota y carente de recursos financieros y humanos, abandonó el país en enero de 1877, para exiliarse en San Francisco, California.

Con esta rápida y fácil victoria sobre las fuerzas de la legalidad. Porfirio Díaz dio por terminado el movimiento militar, regresando a la capital para hacerle frente a un doble problema: las próximas elecciones y, por consiguiente, la crítica de la opinión pública.

2. El Porfiriato.

Después del triunfo del Plan de Tuxtepec, el gobierno provisional convocó a elecciones, las cuales, según Ralph Roeder, fueron celebradas bajo control militar y limitado la concurrencia a las casillas, sólo a aquellos ciudadanos mexicanos conformes con el Plan de Tuxtepec. De esta manera, Porfirio Díaz llegó al poder tomando posesión el 5 de mayo de 1877, por un período que concluiría el 30 de noviembre de 1880. Su gobierno se caracterizó por la centralización del poder, tanto en lo militar, como en lo político y económico. Así mismo, se reorganizó la situación fiscal del país y se combatió fuertemente al contrabando. Estos cuatro años fueron para Díaz el inicio de un proyecto de gobierno a largo plazo.

Al término del período presidencial de Díaz, su fiel seguidor y compadre, general Manuel González, asumió la presidencia el 1° de diciembre de 1880. durante su gobierno se inauguró el ferrocarril de México a El Paso, Texas; se fundó el Banco Nacional de México y se reanudaron las relaciones con Inglaterra, cuestión que no fue favorable, ya que se reconoció la deuda a favor de ese país. Otro factor negativo fue la quiebra del Nacional Monte de Piedad, situación que, aunada al lanzamiento de una moneda de níquel se acuño en cantidades ilimitadas, dio paso a una devaluación del salario, provocando el descontento popular.

Por otro lado, se gestaron diferentes rebeliones indígenas provocadas por el despojo de tierras, apoyado en una política represiva que resultó nefasta para la popularidad de González. Cuando Manuel González dejó la presidencia, el 30 de noviembre de 1884, existía un descontento generalizado.

Mientras tanto, Porfirio Díaz continuó activo en la política nacional, primero como Secretario de Fomento y después como gobernador provisional del Estado de Oaxaca. Percibió el mal estado que guardaba la nación, lo cual era un campo fértil para apoyar su retorno a la presidencia.

Ya desde 1881, el general Manuel González respondía a una consulta que le hiciera Ramón Corona, en relación a la sucesión presidencial: “... la elección del señor general Díaz será conveniente, porque hasta hoy no veo otro hombre que reúna los mismos elementos que él, no sólo para mantener la paz en la República y sostener sus instituciones, sino que siendo su período presidencial el que inició el progreso que se desarrolla actualmente en el país, nadie mejor que él podrá ser una garantía de que bajo su administración se lo obtendrá por completo...”.

Antes estas premisas de “paz y bienestar” el general Porfirio Díaz logró ser nuevamente electo, y comenzó una etapa fructífera y de constantes reajustes y reformas a lo establecido por la Constitución. Cabe resaltar, en especial, la modificación que sufrió el Artículo 78 Constitucional en relación a que “El Presidente entrará a ejercer su cargo el 1° de diciembre, y durará en él cuatro años, pudiendo ser reelecto para el período constitucional inmediato...”. De esta manera, la bandera del Plan de Tuxtepec, la “no reelección” y los postulados del propio plan, quedaron en el olvido.

A partir de 1884, el General Porfirio Díaz, apoyado por la fuerza militar, pacificó todas las sublevaciones que se presentaron, incluyendo las constantes rebeliones de indígenas y las del grupo lerdista, sobreviviente inconforme con las reformas a la Constitución. Su gobierno dictatorial se caracterizó por el apoyo al grupo “científico”, compuesto por hombres relevantes del positivismo, por la apertura al capital extranjero, por la velada intromisión de la Iglesia en la vida política de México y por la represión a la libertad de prensa y a todo movimiento en contra de sus disposiciones. Todo esto convirtió al México republicano en una dictadura.

Durante las primeras décadas del Porfirismo, México experimentó importantes avances en materia económica, tales como la ampliación de las comunicaciones interestatales, gracias a la expansión ferrocarrilera; se planteó un programa definido dentro de la minería y en ciertas ramas de la agricultura de exportación , aunque la de autosuficiencia permaneció con el atraso técnico característico, toda esta prosperidad se debió, en gran parte, a las inversiones del capital extranjero las cuales comprometían la soberanía nacional, en a medida en que los extranjeros eran propietarios de los bancos y sistemas financieros, de los negocios de crédito, de la luz eléctrica, del telégrafo, de la vías férreas, e inclusive de recursos acuíferos y de las extensiones agrícolas y ganaderas del país.

De igual forma, se obtuvo bienestar para una minoría privilegiada de la población, pero a costa de los sectores más desprotegidos del país. Para fines del siglo XIX y comienzos del XX, la Constitución de 1857 y la Leyes de Reforma (en especial la Ley Lerdo o Ley de Desamortización), así como las Leyes de Colonización y de Baldíos, fueron factores determinantes en la elevada concentración territorial, originada, entre otras cosas, en las desamortización de los bienes de manos muertas. Las tierras de las comunidades indígenas, las tierras de los pueblos, las tierras de las cofradías y las tierras de común repartimiento y pequeñas propiedades desaparecieron, quedando en manos de nuevos latifundistas y hacendados. El acaparamiento de la tierra ocasionó la concentración del peonaje y de los labriegos, quienes ofrecieron su trabajo en calidad de peones acasillados virtuales de los propietarios.

Los nuevos capitalistas se enriquecieron y se hicieron poderosos trabajando sus haciendas, sustituyendo el cultivo extensivo por el intensivo y de exportación – azúcar, algodón y henequén –, por el tradicional de maíz, fríjol, trigo y hortalizas.

En resumen, la vida de la aristocracia era muy placentera, rodeada de lujos, opulencia y con una fortuna adquirida fácil y rápidamente, en tanto que la vida de los obreros, empleados, clase media y campesinado, se constituyó en el soporte de esa burguesía suntuosa aliada al capital extranjero y, sólo en apariencia, constructora del México moderno.

3. Etapa Prerrevolucionaria.

Dentro de la transformación de la estructura económica del país, la industria exigió mayor número de operarios y la clase obrera aumentó considerablemente, exigiendo derechos y reivindicaciones. Con anterioridad a la década de 1870, no es posible hablar de la existencia de organizaciones obreras, ya que dentro de las entidades mutualistas y cooperativas, no prevalecía una unidad de intereses comunes que permitieran la organización obrera nacional. Fue hasta el 16 de septiembre de 1872, al integrarse el Círculo de Obreros de México, con carácter nacional, cuando surgió el movimiento obrero.

Las demandas iniciales de esta organización se centraron en: instrucción de obreros adultos y educación obligatoria a sus hijos, establecimiento de talleres para dar trabajo a los artesanos, cumplimiento de las garantías políticas y sociales para los obreros, sin que recayera sólo en ellos el servicio militar, absoluta autonomía en su conciencia y en su culto, defensa legal contra las exigencias y desigualdades de los impuestos y la variación del tipo de jornal, entre otros. Fueron éstos los puntos que sentaron las bases de los derechos de los trabajadores.

El movimiento obrero reivindicó el derecho de huelga, instrumento indispensable con el que ha podido reclamar sus prestaciones laborales. Este derecho fue ampliamente utilizado durante las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX. En diversas fábricas e industrias los obreros se manifestaron contra las injustas jornadas de trabajo y los precarios aumentos salariales, lo que provocó acciones represivas inmediatas, que crearon un ambiente de hostilidad y enfrentamiento entre patrones y asalariados. De acuerdo con Jesús Silva Herzog: “...Un peón ganaba en la ciudad treinta y siete centavos diarios y un maestro albañil setenta y cinco centavos. La jornada de trabajo era por regla general de diez a doce horas...”, además de que había preferencia por los trabajadores extranjeros en la contratación laboral. En este contexto se editaron diversas publicaciones que apoyaban al movimiento obrero y al cambio de gobierno, en virtud de que para 1900, Porfirio Díaz cumplía ya dieciséis años consecutivos en el poder. Entre estos periódicos podemos mencionar a Regeneración, Evolución Social, El Hijo del Trabajo, La Comuna, La Voz del Obrero, El Socialista y El Hijo del Pueblo, entre otros.

De todos ellos destacó el periódico Regeneración, dirigido por Ricardo y Jesús Flores Magón. En especial, el primero luchó intensamente por la desaparición de la propiedad privada, la implantación del trabajo comunal de la tierra y la eliminación de la explotación obrera en las fábricas, peticiones que quedaron plasmadas en el Programa del Partido Liberal en el año de 1906, firmando por él y otros importantes activistas, como Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal, Librado Rivera, Manuel Sarabia y Rosalío Bustamente.

A través de Regeneración, el Partido Liberal transmitió a trabajadores, campesinos y público en general, la necesidad de agruparse para resolver demandas como: la reducción del período presidencial a cuatro años sin posibilidad de reelección, la libertad de pensamiento y expresión, la supresión de tribunales militares especiales, del servicio militar obligatorio y del militarismo profesional, la supresión de las escuelas del clero y la creación de alternativas de instrucción laica, la renuncia del clero católico a sus pretensiones de intervenir en el gobierno y la aceptación, por su parte, de la separación Iglesia – Estado; la nacionalización de los bienes eclesiásticos, el establecimiento de la jornada de ocho horas y de un salario mínimo, la garantía de higiene en las fábricas y el alojamiento a obreros, la prohibición del trabajo infantil y la indemnización por accidentes de trabajo. En el ramo agrario se demandó: la concesión de tierras bajo la condición de no venderlas, para mantener así la división de la propiedad y evitar el acaparamiento por capitalistas; la creación de un Banco Agrícola que apoyara a los cultivadores, favoreciera al pequeño propietario y gravara a los grandes capitales; la restitución al pueblo de las tierras detentadas por los caciques y los funcionarios de la dictadura; la devolución de las tierras confiscadas a las comunidades indígenas y a los pueblos fronterizos de la zona libre; la sustitución de cárceles por colonias penitenciarias y la protección de la raza indígena. En conclusión, estos propósitos sintetizan la crisis política y social que vivía el país hacia julio de 1906.

Las ideas antes expuestas y la dinámica de lucha que propiciaba la miseria tan alarmante que vivía el pueblo mexicano, quedaron de manifiesto en las famosas huelgas de los mineros de la Cananea Consolidated Cooper Company, ubicada en la localidad de Cananea, Sonora, que estalló en mayo de 1906 y la huelga de los trabajadores textiles de Río Blanco, Veracruz, en enero de 1907.

A pesar de la terrible represión que imperaba sobre cualquier movimiento o manifestación en contra de los patrones y el gobierno porfirista, los trabajadores se lanzaban a la lucha por la defensa de sus demandas y necesidades.

La crisis económica de 1905 provocó en los mexicanos la búsqueda de nuevas alternativas y cambios, tanto en lo político, como en lo económico y social. La opinión pública hizo patente su inconformidad y don Porfirio empezaba a recibir más críticas que adulaciones.

La nueva generación de intelectuales, influenciados por las ideas revolucionarias europeas, comenzó a pedir cuentas a Porfirio Díaz, la pobreza del pueblo era lacerante, la entrada del capital extranjero insultante y la reelección ya no se podía tolerar. Se reclamaba el cambio.

La grave situación política, contraria a una nueva reelección y al candidato a la vicepresidencia impuesto por Díaz, se aceleró debido al contenido de la famosa entrevista Díaz – Creelman (1908), en donde el presidente hizo alarde de su gran disposición para dejar el poder y reconocer a los partidos de oposición. La revuelta ocasionada fue realmente importante, aumentó la literatura oposicionista, se dejaron oír con más fuerza los postulados políticos y la posibilidad de sustituir a Díaz quedó más cercana.

Al poco tiempo el presidente se arrepintió de sus aseveraciones y buscó de nueva cuenta la reelección, en 1910. Sin embargo, se incrementó la organización de partidos, destacando la presencia del Partido Antirreeleccionista, encabezado por Francisco I. Madero, autor de la Sucesión Presidencial en 1910, obra que causó gran impacto en el debate sobre la democracia.

El ambiente político propició que Madero lanzara, en abril de 1910, su candidatura a la Presidencia de la República y obtuviera como respuesta su encarcelamiento en San Luis Potosí. En los comicios de septiembre resultó nuevamente electo Porfirio Díaz como presidente, y Ramón Corral como vicepresidente, para el período del 1° de diciembre de 1910 al 30 de noviembre de 1916.

Madero logró escapar hacia los Estados Unidos, y el 5 de octubre de 1910 proclamó el Plan de San Luis, donde desconocía al gobierno de Díaz, declaraba nulas las elecciones, exigía el sufragio efectivo y la no reelección, y señalaba el 20 de noviembre, como fecha para que el pueblo mexicano se levantara en armas en contra el viejo régimen.

4. La Revolución Mexicana.

El Plan de San Luis fue secundado por los miembros de los clubes liberales de varios Estados de la República. La insurrección contra Díaz se hizo evidente en estados como Coahuila y Chihuahua. El 21 de mayo de 1911, en Ciudad Juárez, se firmaron los tratados del mismo nombre en los que Francisco Vázquez Gómez, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, representantes del movimiento revolucionario, y Francisco S. Carvajal, enviado del gobierno de Díaz, convinieron los siguientes cuatro puntos: primero, la renuncia de Díaz ocurriría antes de terminar el mes de mayo; segundo, el vicepresidente Ramón Corral renunciaría de igual manera; tercero, Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones Exteriores, ocuparía la presidencia interina para convocar a elecciones, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 81 de la Constitución, y cuarto, se indemnizarían los perjuicios ocasionados por la revolución y cesarían las hostilidades entre ambos grupos.

El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz presentó su renuncia y dejó provisionalmente el gobierno a León de la Barra. Seis días después, abandonó el país a bordo del buque Ipiranga.

Tal como se previno en los Tratados de Ciudad Juárez, León de la Barra asumió la presidencia interina y convocó a elecciones generales. Sin embargo, se dejó intacta la vieja estructura porfirista, por lo que este período fue de constante lucha entre la herencia del antiguo régimen y la implantación de uno nuevo.

El interinato no dejó satisfechos ni a obreros, ni a campesinos en sus diversas demandas, ya que continuaron los mismo problemas, como las invasiones a las propiedades de las comunidades, las sucesivas huelgas fabriles y los levantamientos campesinos.

Durante esta etapa de la revolución surgió un conflicto debido a la controversia creada por el desarme y el licenciamiento de las diversas fuerzas revolucionarias. La presión de los acontecimientos fue definitiva, por lo que León de la Barra renunció a su cargo un mes antes del término legal de su mandato.

El 6 de noviembre de 1911, Francisco I. Madero ocupó solemnemente el cargo de Jefe del Ejecutivo, teniendo como vicepresidente a José María Pino Suárez, no obstante la franca oposición que comenzaba a gestarse en torno a su persona y a su programa. En efecto, el general Bernardo Reyes, pocos días después de la toma de posesión, lanzó un plan que modificaba, en lo sustancial, el Plan de San Luis, declaraba nulas las elecciones y se postulaba como presidente provisional.

Por su parte, la Junta Revolucionaria de Morelos, encabezada por Emiliano Zapata, elaboró el 28 de noviembre de 1911 el llamado Plan de Ayala, en el que se manifestó el reclamo por el incumplimiento de lo ofrecido por Madero en 1910, en lo relativo a la devolución de las tierras a las comunidades indígenas y agrarias del Estado de Morelos. Zapata encabezó a partir de entonces el Ejercito Libertador del Sur.

Entre tanto, en Chihuahua, Pascual Orozco se oponía al régimen maderista mediante el Plan de la Empacadora, en el que se acusaba al presidente y a su gabinete de corrupción y traición al país y al movimiento revolucionario. Por otra parte, en Veracruz, Félix Díaz, sobrino del expresidente, se manifestaba en contra de Madero y pedía el gobierno para sí mismo.

A pesar de que Madero intentó conciliar intereses y aplicar una serie de reformas, fue víctima de la asonada militar conocida como “La Decena Trágica”, ocurrida a partir del 9 de febrero de 1913. Bernardo Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón, tres generales del viejo régimen porfirista se levantaron en armas. En un principio, Victoriano Huerta combatió contra ellos, en su carácter de general maderista; pero, posteriormente, se unió a éstos y otros generales, y junto con el embajador norteamericano, Henry Lane Wilson, acordaron por medio del Pacto de la Embajada, coaccionar a Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, para que renunciaran a sus cargos. Aunque éstos aceptaron dimitir, fueron asesinados el día 22 del mismo y trágico mes.

En esa forma, el general Victoriano Huerta llegó al poder, que le fue transmitido por Pedro Lascuráin, quien ocupó unas cuantas horas la presidencia.

Ante la situación, varios gobernadores maderistas, entre los que destacaron Venustiano Carranza de Coahuila, y Abraham González de Chihuahua, decidieron pronunciarse en contra del usurpador Victoriano Huerta. Mientras Abraham González era cobardemente asesinado, Carranza convocaba, con el Plan de Guadalupe, al pueblo y a militares leales a la causa, a tomar las armas para restablecer la legalidad en el país. Así, a efecto de luchar enconadamente en contra del usurpador, el Ejército Constitucionalista levantado en armas en contra de Huerta por todo el territorio nacional, contó con hombres como Francisco Villa en el norte, Álvaro Obregón en el noroeste, Pablo González en el centro y, por su cuenta, Emiliano Zapata en el sur del país. Sus luchas militares y políticas ocasionaron serias dificultades al gobierno ilegítimo de Huerta.

Además de las dificultades mencionadas, Huerta se encontró con la falta de reconocimiento a su gobierno por parte del presidente norteamericano Woodrow Wilson, quien censuró la política del embajador estadounidense en México, Henry Lane Wilson, debido a su injerencia en los asuntos de política interna mexicana.

La agresión ocurrió por el pretexto de presionar a Huerta para obtener reconocimiento de los derechos de los ciudadanos norteamericanos y de la dignidad de los Estados Unidos, pisoteada, según ellos, cuando miembros del ejército mexicano hicieron prisioneros a soldados estadounidenses, que habían desembarcado, pocos días antes frente al puerto de Tampico. El gobierno de Estados Unidos justificó la violación al territorio mexicano alegando su deseo de “restablecer el orden constitucional en México”. Ante estas presiones, Victoriano Huerta renunció el 15 de julio del propio año, ocupando interinamente la presidencia Francisco Carvajal.

El ejército revolucionario hizo su entrada triunfal en la capital el 15 de agosto de 1914. Venustiano Carranza se encargó del poder ejecutivo, intentado conciliar los intereses de las diversas facciones militares triunfantes. Para tal efecto, decidió convocar a un foro donde se pusieran de manifiesto las diversas posiciones políticas e ideológicas y se llegara a la conciliación de intereses. La reunión se llevó a cabo, primero, en la ciudad de México, de donde se trasladó a la ciudad de Aguascalientes, por ser un sitio neutral y así poder reunir a todos los grupos políticos en pugna. Las facciones revolucionarias que concurrieron a la Convención, llegaron a los siguientes acuerdos: pedir la renuncia de Carranza al poder ejecutivo, el nombramiento de Francisco Villa como comandante en Jefe del Ejército de la Convención y la designación de Eulalio Gutiérrez como presidente provisional. En esta Convención se discutieron también aspectos socioeconómicos importantes para la resolución de los principales problemas que vivía el pueblo mexicano.

Sin embargo, Carranza desconoció a la Convención y nuevamente el país se vio inmerso en una lucha civil. El Primer jefe trasladó los poderes al estado de Veracruz, en tanto las tropas constitucionales, encabezadas por Álvaro Obregón y Pablo González, combatían a las divisiones convencionalistas dirigidas por Francisco Villa y Felipe Ángeles, que mantenían ocupada la ciudad de México. En abril de 1916, Carranza volvió a controlar definitivamente la situación militar y política en el que se diera cauce legal a las demandas sociales, económicas y políticas surgidas del movimiento revolucionario y que, a su vez, estableciera las bases necesarias para la elección presidencial.

El Congreso tendría el carácter de constituyente, en tanto que se responsabilizaría de implementar reformas urgentes a la Constitución de 1857.

Los comicios para elegir diputados al Congreso se llevaron a efecto el 22 de octubre de 1916; el 1° de diciembre se iniciaron los trabajos camerales en el Teatro Iturbide, hoy teatro de la República de la ciudad de Querétaro.

Corrido del Constituyente

Ya Venustiano Carranza	Ándale chata y nos vamos
tiene su Constituyente	ponte tus naguas de lana
pa’enderezarle las leyes	para que veas esa alquería
que les va a dar a la gente.	de la siudá queretana.

Ándale chata y nos vamos	El diputado Mogica
ponte tus choclos morados;	les grita tantas razones
vamos al tiatro “Iturbide”	que más mejor que Mogica
verás a los diputados.	debiera ser Mogicones.

A veces un herradero	Y aquí se acaban cantando
lo güelven con sus locuras,	estos versos tan corrientes
porque en el Constituyente	¡que viva don Venustiano!
no falta las herraduras.	¡vivan los constituyentes!

Alfonso Cravioto

CAPÍTULO III.

1. El Congreso Constituyente.

La finalidad de este trabajo es ofrecer al lector un panorama histórico general que le permita conocer el desarrollo político y social de México, a través de sus constituciones y de los procesos legislativos de donde surgieron.

El presente abarca desde la Constitución de 1824 a la de 1857, incluye el Plan de Tuxtepec, firmado en enero de 1876 y que está considerado como el antecedente político del Porfiriato, hasta la Constitución de 19